En sólo una semana, el mismo dilema que angustió al Gobierno nacional por el Presupuesto perdido, azotó también a la oposición. La cooperativa de diputados de Juntos por el Cambio forzó una sesión especial para impedir un aumento de impuestos. Pero no tenía los votos propios necesarios para conseguirlo. ¿Esa derrota parlamentaria fue causada por impericia para manejar la desunión interna o por un acuerdo inconfesable con el Gobierno?
Ninguna de las dos alternativas es grata para los dirigentes de Juntos por el Cambio, aunque la segunda zahiere peor. La identidad política de dos de los tres votos que se le cayeron despertó suspicacias sobre un sector de la oposición: aquel que se referencia en el acuerdo vigente entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau tras el balotaje porteño que los enfrentó en 2015.
Si se tira de la cuerda hasta llegar a los beneficiarios indirectos de la derrota parlamentaria por el impuesto a los Bienes Personales, aparecerán también los gobernadores opositores. Cobrarán la coparticipación de ese gravamen. A la cabeza, el flamante titular del radicalismo nacional, Gerardo Morales. Que para acceder a la conducción de su partido limó sus vidriosas asperezas con Lousteau.
Aún si las sospechas de un acuerdo subterráneo con el oficialismo fuesen infundadas, quedó en evidencia la fragilidad de la articulación opositora. Una decena de bloques en el Congreso refleja menos la diversidad interna que una dispersión de intereses que hará difícil su operatividad para plantarse como una alternativa creíble frente a un oficialismo debilitado.
El Gobierno celebró su triunfo en el Congreso con una sensación agónica de alivio. Torpeza o conspiración. Con una aceleración imprevista, el mismo dilema que se planteó sobre Máximo Kirchner estaba -siete días después, igual e intacto- sobre la mesa de operaciones de la oposición.
Si bien se mira, el festejo kirchnerista se fundó en una evidencia: la realidad igualó para abajo. De modo que aquellos que se molestan con los analistas que describen un país que viaja a los tumbos en medio de una crisis sin horizonte deberían revisar su enojo. Que el Gobierno y sus adversarios estén encerrados en distintas formas del mismo dilema habla de las dificultades de gobernabilidad para enfrentar la crisis.
El Gobierno es un conductor alienado que sueña con mayor hegemonía a medida que más decrece en votos; la oposición, que creció en votos, no puede ponerlos en la mínima armonía operativa para plantarse como una alternativa viable para el acceso al poder.
Basta con observar aquello de lo que ambos hablan sin pudores y en público. El Frente de Todos, sobre la reelección ilusoria de Alberto Fernández y los problemas heredados del gobierno de Macri cuya solución ayer nomás decía conocer a la perfección. Juntos por el Cambio ganó dos elecciones este año objetando el rumbo del Gobierno frente a la crisis presente. Tras el triunfo sólo lanzó su campaña para las primarias presidenciales futuras.
El debate sobre el acuerdo con el FMI refleja esa doble fragilidad del sistema político. El oficialismo y la oposición aluden a esas tratativas como si de las oficinas del Fondo dependiera laudar sobre los desacuerdos propios. Cuando en realidad correspondería llegar allí con el consenso mínimo de un programa económico que la política le debe prioritariamente a los argentinos.
Esa confusión se percibió con claridad tras el informe del FMI sobre lo ocurrido con los préstamos otorgados durante la gestión Macri. Alberto Fernández salió a amplificar las críticas del Fondo a algunas de las políticas que el macrismo no ejecutó. Medidas de ajuste que los técnicos del FMI recomendaban y no se aplicaron. El exministro Nicolás Dujovne y otros referentes opositores reivindicaron lo actuado por Macri y subrayaron que los dos primeros años del Gobierno actual se beneficiaron con el equilibrio operativo que les dejó la gestión anterior.
Fueron dos elogios: el de Fernández a la autopsia del Fondo y el del macrismo a las políticas que en su momento aplicó para acordar con el Fondo. Todos los panegíricos tienen diluida una infusión de amapola, decía Jonathan Swift.
Hay allí un par de ilusiones. El kirchnerismo pretende acordar con el Fondo con dos condiciones de cumplimiento imposible: que no haya ajuste hasta 2023 y que todo el costo político lo pague la oposición. Juntos por el Cambio pretende que el Gobierno acuerde con el Fondo y aplique cuanto antes un ajuste ineludible, pero no pagar el costo político por haber contraído la monumental deuda en cuestión. El equilibrio operativo que le dejó al actual Gobierno fue fiscal, pero no financiero.
Hay también un par de coincidencias. Con Dujovne a la cabeza, la oposición recuerda que los préstamos con el FMI fueron solicitados en un contexto de excepcionalidad, marcado a fuego por una sequía inesperada que estragó el ingreso de divisas, una suba de tasas en los mercados a nivel global y un déficit fiscal heredado inmanejable.
Con Cristina Kirchner a la cabeza, el oficialismo también exhibe sus propias emergencias. La más nítida y evidente: una pandemia mundial que paralizó la producción y el comercio en el mundo. Aunque disparó el precio de los alimentos que el país exporta y bajó las tasas de interés globales a cero.
