Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados de la Provincia la Ley de Presupuesto para el ejercicio del año 2022, la Ley de Avalúo y la Ley Impositiva.
Entre acusaciones cruzadas, el PJ votó en contra y la UCR con sus aliados votó a favor, resultando por consiguiente las leyes aprobadas.
El Presupuesto acompañado de las leyes que dan recursos al Estado es la ley de leyes, por tratarse de un plan de gobierno cuantificado. Es el instrumento donde las políticas de Estado se hacen visibles.
La maratón de aprobaciones mencionadas implican una anomalía temporal ya que la doctrina y las costumbres legislativas indican, desde siempre, que las tres leyes citadas se estudian y se aprueban en distintas sesiones siendo su correcta secuencia temporal: Ley de avalúo, Ley impositiva, Ley de presupuesto.
Pero eso no es todo. Hace tiempo venimos cuestionando la falta o lentitud en la publicación de centenares de decretos gubernamentales, que son en sí mismos el fiel reflejo de la ejecución del Presupuesto.
Mal se puede discutir el Presupuesto del año próximo si se oculta cómo se ejecuta el actual.
Revisando los Boletines Oficiales encontramos que el gobierno pagó una cena de fin de año a empresarios del carril Rodríguez Peña, que concentra a la mayoría de las empresas más importantes de Mendoza. Detalles apenas, si no fuera porque creemos firmemente en que el poder se manifiesta en la ejecución del Presupuesto…
También nos enteramos de designaciones de asesores con sueldos fuera de escala, sin concurso, ni antecedentes, ni funciones específicas; o cargos ridículos como un “coordinador de choferes” del gobernador.
Nos enteramos de designaciones en Direcciones de Gobierno, el cargo más alto en la jerarquía de agentes públicos estables, también sin concurso ni antecedentes, con la curiosidad de que directores de la gestión anterior quedaron como asesores en la gestión actual. Designaciones masculinas en su mayoría, por lo que a la duplicación de cargos, se suma una notable violación a la equidad de género.
Con las elecciones a un paso, ha comenzado una frenética carrera para ponerse al día y suplir las ausencias por nosotros señaladas en el Boletín Oficial, que ha dado como resultado la publicación de decretos en forma anárquica, aprobaciones de licencias, cambios de funciones, viajes, aceptaciones de renuncias de funcionarios cuyos decretos de designación jamás fueron publicados, nuevas designaciones, cambios de recursos en fideicomisos, etc.
Un auténtico caos.
Al 4 de agosto pasado, el ministro Ibáñez había violado reiteradamente la ley que respalda explícitamente uno de los principios de la democracia republicana como lo es la publicidad de los actos de gobierno. Sin transparencia, es imposible auditar presupuestos.
La Ley 6.335 (B.O. 17/11/95) expresa: Art. 1: “Los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a su dictado”. La ley dice “deberá”. O sea que no es facultativo del Poder Ejecutivo, sino que es su obligación.
No hay excusa posible. La ley es clarísima al respecto.
Pero, además, esas violaciones a la ley no permiten una buena discusión de fondo sobre la Ley de Presupuesto. El Boca-River pasa por alto esto.
El ministro de Gobierno Ibáñez le está haciendo cometer muchos errores al gobernador...
*El autor de la columna es Gustavo Gutiérrez, actual candidato a diputado nacional por el frente Vamos Mendocinos, exdiputado nacional y referente de la Coalición Cívica en Mendoza.
