Un vendedor de biblias le dice a Borges: el número de páginas de este libro que le ofrezco es infinito. Ninguna es la primera; ninguna es la última. Borges toma el libro, innumerable como la arena. Hojea el principio, revisa el final. Lo intenta de nuevo y todo ha cambiado. Compra el libro y lo atesora en su biblioteca. Descubre luego que el vendedor quería desprenderse de una pesadilla. La misma que lo ha capturado a él.
Poco se sabe del informe final presentado por la comisión de juristas de Alberto Fernández, bautizada con una obviedad: el nombre del abogado personal de Cristina Kirchner. Se sabe que la comisión Beraldi terminó su tarea y entregó sus conclusiones escritas al Presidente de la Nación.
Sólo trascendió un sumario del texto anunciado, de 700 páginas. Uno de sus redactores, Andrés Gil Domínguez, adelantó que los asesores decidieron convalidar el criterio que impulsa Cristina para que el Procurador General, jefe de los fiscales federales, sea designado con una mayoría que prescinde del diálogo con la oposición. Gil Domínguez intentó despegarse de esa decisión.
Unos 80 fiscales nacionales se pronunciaron en contra de esa embestida que el oficialismo consagrará esta semana en el Senado. Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández para la jefatura de los fiscales, reiteró que se opone a la devaluación jurídica de la Procuración General.
Como el informe Beraldi resultó hasta ahora solo oportuno y funcional a una nueva avanzada contra el Ministerio Público Fiscal, su difusión más que parcial y diferida ya generó en el Poder Judicial una marea de suspicacias. Por ahora es un libro de arena, de incierta transformación.
No es nueva en el Gobierno la metodología de la improvisación elevada al infinito. La reforma judicial era un plan que elaboraba en enero el asesor Gustavo Béliz. Luego se transformó en un proyecto que Cristina devaluó en público. Presentado en un acto oficial en el que Béliz habría estado presente, pero imperceptible. Detrás de una columna en el Salón Blanco, metáfora florentina.
La reforma de Cristina avanza por otra autopista. En ese contexto fáctico se inscriben las prevenciones sobre el informe Beraldi. Y lo que haga el Gobierno con ese libreto elástico para la seguridad jurídica conecta con otra de sus aflicciones más profundas: la evolución de la economía según las negociaciones con el FMI.
El ministro Martín Guzmán envió un mensaje a los socios del Fondo. Antes de la reunión del G-20, elogió al FMI y le bajó el precio a los “enojos” con el programa que asistió al gobierno de Macri. Aseguró que Argentina respetará las reglas de la arquitectura financiera internacional.
La sanción de un nuevo gravamen contra la producción -que Máximo Kirchner pintarrajeó como un impuesto a la riqueza- camina en contra de esas declamaciones. Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial, debe estar recordando la disertación sobre plusvalía con la cual se presentó el hijo de Kirchner ante el empresariado, en los albores del actual Gobierno. El nuevo impuesto a la riqueza tributará sobre todo un capital simbólico. Una mascarada de justicia distributiva para narrar el ajuste que Guzmán necesita ofrecer al FMI. Y un antecedente oneroso para la seguridad jurídica de cualquier inversión.
Georgieva también le habló al G-20. Ponderó el avance de las vacunas contra el coronavirus pero admitió que la recuperación económica puede demorarse más. Proyecta una contracción histórica del PIB mundial del 4,4% este año. Y una recuperación parcial y desigual el próximo, con un crecimiento del 5,2.
Georgieva prendió una alarma adicional. A nivel global, las políticas fiscales se están retirando de las líneas de apoyo que caracterizaron la emergencia. “Las transferencias de efectivo a los hogares, el apoyo a la retención de empleo y las prestaciones por desempleo aumentadas, han expirado o se prevé que expirarán a finales de este año”.
¿Con qué argumentos esquivará Guzmán un ajuste al momento de solicitar facilidades extendidas al board del Fondo? Los socios están, ellos mismos, haciendo ese sacrificio político que advierte Georgieva.
Otra alerta del FMI: la sustentabilidad fiscal. La deuda pública mundial récord es uno de los legados clave de la crisis. “Las condiciones de financiación se suavizaron para todos, excepto para los prestatarios más riesgosos”, Kristalina dixit.
Argentina entró a ese baile con la tarjeta en rojo y sin acceso al crédito. La iniciativa del G-20 para la suspensión temporaria de servicios de deuda (DSSI, su sigla en inglés) fue para un listado estricto de países liderado por Angola y Mozambique.
Tan hostil es el escenario que Guzmán no tiene otro margen que hacer el ajuste. Y el puente hacia el eventual acuerdo con el Fondo ya incluye un regreso al endeudamiento.
Estimaciones preliminares basadas en los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que antes de cumplir un año, el gobierno de Cristina y Alberto Fernández aumentó la deuda pública en unos 19.800 millones de dólares.
Un porcentaje cercano al 45% del monto neto del préstamo del FMI que recibió el gobierno de Macri.
