El gobierno de Rodolfo Suárez sufrió ayer la mayor derrota política, después de aquella marcha atrás con la minería en 2019, por su enorme impacto simbólico: el ítem Aula dejó de tener el efecto que tuvo desde 2016.
El adicional creado durante la gestión de Alfredo Cornejo se convirtió en uno de los pilares del relato del oficialismo, incluso fuera de la provincia. Fue presentado como la mejor herramienta para asegurar el dictado normal de clases, más allá del descontento salarial que existiera.
Pero los docentes, por lo ocurrido en las calles y en las escuelas, dieron muestras de que perdieron el miedo a los descuentos. El enojo contenido durante los últimos años esta vez pudo más que el dinero.
Hay una razón generada por el propio Gobierno para que eso haya ocurrido: el pago de adicionales que no impactan en el ítem Aula termina reduciendo su peso en el salario de bolsillo. La otra es que, como interpretan en el gremio, por el efecto de la inflación que carcome los sueldos de todos, el monto que representa dejó de ser un argumento para no parar.
“El que cobra 4.500 pesos por el ítem sabe que con esa plata ni siquiera llena el tanque de nafta y entonces le importa menos perderlo”, analizan.
El Gobierno sintió el impacto y buscó minimizar el alcance de la protesta. Si el acatamiento hubiese sido del 32% como se informó oficialmente, eso implicaría que todos los que pararon estuvieron en la marcha. Y se sabe: la mayoría de los que adhieren no participan de las movilizaciones.
Para corroborar que el porcentaje real se acerca más al dato que dio el gremio basta con consultar a los padres de alumnos: esta vez se sumaron docentes que nunca lo hicieron antes.
La huelga de ayer y hoy no sólo condiciona la negociación salarial que se retomará mañana. También marcará un precedente para los próximos años.
