Hacia abril de este año, escribí en alguna nota que “el mercado no es un lugar donde se encuentran libremente todas las partes y acuerdan, sino que es un lugar al que llegan sólo las partes con poder real sobre la economía, y negocian acuerdos por sobre las necesidades de la ciudadanía”.
Pasados casi seis meses de aquellos pensamientos, no puedo más que identificar la continuidad y profundización de uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía: el sobreendeudamiento. Flagelo de los consumidores desde principios del Siglo XXI, auspiciado por quienes ostentan el poder sobre la economía nacional, y las economías familiares.
En Argentina, el principal grupo endeudado es el de los empleados públicos; en un trabajo realizado en Mendoza, el 70% de los procesos de quiebra fueron empezados por ellos, el 28% por empleados privados y el 2% por jubilados.
¿Por qué se apunta a ellos? Porque no ganan lo suficiente para subsistir en muchos casos, y porque se les puede descontar directo del sueldo sin problema. Lo que, paradójicamente, implica que los acreedores no corren ningún riesgo de cobro pero, sin embargo, son estos trabajadores los que pagan las tasas más altas de todo el mercado. En este caso, no sería raro encontrarnos, por ejemplo, con tasas del 150% o más, incluso con casos de refinanciaciones de pasivos en donde se pueden detectar tasas que superan el 300% o el 1000% anual.
El contexto económico actual no puede sino remitirnos directamente a esta problemática. La parálisis industrial y de las pequeñas y medianas empresas, así como de comercios de diferentes rubros, ha afectado profundamente los ingresos de familias y empresas - cuando no ha sido nulo-, y eso impone la necesidad de tomar créditos para costear lo más vital.
La situación se agudiza, si tomamos en cuenta que en muchos casos, los trabajadores se ven privados de sus ingresos sin límite alguno (a veces casi el 100% de su sueldo) debido a los descuentos directos, los embargos y los débitos automáticos. En nuestro país, aun estos casos en los que hay un riesgo cierto de subsistencia y se ingresó en un camino de endeudamiento del que no se puede salir, no hay ninguna posibilidad de roll over familiar, ni de negociar la situación (como sí hacen las empresas constantemente, o el propio Estado).
Es menester de los poderes del Estado “transparentar las opciones en el mercado para que, quien necesite financiación, tenga acceso a la mejor tasa y no, a las tasas usurarias que muchas veces se ofrecen. Tenemos que frenar los abusos que se dan, y que hacen que los que más necesitan y menos tienen, paguen muchísimo más caro el financiamiento” (Mis bases para una Mendoza de pie. Pag.72)
Aquí se trata de eliminar trampas y prejuicios. Quienes se endeudan no lo hacen por capricho, no pretenden acceder a bienes “permitibles” sólo para algunos estratos sociales, o porque son irresponsables. En la inmensa mayoría de los casos, los gastos que realizan son de subsistencia situación que junto a una falta total de educación del consumidor y un incentivo a endeudarse, termina en un sobreendeudamiento constante y muchas veces inescapable.
Por eso es imperioso contar con nuevos espacios y leyes que aseguren la responsabilidad compartida en casos de sobreendeudamiento (no solo el consumidor, también del acreedor y el Estado), así como la necesidad de rehabilitación económica y financiera. Comparando empresas y personas, las segundas no cierran, no pueden presentar quiebra, necesitan poder seguir viviendo con las garantías de poder lograr a una vida digna para su núcleo familiar.
La inacción actual en el tema, repercute directamente en la continuidad y profundización de este conflicto y la sociedad toda necesita avanzar no solo en bajar los costos y gastos, si no en permitir a los que están atrapados en situaciones de casi esclavitud (por trabajar sin cobrar un sueldo), puedan restituirse al circuito económico.
No hay trabajo sencillo, no hay soluciones inmediatas, pero sí hay acciones claras que deben empezarse, como iniciar y potenciar la Educación para el consumo. Cada ciudadano/a debe conocer el sistema financiero, aprender a elegir y conocer sus derechos. La prevención es una herramienta fundamental, se deben sanear los préstamos mal otorgados y que incumplen la ley, registrar los operadores, conocer las tasas y condiciones, así como prácticas comerciales.
Se debe cumplir con la Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores que establece la entrega de información de manera clara y veraz, y sin duda debemos asistir a la resolución de estos conflictos con mecanismos judiciales y administrativos especiales, rápidos y gratuitos. Un consumidor sobreendeudado, no puede ver impedido el acceso a la justicia, justamente, por falta de fondos para concurrir a un abogado, el rol del Estado y de las oficinas de protección a los consumidores aquí, es central y hay multitud de ejemplos exitosos a nivel mundial en este sentido.
El sobreendeudamiento apura y apena a sectores laborales importantes de nuestra industria nacional. La situación pandémica y sus implicancias económicas nos deben llevar a todos hacia el mismo puerto: el de construir los ejes y estrategias que compongan el tejido social con base en la reconstrucción de la economía familiar.
