La Corte Suprema de la Nación probablemente le haya dado a Rodolfo Suárez un triunfo aparte, al margen de la evaluación que la gente haga hoy en las urnas de su gestión.
Con su postulación como precandidato suplente a senador nacional, el Gobernador ensayó una pulseada que lo vincula con un asunto pendiente de su gobierno que parecía haber entrado en una vía muerta: la reforma de la Constitución provincial.
Conocido el fallo unánime de los cinco miembros de la Corte a favor de su precandidatura y rechazando la impugnación del frente electoral Vamos Mendocinos, Suárez no demoró en celebrar lo que constituyó para él un gran alivio. La decisión del máximo tribunal tira abajo la condición de testimonial que se la adjudicaba desde la oposición a su postulación.
Suárez tuvo una cuota de razón cuando negó que esa fuese (la de ser testimonial) su intención, porque no se anotaba para un cargo legislativo al que tuviese que renunciar una vez electo para seguir siendo Gobernador. Es correcta su apreciación. Salvo que por alguna circunstancia ajena a su voluntad, Cornejo dejase su banca de senador nacional (dando por seguro que será electo en noviembre) antes que Suárez cumpla su período al frente de la Provincia. Interpretaciones leguleyas que nunca faltan.
Lo que determina la Corte Suprema con su resolución es que Suárez puede ser senador nacional sin necesidad de esperar un año luego de dejar su cargo de gobernador si Cornejo tuviese otro destino político, tanto nacional como provincial, a partir del 10 de diciembre de 2023. Por lo tanto, la cláusula constitucional provincial en desuso, tal el argumento de la defensa ejercida desde Cambia Mendoza, fue virtualmente borrada. El precepto de que para ser senador nacional se deben observar sólo los requerimientos que fija la Constitución nacional, argumentación que utilizó el ministro Ibáñez y a la que la Corte le dio la razón, difícilmente pueda ser rebatido en posibles planteos judiciales futuros.
Lo que corresponde analizar de ahora en más es el real destino que tendrá el proyecto reformista del gobierno de Suárez tras el fallo de la máxima instancia judicial de nuestro país. “Nos dan un mensaje: esta Constitución (por la de Mendoza) puede ser reformada. No hemos podido tener los acuerdos para ello”, decía Suárez movido por su entusiasmo. Y dijo estar seguro de que “más del 90 por ciento de los mendocinos” está de acuerdo con que hay que modernizarla, “con menos legisladores, sin elección de medio término y con equilibrio fiscal a cumplir por todos los gobiernos”.
Sin embargo, la ambiciosa propuesta de Suárez y su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, duerme en la Legislatura. De dicha quietud el oficialismo parlamentario responsabilizó a la oposición, aunque algunas voces de ésta prefieren incluir en el poco afán reformista a algunos legisladores del oficialismo no muy convencidos de la cruzada emprendida por el Ejecutivo. No obstante, en el justicialismo consideran que sí es viable modernizar aspectos del contenido constitucional, pero atribuyen la inercia legislativa en el tema, más que nada, a la mutua desconfianza entre el radicalismo y la principal oposición.
Justamente, la posibilidad de suprimir el tradicional mecanismo de revisión de las leyes que impera con el sistema bicameral y de convertir a la Legislatura en un poder al servicio del Gobierno de turno, con una sola elección parlamentaria cada cuatro años, es lo que más “ruido” hace, incluso, puertas adentro del propio radicalismo. La mayoría de los demás asuntos que prevé la propuesta no encuentra reparos en general.
En cambio, para el conglomerado electoral que impugnó la precandidatura de Suárez, con su resolución la Corte nacional firmó “el acta de defunción del federalismo y las autonomías provinciales”, según los dichos de uno de sus principales referentes y precandidato a legislador provincial, Hugo Laricchia.
Probablemente, la apreciación del dirigente del sector demandante sea exagerada, pero sí se puede considerar potable su sospecha de que haya existido la intención de no agitar las aguas de la política por parte de los miembros de la Corte, teniendo en cuenta que los gobernadores kirchneristas de Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero ensayan en estas primarias estrategias electorales similares a la que llevó a cabo con éxito Suárez.
Las PASO de mitad de mandato comienzan a plebiscitar la labor de quien está a cargo del Ejecutivo; en la elección general, y definitoria, del 14 de noviembre se conocerá el veredicto popular definitivo. En ese marco, y como ya hemos dicho muchas veces, el Gobernador pone a consideración de los mendocinos la calidad de su gestión a través del voto que reciban quienes se postulan para la Legislatura por el oficialismo.
Por eso esta interpretación de una cláusula constitucional que no corresponde aplicar desde que la Constitución nacional fue reformada en 1994 termina siendo para el Gobernador una satisfacción al margen de la contienda electoral propiamente dicha. Al menos, le sirve para seguir sosteniendo que decidió anotarse como suplente “para acompañar a estos excelentes representantes de Mendoza”, en alusión a Cobos, Cornejo y otros.
Y, de paso, pudiendo estar anotado en una lista al menos como suplente, para poder mostrarse en la campaña promocionando lo que la pandemia le permitió hacer hasta ahora.
