En la última década, se redujo el empleo formal en el país. Múltiples factores pueden explicar el fenómeno. Pero la realidad es que ante ese cuadro hay millones de argentinos que, para asegurarse la supervivencia presente, se resignaron al empleo informal o al cuentapropismo, sin beneficios sociales en casi todos los casos.
Ello representa, a su vez, una amenaza futura: si el Estado no aceptara condonarles que no hayan realizado aportes al sistema, no contarán con una jubilación. ¿Cómo se asegurarán un ingreso, entonces?
Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, le ha puesto números al problema. Argentina cuenta hoy con 17 millones y medio de trabajadores, más un millón y medio de desocupados. Casi la mitad de quienes trabajan (el 48%) son asalariados privados. Pero sólo dos tercios de ellos están en blanco. El empleo informal creció un 10% en los últimos 9 años, mientras el formal se redujo cerca de 3% en el mismo período. Hoy, casi tres millones de trabajadores están en la informalidad: sin aportes ni beneficios sociales. Entonces, tanto quien se incorpora al mercado laboral por primera vez como quien pierde un empleo formal y logra esquivar el desempleo aceptan trabajar en negro.
Más allá de patrones, dependientes del sector público, personal doméstico y quienes perciben planes sociales, están los cuentapropistas, que hoy son casi cuatro millones pero en 2012 eran apenas tres millones. O sea, aumentaron casi un 33%.
El análisis de Idesa no autoriza a pensar en gente que trabaja con independencia, sin jefaturas ni horarios. Porque de esa franja, 80% tiene poca calificación, bajos ingresos y está sin cobertura social: es, mayoritariamente, un cuentapropismo que elude la estadística del desempleo pero queda atrapado en las cifras de pobreza.
Si sumamos personal desempleado y con empleo privado informal, el porcentaje del cuentapropismo con problemas y los planes sociales, advertiremos que unos ocho millones de personas no cuentan con un trabajo regular ni con aportes sociales.
Las preguntas para el corto y el mediano plazo son, por un lado, qué plan se necesita para que la economía argentina pueda crear semejante cantidad de puestos de trabajo en un período razonable, y por el otro, qué políticas de formación y reconversión laboral son necesarias para que esa masa de trabajadores pueda adaptarse a los puestos por crear. La pregunta para el largo plazo remite al sistema previsional. Una parte considerable de esos ocho millones de argentinos llegará, de todos modos, a la edad jubilatoria sin los aportes en regla. ¿Qué hará entonces el Estado?
La conclusión cae por su propio peso: Argentina necesita fuertes discusiones y profundos acuerdos para enfrentar la dura realidad social y económica presente. Cuanto más se demore nuestra dirigencia en comprenderlo, más difícil será revertir este dramático escenario.
