El jueves 27 de septiembre participamos del evento académico denominado “Tradición, Innovación, y Disrupción: Reimaginando la Educación Superior en el Siglo XXI”, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Cuyo en el marco de la III Cumbre del Grupo de Cartagena.
El solo hecho de pensar en el nombre “cumbre” ya nos anticipaba un evento de gran magnitud, algo que se reforzaba al leer el programa y los nombres de las personas que estarían a cargo de los diferentes paneles. Un prometedor encuentro que en épocas donde los desafíos de la educación pública universitaria se encuentran en vilo en la argentina, generaba la expectativa, sobre todo frente a la posibilidad de poder oír, hablar y debatir sobre el principal conflicto que estamos atravesando y que ha convocado a una marcha masiva el 2 de octubre, el (¿des?) financiamiento de la universidad pública.
La convocatoria tuvo lugar a las 8:30 horas en el CICUNC, un espacio “circular” que invita a fluir las ideas y que, al menos desde la disposición oval de sus sillas, sugiere un formato diferente al de la educación tradicional. A la hora convocada llegamos con un grupo de docentes, investigadores y gestores en distintos ámbitos, motivados por el interés de asistir a este encuentro. La antesala se extendió por una hora, tiempo valioso que supimos aprovechar para intercambiar opiniones sobre varios temas relacionados con la educación superior.
Una vez iniciado el encuentro, comenzó la disertación del reconocido sociólogo Joaquín José Brunner. En pocos minutos, sin divagar, brindó lo que al cierre se confirmaría como el panel más sólido y profundo del evento; siendo el único que con claridad visibilizó un elefante en la educación superior. Brunner tuvo la diplomacia necesaria para abordar el problema del financiamiento en el sistema universitario, subrayando la importancia de diversificar las fuentes de fondos y dejar atrás la estructura rígida de la educación basada en el modelo napoleónico.
Además, Brunner enfatizó que la inversión del Estado debe priorizarse de manera estratégica, utilizando indicadores como los quintiles de inversión educativa, un concepto que se refiere a dividir a la población en cinco grupos según sus ingresos o condiciones socioeconómicas. También sugirió que el Estado debe priorizar la inversión educativa destinando mayores recursos a los sectores más vulnerables (los quintiles más bajos) para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Este enfoque permitiría una distribución más equitativa del presupuesto, ya que el sistema actual tiende a invertir de manera homogénea, sin considerar las desigualdades profundas entre los distintos sectores sociales. Además, remarcó que no solo es importante considerar estos quintiles, sino también identificar los niveles educativos más críticos donde la inversión tendría un mayor impacto, como la educación inicial o los tradicionales problemas de estudiantes de primaria y secundaria que no cuentan con las competencias básicas de comprensión para llegar al sistema universitario y adaptarse a él.
A partir de allí, el resto de paneles, o más bien, simposios, darían lugar a una serie de desafíos que tiene para afrontar la educación superior en América Latina. Algunos de estos desafíos rondaban en:
- La fragmentación y falta de comunicación entre departamentos y profesores dificulta la coherencia curricular y la colaboración interdisciplinaria, creando barreras para una experiencia educativa integral y coordinada.
- La rigidez de los planes actuales impide la adopción de enfoques interdisciplinarios, lo que a su vez limita la capacidad de los estudiantes para desarrollar competencias transdisciplinarias centradas en la resolución de problemas complejos, necesarios en un mundo cada vez más conectado.
- La IA ofrece un gran potencial para transformar la enseñanza, pero su integración enfrenta resistencia debido a la falta de formación docente, preocupaciones éticas y la necesidad de adaptar los planes de estudio para aprovechar sus beneficios sin perder el enfoque en el aprendizaje espiralado y vinculado a sus conocimientos previos, aunque provengan de espacios informales.
- Las generaciones actuales de estudiantes tienen expectativas, habilidades y formas de aprendizaje diferentes a las de generaciones anteriores. La universidad necesita adaptarse a su familiaridad con la tecnología, su enfoque en la inmediatez y su preferencia por el aprendizaje situado y flexible.
- En un contexto donde el trabajo colaborativo y el teletrabajo es cada vez más común, las universidades aún no han incorporado suficientemente el desarrollo de estas habilidades dentro de sus planes de estudio, lo que limita la preparación de los estudiantes para el mercado laboral actual.
- Los estudiantes llegan a la universidad con formaciones académicas desiguales, lo que crea dificultades para los docentes al intentar nivelar las clases y abordar los contenidos con un punto de partida común.
- Los planes de estudio tradicionales se han vuelto obsoletos en muchos casos, debido a su falta de flexibilidad para adaptarse a las demandas actuales del mundo laboral y la innovación educativa. Esta rigidez impide actualizar los contenidos y métodos de enseñanza.
- La imposibilidad de reconocer microcredenciales como potenciador de la movilidad estudiantil.
- Existe una creciente discusión sobre la conveniencia de reducir la duración de las carreras, permitiendo a los estudiantes egresar más rápido y entrar al mercado laboral, pero esto también plantea preocupaciones sobre la posible pérdida de profundidad académica y calidad educativa. Un punto con el que no estoy de acuerdo si los saberes y habilidades prioritarios se seleccionan con rigurosidad y pertinencia.
Un párrafo aparte merece el tema de movilidad y microcredenciales. En el contexto latinoamericano, las titulaciones enfrentan un desafío adicional en comparación con Europa, que avanzó significativamente con el Proceso de Bolonia hacia la estandarización y compatibilidad de sus sistemas educativos. En América Latina, persiste una marcada disparidad en la calidad, duración y reconocimiento de los títulos de pregrado, grado y posgrado, lo que obstaculiza la internacionalización de la educación superior.
La movilidad estudiantil también se ve afectada por la falta de reconocimiento de créditos o tramos formativos completados en otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, lo que limita la flexibilidad en las trayectorias académicas y desaprovecha el potencial de las microcredenciales. Aunque ya existe una normativa para comenzar a implementar un Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) que contabiliza mucho más que las horas en el aula, este sigue siendo un desafío. Adoptar dicho sistema implicaría un cambio profundo en la estructura educativa, permitiendo una mayor personalización en las trayectorias formativas, facilitando la movilidad y el reconocimiento de aprendizajes previos. Para lograrlo, las instituciones deben comenzar a validar el conocimiento impartido por sus pares, tanto a nivel nacional como internacional, algo que el status quo parece impedir.
Estos fueron algunos de los temas que se abordaron en el encuentro. Sin embargo, no se mencionó de forma concreta lo que se está haciendo bien ni lo que requiere una revisión urgente en las universidades. Por supuesto, sí se mencionó superficialmente uno de los grandes problemas del sistema interuniversitario nacional: la baja tasa de graduación. Además, durante las intervenciones del público, se abordó cómo el gobierno libertario-liberal de Argentina mide la eficiencia de las universidades públicas en función de la cantidad de graduados, una medición que muchos consideran errónea por la forma en que se manejan los datos. Este debate puso de manifiesto un tema incómodo: el silencio cómodo que la comunidad académica a menudo prefiere mantener para evitar cuestionamientos. No digo que todos los paneles fueron iguales, pero sí que se caracterizaron por este silencio frente a ideas innovadoras de cómo buscar alternativas frente a la necesidad de financiamiento de la educación superior.
Siempre hay un elefante en la sala del que nadie se atreve a hablar. En este caso, repensar los mecanismos de financiamiento no implica estar en contra del sistema universitario nacional ni de la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, sino todo lo contrario. Pero como ciudadana, docente e investigadora considero que es imprescindible transparentar los criterios de gasto, mejorar la asignación de fondos, cerrar las estructuras que ya no funcionan y evaluar la relación entre graduados, docentes y el presupuesto invertido. En épocas de austeridad financiera, el camino más transitable parece ser aquel que prioriza hacia dónde se destinan los recursos. Sin embargo, sobre los problemas del financiamiento y sus posibles soluciones, no se esbozó mucho. Hubo un silencio inquietante sobre este tema, pese a la urgencia que representa.
Esto me lleva a preguntarme por qué no se habla de este elefante: ¿por qué los datos no están disponibles ni son lo suficientemente consistentes para realizar análisis precisos? Por ejemplo, se mencionó la falta de reconocimiento de tramos formativos desarrollados durante periodos de movilidad estudiantil y cómo aproximadamente un 30% de los planes de estudio podrían acortarse (totalmente lógico luego de ver cómo se redujeron en pandemia), según lo planteado por el Dr. Andrés Bernasconi; quien también sostuvo que la rigidez actual se debe, en parte, a que las universidades otorgan títulos habilitantes. Entonces, ¿no es hora de pensar cómo funcionan los modelos de otros países y abrir el diálogo sobre la habilitación profesional frente a otros organismos, como el Estado en profesiones reguladas por el artículo 43, y los colegios profesionales para el resto?
En torno al financiamiento, varios expositores coincidieron en que el problema no radica en los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar, sino en el hecho de que el sistema universitario acoge a muchos estudiantes que terminan abandonando sus carreras. Esto genera un retraso en la duración teórica, incluso muchos de esos estudiantes nunca se gradúan. Por eso es importante pensar en acortar carreras o evitar superposición de contenidos, por ejemplo, con el mecanismo que lleva adelante la UNCuyo a través del “sinceramiento curricular”. Si queremos posicionarnos como un país con políticas sociales equitativas, con ingreso irrestricto y acceso masivo, pero con una baja tasa de graduación, tal vez es momento de repensar hacia dónde queremos dirigirnos.
Nadie discutió tampoco cómo se podría “exigir” a los docentes el compromiso de actualizarse. ¿Cómo incentivar que tomen capacitaciones en inteligencia artificial, nuevas tecnologías, créditos, competencias o cualquier otro aspecto relevante? Todos asumen la importancia de contar con un claustro actualizado, pero nadie mencionó cómo impulsar el cambio y abandonar la tradición del modelo napoleónico que reseñó Brunner.
Una sugestiva intervención del panelista proveniente de la universidad Torcuato Di Tella, que expuso en uno de los simposios, planteó la posibilidad de repensar o al menos, permitir el diálogo sobre la opción de contener a las personas que “no se gradúan” en un sistema de formación por fuera de la universidad pública, por ejemplo, priorizando instituciones de educación superior (IES) que no ofrecen formación de grado y en la que pueden obtener la certificación en un menor tiempo.
Por último, si hablamos de financiamiento desde los aportes de todas las personas contribuyentes, no hay mayor justicia que optimizar cada peso invertido, para evitar el despropósito de realizar una cumbre con investigadores de gran trayectoria y reconocimiento que no encontraron suficiente público en sus exposiciones. La falta de un salón lleno, me llevó a preguntarme dónde estaban las personas que gestionan las distintas unidades académicas, los estudiantes de educación, los estudiantes de posgrados, las otras universidades de gestión privada, entre otros stakeholders.
Entonces, solo puedo cerrar con más interrogantes que reflexiones: ¿estamos dispuestos a sacrificar la equidad en el acceso para mejorar las tasas de graduación?, ¿por qué seguimos postergando debates sobre el financiamiento y la calidad educativa?, ¿estamos realmente midiendo la calidad de nuestras universidades en términos que reflejan el futuro que queremos construir?, ¿cuándo la universidad pública se autodetecta falencias o necesidades de cambio que reorienten el destino de los fondos públicos?, ¿es sostenible mantener un sistema de educación que prioriza el ingreso masivo a las universidades sin garantizar los recursos necesarios para retener y graduar a los estudiantes?, ¿qué estamos haciendo para traspasar la garantía de acceso a la educación superior y cumplir con el inciso a) del artículo 2 de la ley 24521, que no solo garantiza el acceso, sino también la permanencia y graduación?
El financiamiento es necesario para un país con altos índices de pobreza, pero también es necesario brindar con claridad y transparencia la suficiente información a la ciudadanía antes de exigirle que adopte un posicionamiento. De lo contrario, ¿cómo podemos justificar la inversión en un sistema que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si está funcionando con eficiencia?
* La autora es docente, investigadora y extensionista en la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua. Profesora y Licenciada en Seguridad Ciudadana. Máster en tecnología educativa y doctoranda en educación superior por la Universidad de Palermo. aalaniz@uda.edu.ar
