Hace unos días, se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, impuesto en 1972 por la Organización de Naciones Unidas, que este año tuvo el lema imaginativo y propositivo de “Reimagina, recupera, restaura. Es nuestro momento”. Desde esa perspectiva, la propuesta es cultivar árboles, reverdecer las ciudades, repoblar jardines con especies silvestres, limpiar ríos y costas, clasificar la basura. En una palabra, prevenir la catástrofe climática, detener la creciente espiral de contaminación y desechos, y frenar la pérdida de biodiversidad.
Instancias que, de más está decir, se acoplan a los requerimientos de Mendoza, provincia que registró, en el pasado mediato, incendios que han dañado la rica flora y fauna del piedemonte y de la región sur, sólo por citar un ejemplo de factor negativo.
La investigadora del Ianigla-Conicet, Guillermina Elías, escribía en Los Andes, que “la propuesta es construir un acuerdo social respetuoso, responsable y equilibrado en su abordaje de las distintas dimensiones que constituyen el medio ambiente”.
En orden a las urgencias, hay que terminar con la deforestación de la flora nativa, evitar que haya suelos desnudos en piedemonte (zona de contención de aluviones) e imponer políticas a largo plazo en materia de gestión ambiental, que superen a la administración de turno. Asimismo, sería muy útil desalentar la construcción sobre cauces de ríos secos (caso El Challao) e impedir el cambio del uso del suelo en ex zonas agrícolas y asegurar el cumplimiento de la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y de los planes provinciales y municipales de ordenamiento territorial.
Asimismo, es necesario que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de Educación Ambiental (ya sancionada), situación que propicia un proyecto de la diputada Tamara Salomón (UCR), por medio del cual solicita la vinculación a esa normativa federal.
La iniciativa es el resultado del trabajo coordinado con la Dirección General de Escuelas y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y tiene como objetivo que las nuevas generaciones generen acciones de responsabilidad con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La ley N° 27.621 (de Educación Ambiental) posibilitará incluir contenidos ambientales en todos los niveles educativos, que debería proyectarse en una sociedad crítica y con conciencia ambiental.
Al unir la estrategia educativa provincial con la legislación nacional, se avanzará en materia de educación ambiental. Mendoza ya tiene un gran avance en este aspecto, al contar con el Manual Provincial de Educación Ambiental, que abarca distintos temas coyunturales relacionados con el ambiente, biodiversidad, agua, suelo, energía y ordenamiento territorial.
En Argentina, las normas de educación nacional (26.206) y la general de ambiente (25.675) reconocen el derecho a la educación ambiental. Y la ya sancionada 27.621 otorga herramientas para una implementación articulada en todo el país del derecho a la educación ambiental porque, si bien muchas jurisdicciones han avanzado en su propia normativa y programas relativos a la materia, su desarrollo es desigual en el territorio.
La adhesión a esa norma en el medio local, permitirá incluir contenidos ambientales en todos los niveles educativos y un paulatino mejoramiento de las condiciones de vida.
