“…¿Porqué evitar el debate? ¿Hay algo oscuro e inexplicable? … U$S 590.000.000,00 es cosa seria…”
El 29 de diciembre de 2022, el Gobernador Suarez, publicó en el Boletín Oficial el Decreto 2502/22 que establece su decisión de emitir deuda pública por U$D 81.500.000 para pagar los vencimientos de deuda 2023.
El Decreto es inconstitucional debido a que la Constitución de la Provincia expresamente prohíbe la emisión pública sin autorización de la Legislatura de la Provincia, como le indicó el Fiscal de Estado al dictaminar sobre el carácter inconstitucional de este Decreto (Dictamen 1441/22).
Esta emisión de deuda sólo tiene por finalidad pagar los vencimientos de 2023, con la clara intención de tener más recursos en un año electoral, dejando un mayor endeudamiento a los futuros gobiernos de la Provincia.
Hoy nos encontramos frente a una profundización del atropello institucional por parte del actual Gobierno Radical-Pro de Mendoza.
Desde Protectora venimos planteando el enorme conflicto que genera la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia por parte de los oficialismos, para evitar los debates.
Porque tanto en la Nación, como aquí en la provincia, la utilización irrestricta de DNU, deja al vacío, y sin las potestades básicas que debería ostentar siempre el poder legislativo, en donde, una de las bases es consentir o no, las cuestiones inherentes a la deuda pública de la provincia.
Tomarla, no tomarla, pagarla, no pagarla, cómo pagarla y con qué pagarla…
El poder legislativo es una de las tres patas esenciales del Estado para su Gobierno y de nuestra Democracia; y tiene que poder funcionar sin trabas.
No se puede ser adalid de la Constitución, y consentir tan sueltamente que uno de los tres poderes del Estado funcione como una escribanía del Ejecutivo, tal y como sucede en Mendoza, o ni siquiera se lo tenga en cuenta para debatir la economía de la provincia.
El Decreto para emitir deuda a espalda de los Legisladores, es fruto de patraña.
En definitiva, es una medida utilizada en todos los casos en que el Gobierno de la provincia, quiere tomar una decisión de espaldas a nuestro pueblo.
Eso es, sin que pase a análisis y votación de la Legislatura, y por tanto sin que podamos todos ponerle freno al poderío ilimitado.
Nuestra casa de leyes debe recuperar las facultades que tiene constitucionalmente, y de una vez por todas se debe dejar de lado un sistema que parece legal, pero que no es legítimo, y que no sólo limita las funciones del poder legislativo de nuestra provincia si no que, además, lo remite a ser una escribanía del Ejecutivo provincial.
* El autor es diputado provincial.
