A mediados de octubre, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, dio a conocer públicamente una resolución por la que ese organismo deja de intervenir como acusador en todas las causas en las que era querellante.
La medida causó gran revuelo porque dejaba de actuar en cuatro causas contra funcionarios de la gestión de Carlos Menem (dos de las cuales lo involucraban personalmente) y 28 contra funcionarios del kirchnerismo (que incluían seis contra Cristina Fernández de Kirchner, tres contra Amado Boudou y causas contra Julio de Vido, José López, Aníbal Fernández, César Milani, Ricardo Jaime y Romina Picolotti).
La atención periodística estuvo concentrada en estas últimas, pero una lectura detenida de cada una de las causas dio lugar a una gran sorpresa, ya que está relacionada con esta provincia.
El 21 de octubre, La Nación publicó la lista y detalles de los 32 expedientes, y en el sexto lugar se ubica el Caso Greco, hecho que parece haber pasado desapercibido pero que reactualiza una serie de denuncias, presiones, fallos, apelaciones y hasta rechazo de estas por parte de la anterior gestión de la OA.
Demandas al Estado
Demás está recordar la expansión de ese grupo en Mendoza -liderado por los hermanos Héctor y José Greco, y el empresario Jorge Bassil- , ya que ha sido motivo de muchas notas y especulaciones. Baste recordar su caída en1980, cuando el gobierno de la dictadura los detiene en Buenos Aires, interviene el Banco de Los Andes y confisca 45 empresas del grupo.
Al regreso de la democracia, herederos y responsables del Grupo inician gestiones para la devolución de las empresas y solicitan fuerte indemnización por las pérdidas. Las gestiones transitan varias presidencias, ministros y fallos judiciales, y así se llega hasta octubre de 2007, durante la gestión de Felisa Miceli al frente del Ministerio de Economía de la Nación.
El pago “encubierto”
Al ser tratado el Presupuesto en el Congreso, los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, y luego el peronista Jorge Capitanich, denuncian que en el rubro “Pago a Proveedores” figura encubierto un pago de casi 600 millones de pesos al Grupo Greco como indemnización. Esto provoca una denuncia de irregularidades y se propicia la formación de una comisión investigadora.
Miceli, que había autorizado ese pago, cambia de actitud y denuncia a cuatro funcionarios de su ministerio, al tiempo que afirma que en realidad el Grupo Greco era deudor del Estado.
Cuatro procesados
El sitio “abogados.com.ar” da a conocer el 15 de agosto de 2008 el fallo del juez federal Sergio Torres, en que este procesa a los cuatros funcionarios, acusados de “haber cometido fraude contra el Estado, al impulsar un pago de 600 millones de pesos a un consorcio al que no se debía abonar esa suma”.
El procesamiento incluye a los ex abogados del Ministerio Osvaldo Sisles, Yolanda Eggink, Daniel García y Graciela Perna, y en los considerandos, “el juez demostró que no se le debe abonar ninguna suma a dicha compañía, sino que, por el contrario, el Estado resultaba acreedor de la misma”. Las penas que les corresponden por estos delitos pueden llegar a seis años de prisión.
La OA rechaza apelación
Condenados por la justicia en el 2015, los exfuncionarios entablan un recurso de apelación y es entonces cuando actúa la Oficina Anticorrupción.
En el sitio oficial “argentina.gob.ar” del 8 de noviembre de 2016, en el apartado correspondiente a la OA figura un texto con este título: “La Oficina Anticorrupción solicitó que rechacen los recursos de casación de cuatro funcionarios”.
El texto menciona que “en la sentencia del juicio, el Tribunal concluyó que el entonces subdirector Legal del Ministerio de Economía, Dr. Osvaldo Siseles, junto a la directora general de Asuntos Jurídicos, Dra. Yolanda Eggink, y los abogados Alberto García y Graciela Pernas, del Servicio Jurídico del Ministerio, quienes intervenían en un juicio civil por los integrantes del llamado Grupo Greco, no resguardaron adecuadamente los intereses del Estado, sino que, por el contrario, actuaron a favor de los demandantes, allanando el camino para que se obligara al Estado a pagar una indemnización de $332.396.000 a los Greco”
La OA expresó en la audiencia celebrada en la Sala V de la Cámara de Casación con respecto a la actuación de los ex funcionarios que “su conducta estuvo dirigida a silenciar y ocultar cualquier reclamo indemnizatorio a favor del Estado”. Y agregó: “omitieron toda referencia a la contestación de traslado por la anterior representante del Estado, donde se rechazaba la suma pretendida por el Grupo Greco y se reclamaba una indemnización de $546.957.577”
Tras otras consideraciones, la OA dejó sentada en esa audiencia que “la maniobra objeto del proceso fue pergeñada y ejecutada desde el seno del Ministerio, encargado de administrar los recursos económicos de la Nación”
Luego de cuatro años de esta apelación, y tras cambiar el signo político, la Oficina Anticorrupción ha dejado de ser querellante en el Caso Greco, lo que abre un sugestivo interrogante acerca del futuro de la causa.
*El autor es periodista y escritor.
