La conmemoración de la declaración de la independencia promete ser el marco propicio para la firma del pacto que firmaran el presidente Milei con un elenco de gobernadores el cual incluye la educación inicial, primaria y secundaria en sintonía con el Plan Nacional de Alfabetización que anunció en la provincia natal del gran Sarmiento, como canta el himno dedicado al fundador del maltrecho sistema educativo nacional. Hubo que esperar que la ley Bases enviada al congreso fuera tijereteada en sus infinitos títulos y artículos para llegar a un zócalo de acuerdos mediante los cuales el poder presidencial y sus ministros dispondrá de los instrumentos que juzga necesarios para salir de la recesión e iniciar el camino del progreso que -como arguye más de una vez-, ha sido bloqueado por décadas de malogradas políticas económicas, el desequilibrio fiscal, el maldecido aparato estatal, la rapiña de las corporaciones y los mezquinos intereses de la “casta” enquistada en partidos, sindicatos y el Congreso.
El escenario no será Córdoba como había sido pensado en un comienzo sino otra ciudad del desigual interior del país federal: Tucumán. La cuna del acta fundacional de la nueva nación que se alzó en el escenario sudamericano e internacional en 1816 en medio del reflujo contrarrevolucionario y la enfática política de las Cortes europeas y las potencias de la Santa Alianza de frenar todo intento revolucionario o “jacobino” que sirviera de ejemplo a los que conspiraban sin denuedo contra las monarquías legitimistas restauradas con posterioridad al eclipse de la estrella de Napoleón Bonaparte. Ese desplome había producido el desbande de antiguos oficiales, soldados y prefectos devotos del famoso corso y de los preceptos nacionalistas, antimonárquicos y liberales por varios rincones del continente, y que habían cruzado el océano para hacer pie en ciudades norteamericanas y enrolarse en los ejércitos libertadores liderados por José de San Martín y Simón Bolívar en la craquelada geografía de América del Sur en la que relucía la diplomacia imperial lusitana con epicentro en Río de Janeiro desde que los Braganza habían escapado de las garras del Mandón de Europa en 1807.
La convocatoria del Congreso Soberano y la apertura de las sesiones en Tucumán había sido el resultado de la crisis que terminó con el gobierno de Carlos de Alvear en 1815 a raíz de disidencias internas en torno a la disyuntiva de romper o mantener el vínculo con España, y los cuestionamientos realizados por el líder oriental José Artigas y otros federalistas rioplatenses sobre el carácter centralista del sistema de poder que anudaba a las Provincias Unidas de América del Sur. Esa razón explica la ausencia de representantes de las provincias del litoral en la famosa asamblea que hoy se recuerda, y la enfática determinación de los diputados de Buenos Aires, y las provincias interiores en los debates y resoluciones que saldaron la deuda que latía desde 1813 cuando la Asamblea General había dejado pendiente el mandato de declarar la independencia y dictar una constitución para sentar las bases del gobierno limitado según los lineamientos del credo liberal al que adhería la mayoría de la dirigencia revolucionaria.
En aquella coyuntura la flamante Provincia de Cuyo, creada en 1813, y su gobernador intendente, José de San Martín, cumplieron un rol fundamental A juicio del coronel que había ganado prestigio en la batalla de San Lorenzo y en su breve paso por Tucumán, el conflicto desatado con Alvear no suponía desconocer la importancia de Buenos Aires como sede del gobierno revolucionario en tanto constituía la principal fuente de recursos fiscales para financiar los gastos de la guerra que requería la organización de la máquina militar con la que calculaba librar tras la cordillera para impulsar el plan de conquistar Lima, el corazón de la reacción de la pretensiones independentistas. Asimismo, San Martín estaba convencido que la estrategia militar exigía modificar el status jurídico vigente a los efectos de enfrentar la fuerza militar de los realistas como nación soberana y regulada por el Derecho de Gentes con el fin de consolidar la “libertad política” y facilitar lazos de cooperación con naciones o estados neutrales que preveía la protección británica. El contundente apoyo sanmartiniano para la reunión del Congreso en Tucumán se hizo patente en las garantías brindadas para la elección de representantes de San Luis y San Juan según lo estipulado en la reglamentación vigente, y en la decisión de esquivar la aplicación del método electoral en la designación de los diputados por Mendoza: el Dr. Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza, quienes fueron de los primeros de llegar a la mítica ciudad y serían sus portavoces en las sesiones tucumanas.
La declaración de la independencia de las Provincias Unidas el 9 de julio de 1816 dio origen a dos documentos fundacionales de las historias patrias: el acta rubricada por los congresales que atestiguaba la decisión inclaudicable de romper la dependencia colonial con España y cualquier otra nación, y el Manifiesto que la vertiente más conservadora de la revolución rioplatense dio a conocer más de un año después para cuando el Congreso se había mudado a Buenos Aires. Uno y otro ponen es escena lo dicho y lo no dicho en cada coyuntura, y contraponen el argumento austero del momento exacto de la opción independentista, y la justificación histórica de semejante osadía política ante los agravios infligidos a los americanos antes y después de la restauración de Fernando VII en el trono español. En particular, el famoso Manifiesto de 1817, cuya autoría ha sido atribuida al jurista Antonio Sáenz, subraya el “honor ultrajado” como argumento básico de la independencia y describe la cadena de vejámenes y ofensas que carcomieron las bases del consentimiento americano. Tal genealogía resulta a todas luces breve en tanto si bien evoca la ominosa conquista y los tres siglos de dominación española, hace de las iniciativas de la Corona de mediados del siglo XVIII un punto de inflexión medular en la redefinición del lazo colonial para luego traer a colación la ineficacia de la autoridad y administración virreinal ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la inaudita abdicación de los reyes españoles en 1808, la formación de la Junta de Mayo de 1810, y el factor determinante de la “guerra civil”, es decir, la inaceptable respuesta dada por las instituciones metropolitanas que se arrogaron la representación del rey cautivo, y de los funcionarios coloniales que descargaron la fuerza militar contra los súbditos americanos que aspiraban a tener idéntica representación a la de los españoles peninsulares en la arquitectura de la monarquía y nación española diseñada por los liberales en la constitución de Cádiz. En un valioso estudio Marcela Ternavasio subraya que las invocaciones argüidas por quienes rubricaron el Manifiesto de 1817 permiten abonar la hipótesis de la independencia como resultado de la revolución y no al revés. A su vez, también destaca las razones historiográficas que dejaron en suspenso su tratamiento hasta 1961 en tanto colisionaba con la lógica historicista y romántica que reivindicaba la vigencia de justos derechos en la ruptura con España y la monarquía. Tal precisión no sólo resulta altamente ejemplificadora del peso de la sombría coyuntura en la que los doctores del Congreso pusieron a prueba sus saberes en la pretendida formalización del régimen político para la nación fundada en 1816; también ilustra con meridiana claridad los contrastes entre ese nudo argumental y el del Manifiesto de 1819, el cual como recordó Natalio Botana en el libro que dedicó al análisis del péndulo entre monarquía temperada y república en la encrucijada de la independencia que hoy se evoca, enarboló los preceptos del gobierno mixto y del pacto social en aras de exaltar el espíritu nacional ausente aún de la estirpe romántica en la que abrevarían Alberdi y otros tantos para anudar el pacto constitucional de 1853.
*La autora de esta nota es historiadora del INCIHUSA-CONICET y UNCuyo
