Educar al libertario

Esa comunidad universitaria activada que se manifestó en todas las ciudades permanecerá en guardia como sucedió durante el menemismo con la Ley de Educación Superior ante lo que fue la amenaza del arancelamiento, luego desactivada por aquel impulso en las calles.

Educar  al libertario
Marcha universitaria en Mendoza en defensa de la educación pública. Foto: Gentileza

¿Qué tienen en común pibes y pibas entre 20 y 30 años, muchos de ellos radicales, otros peronistas, algunos de izquierda o de derecha, puñados de independientes, muchos de ellos votantes de Javier Milei que participaron de la marcha universitaria? ¿Qué tienen en común profesionales de las más diversas disciplinas, y de todas las simpatías políticas (si es que las tienen), que más que un trabajo docente poseen una extraña vocación de gratitud con su formación? ¿Qué tienen en común miles de trabajadores no docentes que además son conscientes -porque lo ven a diario- del progreso de los jóvenes, incluso aunque reporten a sindicatos enfrentados? ¿Qué tienen en común cientos de miles de egresados y egresadas que pudieron forjar trayectorias, algunas con destacada proyección nacional e internacional? ¿Qué tienen en común las millones de familias, de diferentes generaciones, que han encontrado en la educación superior argentina una vía de ascenso social que de otra manera no hubieran alcanzado?

Todos, sin exclusiones tienen poco en común, salvo una certeza: la defensa de la universidad pública como la coronación del sistema educativo, laico y gratuito que diferenció a la Argentina hace más de 100 años. Una especie de bien público intangible, capaz de cambiar vidas y torcer destinos. Así lo hicieron saber una vez más esta semana, después de casi un año de postergaciones y ninguneos a los que el Gobierno nacional los somete.

El mensaje volvió a ser contundente: la gran mayoría de la sociedad argentina no está de acuerdo con el desfinanciamiento de la Universidad pública. Muchísimo menos con el hostigamiento sistemático, ni la asfixia presupuestaria que ha significado un ajuste del 34% de caída de las transferencias en un contexto inflacionario superior al 200%. Incluso, con pérdidas de poder adquisitivo más profundas que las que han sufrido el resto del sector público. Es por eso que la educación, y en particular la superior, ha demostrado ser un nervio sensible en el que Javier Milei punzó por coherencia narrativa, pero que ha reaccionado con un ímpetu fuera del cálculo oficial.

Es extraña esa concepción en un gobierno que se dice liberal. Ahí está el ejemplo de Domingo Sarmiento y el hito que significó la ley 1.420 que le dio obligatoriedad a la enseñanza básica. ¿O de qué manera alguien puede ser efectivamente libre si no tiene instrucción? ¿Cómo estima Milei, que más allá del equilibrio fiscal y el déficit cero, puede un joven trascender a su desigualdad de base si no es con educación? En un país donde dos de cada tres adolescentes son pobres, entronizar superávits sin dimensionar el costo social puede ser otro agravante para millones de situaciones personales dramáticas.

El problema de Milei aparenta no ser con la universidad pública, sino con el modelo que ella expresa. Una posibilidad concreta de ascenso social que no discrimina ideología, muchísimo estrato social de origen, ni acceso familiar a oportunidades. La educación iguala, y tal vez por eso, molesta. ¿Será que aquí también el relato oficial encuentra un destello de “colectivismo”?

¿O acaso hoy alguien podría imaginar este país sin universidad pública? Ni nuestros científicos, ni nuestros especialistas ni técnicos en las más diversas áreas, ni nuestros investigadores del sector público y privado, ni nuestros artistas habrían surgido en consonancia de la demanda de la sociedad sin que esta tradición hubiera existido. Pero aún así, esto es lo que estamos discutiendo.

Resulta lamentable que estas sean las circunstancias en la cual el debate social y la atención de la opinión pública pongan el foco en la Universidad. Más allá de eso, bienvenido. Pues no sólo es imprescindible actualizar contenidos, revisar planes de estudio, evaluar la tasa de egreso o la duración de la permanencia, sino también buscar la manera de hacer más eficiente el recurso que proveen todos los argentinos con sus impuestos. Incluso, aquellos que jamás pisaron una universidad.

En Mendoza, la marcha además de masiva como en el resto del país, dejó un mensaje político que debe ser leído en dimensión, pues se involucra en esta intermitente “buena sintonía” con la que el Gobierno nacional y la gestión de Alfredo Cornejo fingen demencia para ocultar diferencias profundas (que las hay) y maximizar las coincidencias macro (que son ciertas), pero que como dijo hace tiempo el gobernador “son condición necesaria pero no suficiente”.

Muchos dirigentes radicales dieron a entender con su presencia en la marcha que la Universidad pública es un límite que no estarían dispuestos a traspasar. ¿Será también el límite para una sociedad todavía complaciente?

La presencia del cornejista Tadeo García Zalazar, el ministro del área educativa (pero también docente universitario) es una señal fuerte en esa dirección. Como también la de otro discípulo del gobernador, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, o el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi. A los que se sumaron los intendentes de Junín, Mario Abed y el constante constructor de la sucesión, el capitalino, Ulpiano Suárez, entre otros.

¿Participaron en defensa propia, por contención a las bases, o fue una señal para los legisladores nacionales que deberán votar la ratificación de la ley vetada inmediatamente por el Presidente tras la marcha? En tiempos de escasas retribuciones desde la Nación, la diferenciación en peleas tan simbólicas también puede servir para demostrar algún margen de autonomía que en la necesidad se torna difusa.

Está claro que lo sucedido hasta ahora es apenas un round de un combate que promete muchos más capítulos. Al menos el regreso de esta Ley de Financiamiento Universitario al Congreso y una eventual judicialización en caso de que diputados y senadores logren insistir con su sanción y dejen sin efecto el veto. O la posibilidad del cobro a los extranjeros no residentes.

De lo que no hay dudas es que esa comunidad universitaria activada que se manifestó en todas las ciudades permanecerá en guardia como sucedió durante el menemismo con la Ley de Educación Superior ante lo que fue la amenaza del arancelamiento, luego desactivada por aquel impulso en las calles. No son pocos los que creen que este momento es una réplica de aquellos intentos que sólo buscaban desentender al Estado del sostenimiento de las universidades.

¿O acaso Milei no considera a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia? En la emulación debería haber también aprendizaje histórico, más que la simple réplica descontextualizada.

* El autor es periodista.

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