El gobernador, Dr. Rodolfo Suarez, en la apertura del período ordinario de sesiones afirmó que la educación es el principal motor de una sociedad equitativa, justa, democrática y desarrollada, lo que la convierte en uno de los grandes pilares de esta gestión. Asimismo, agregó que desde el Ejecutivo se enviaría una nueva Ley para establecer los lineamientos de la educación que Mendoza necesita de cara al futuro.
Dicho esto, se abrieron las especulaciones sociales y políticas. Sin embargo, como mendocinos; ¿qué debemos saber?
La Ley Provincial de Educación es la N°6.970, vigente hasta el día de hoy desde el año de su promulgación, en 2002. Esta normativa fue creada bajo las líneas de Ley Federal de Educación, específicamente la N°24.195 del año 1993, que posteriormente fue derogada por la actual Ley de Educación Nacional N°26.206 del año 2006. Muchos números, muchas fechas, que sirven para dejar en claro el desfasaje normativo que existe entre lo que rige a la educación mendocina y los cambios reales que ha sufrido está en los últimos dieciocho años.
Este contexto avala la necesidad de actualizar la ley pensando en la realidad que atraviesa el sistema educativo. Porque ninguno de los problemas que posee, tanto generales como particulares, se puede resolver sin un diagnóstico y una propuesta que ponga en perspectiva de mediano plazo los cambios que necesita la educación pública en todos sus niveles.
Por ejemplo, la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral no se contempla en la estructura de la vigente, como tampoco la Ley de Financiamiento Educativo (N°26.075), la Ley que fija un mínimo de 180 días efectivos de clases (N°25.864), la Ley de Educación Técnico-Profesional (N°26.058), entre otras relevantes. Así, abrir el debate de una ley propia implica, en primer término, tomar la decisión de volver a poner a la educación en el centro de las políticas del Gobierno de la provincia de Mendoza.
Resulta auspicioso generar espacios de debate y de participación que incluya a los diversos actores de la comunidad educativa, que resaltan los marcos y contenidos que debiera contener la nueva ley educativa provincial y su futura aplicación. La conformación de un Congreso Pedagógico que promueva la construcción de una agenda social, con la oportunidad de dar voz y escucha a los actores típicos que conforman el sistema, teniendo la oportunidad de ejercer su derecho a la opinión y participación, una forma valiosa y sustantiva de ejercer ciudadanía.
Hoy debemos pensar en grandes consensos para sancionar una norma que dé fundamentos, sentido y direccionalidad a la política educativa. Un debate plural que facilite la formulación de políticas públicas, orientando transformaciones y reformas con independencia de la gestión política que las implemente.
Así se debe propiciar este debate sobre la base de información consistente, memoria histórica y la reflexión constante sobre los cambios de épocas, como así la suficiencia que permita proyectar un mejor futuro, donde la educación represente un espacio provechoso para la producción de saberes, conocimientos y prácticas que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y humana.
