La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Educación Ambiental, una iniciativa que busca trazar una estrategia a nivel federal a largo plazo, garantizando el derecho a una enseñanza ambiental gratuita, federal, apartidaria y constante.
Por supuesto que todavía falta su tratamiento y aprobación en el Senado, y posteriormente su promulgación por el Ejecutivo nacional. Creemos que es un buen paso que asegura mejores condiciones para la seguridad ambiental del país.
En la Argentina, las normas de Educación nacional 26.206 y general de Ambiente 25.675 ya reconocen el derecho a la educación ambiental. Si bien muchas provincias y municipios han avanzado con su propia legislación y programas en la materia, el país no dispone de una norma que otorgue herramientas para una implementación articulada en todo el país.
“Esta ley es la piedra fundacional del cambio de paradigma nacional que necesitamos. Debemos evolucionar hacia una Argentina sostenible”, sostuvo Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global, una organización impulsora de la ley y que ya educó a más de 70.000 alumnos en la materia. “Necesitamos urgente una estrategia educativa nacional, apartidaria, participativa y constante para avanzar en la materia (…). Es hora de que el Estado cumpla con su deber”, agregó el referente.
“La ley de Educación Ambiental viene a dar un marco normativo a muchas prácticas que se están haciendo, integrando los distintos niveles educativos y la participación de la comunidad. Si bien estoy accediendo al contenido en términos generales, pareciera un muy buen augurio que nos dará un mayor marco de contención a las prácticas que venimos realizando”, afirmó en Mendoza la arquitecta Claudia Timoner, docente en la Tecnicatura de Organizaciones Sociales del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (Isteec) y representante en la Mesa Provincial de Educación Ambiental (2015).
El objetivo de la iniciativa, que ha sido girada a la Cámara alta, es asegurar una base de actividades y contenidos en todo el territorio nacional.
Además, se requiere activar y mantener en alto la conciencia de la realidad ambiental, hoy cargada de amenazas por el cambio climático, los altísimos niveles de contaminación y la presente pandemia sanitaria, en la que tienen ver muchos desórdenes de los ambientes urbanos, en el país, en la región y en el mundo. La educación ambiental, impartida en todos los niveles, puede ser la herramienta de mayor poder para revertir la ignorancia de gran parte de la sociedad sobre la crisis que amenaza la biodiversidad y la supervivencia colectiva.
Mendoza, por suerte, no está desprovista de protecciones y legislación y, aunque en ocasiones se producen atentados contra el ambiente, hay normativas en este sentido. Una de ellas, y la principal, es la Ley General N° 5.961, que es una norma sancionada en 1992 por la provincia.
Por otra parte, hay establecimientos de enseñanza que tienen materias sobre estos estratégicos asuntos, pero a partir de ahora, con una ley de por medio para enseñar a los alumnos a cuidar lo que nos rodea, estaríamos en condiciones de asegurar una plataforma mínima de contenidos y actividades en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
