Un saludable avance en cuanto a políticas públicas hubo esta semana en la provincia con la aprobación legislativa del denominado Paquete Tecnológico impulsado por el gobierno de Rodolfo Suárez. Una buena demostración de que los consensos parlamentarios son posibles cuando se impone el sentido común, más aún en iniciativas de mediano y largo plazo, que posiblemente lleguen a requerir el tutelaje de otros sectores partidarios como producto de las habituales alternancias democráticas.
La propuesta, a la que nos referimos hace poco más de un mes en este mismo espacio, planteó la necesidad de potenciar el esfuerzo público y privado para generar empleo de elevado nivel y dar paso a un necesario crecimiento de las exportaciones de nuestra provincia. Con algunas observaciones válidas, el apoyo amplio de la oposición le dio a la iniciativa un marco institucional muy adecuado.
Mediante la legislación aprobada, que ahora debe reglamentar el Ejecutivo, se crea la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y se viabiliza la ley de Economía del Conocimiento. La estructura de dicha industria en nuestra provincia, que sobresale ya a nivel nacional en el tema, está conformada por unas dos mil empresas, que dan trabajo a no menos de 13.000 personas. El plan tiende a generar en unos 5 años 10.000 empleos más en la provincia. Y las estimaciones oficiales hablan de unos 350 millones de dólares como aporte del sector tecnológico en el mismo período de tiempo.
Todo se enmarca en las estrategias políticas adaptadas al complejo marco de pandemia que sigue soportando el mundo, lo que lleva a plantear la necesidad de un abordaje diferente de la realidad local y global en cuanto a posicionamiento de industria mendocina. El aún incierto final de los contagios ha llevado necesariamente a los países más desarrollados a incorporar a la vida cotidiana de sus ciudadanos las nuevas tecnologías mucho antes de lo previsto. Ese rumbo se pretende tomar con el paquete aprobado.
No caben dudas de que la exportación del conocimiento científico y tecnológico reforzará el ya bien ganado prestigio de los profesionales mendocinos vinculados con dichas áreas y le permitirá a la provincia consolidar un escenario de apertura al mundo sin tener que depender necesariamente de lo que se disponga a nivel nacional. En ese sentido, sería válido incorporar a los alcances de la legislación a los medios de comunicación y a otros servicios que brindan aportes a la cultura y al desarrollo a través de plataformas digitales.
Para la economía de Mendoza se trata de un gran desafío con perspectivas alentadoras, como ya hemos señalado. La provincia se encuentra en una etapa de serios replanteos en cuanto a su matriz productiva, con el enigma que para sus tradicionales actividades agrarias presenta el cambio climático, que en nuestra región tiene mayor repercusión a través de la crisis hídrica instalada por años. Por todo eso, potenciar a la denominada economía del conocimiento con el soporte tecnológico, nucleando a lo público con lo privado, justifica el crédito que ha dado la política provincial.
