La polémica sobre la continuidad o no del sistema excepcional de debate legislativo virtual, o remoto, generó otro lamentable escándalo en el Congreso de la Nación.
Oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo sobre los límites de dicha modalidad, impuesta a raíz de la pandemia, y en adelante pueden esperarse situaciones similares si no se imponen la sensatez y el diálogo entre los protagonistas.
El lamentable desencuentro previo a una sesión especial generó escenas propias de un sainete. El presidente de la Cámara de Diputados consideró que se encontraban presentes para sesionar quienes lo hacían en forma virtual (oficialistas y adherentes), mientras que dio por ausentes a los que se encontraban delante de él ocupando las bancas (la oposición de Juntos por el Cambio).
El escándalo se produjo porque la oposición aseguraba que los protocolos para poder sesionar remotamente habían tenido vigencia hasta los primeros días de agosto, mientras que el oficialismo pretendió seguir con esa modalidad; y finalmente lo logró.
De esa manera el Frente de Todos y otros bloques minoritarios prorrogaron por mayoría la autorización a sesionar de manera virtual y sin límites en cuanto al alcance de los temas.
El principal motivo de la tarea legislativa vía Internet fue el de permitir que el Congreso avalara las medidas excepcionales de emergencia que el Ejecutivo necesita ante la crisis sanitaria. Ese era el limite lógico.
Sin embargo, con el transcurso de los meses el contexto de cuarentena extensa permitió que con la nueva modalidad avanzara, además, el abordaje de otros asuntos que, por su trascendencia institucional, requieren un debate profundo, sin plazos urgentes.
Uno de los ejemplos es la reforma judicial impulsada por el Gobierno, que ya obtuvo aprobación del Senado en tiempo récord debido a la mayoría que posee en ese cuerpo el kirchnerismo.
La oposición considera, criteriosamente, que la función revisora de la Cámara de Diputados debe ser fundamental para disipar las dudas que genera la propuesta, en especial en cuanto a las causas por corrupción en la función pública que se encuentran en avanzado trámite, entre otros aspectos de gran importancia.
Si la intentona del oficialismo prospera, seguramente el mismo trámite se aplicará para otras iniciativas de trascendencia que merezcan ser debatidas con rigurosidad en el ámbito parlamentario.
Con mayor razón cuando en el balance de mayorías y minorías hay equilibrio, como ocurre en Diputados.
Pretender valerse sin límites de una modalidad excepcional no es pertinente.
Respetar las formas de procedimiento debe ser una virtud de los parlamentarios, los hacedores de leyes.
En síntesis, las autoridades de la Cámara de Diputados deberían convocar a los referentes del principal espacio opositor para retomar el diálogo y agotar las instancias posibles para superar este lamentable episodio, que, como señalábamos, puede servir para que iniciativas polémicas del poder de turno obtengan un aval parlamentario de dudosa calidad. Culpar sólo al espacio opositor de entorpecer el trámite es como pretender justificar errores propios.
