Afirmar y reafirmar el derecho al aborto constituye una postura ética, igualitaria y no hipócrita. Los abortos clandestinos son una realidad, generan un mercado negro y sabemos que quienes fallecen son las más vulnerables; las más castigadas por un sistema socioeconómico absolutamente desigual y expulsivo. El aborto es, sin lugar a dudas, una cuestión de salud pública. Se trata de proteger en serio la vida de una gran cantidad de mujeres que deciden -por un sinfín de razones- no ser madres.
Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la penalización ha sido, es y será, la peor respuesta estatal por parte de un Estado que tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos en clave de género; que se ha animado a colocar el principio de igualdad y no discriminación en razón del género en la agenda pública. ¿Acaso, la posibilidad de gestar no es lo más importante que nos diferencia con los hombres? En esta lógica, poder decidir en libertad ser o no madres constituye la piedra basal en este sinuoso y complejo camino hacia la igualdad real.
Observamos, más, somos protagonistas de leyes que han marcado un modelo de país en la ampliación de derechos como matrimonio igualitario; identidad de género; reproducción asistida y el consecuente acceso a formar familias en plural; un Código Civil y Comercial de vanguardia, entre tantos hitos normativos que han profundizado la idea de libertad y autonomía. En tantísimas oportunidades, referentes jurídicos de otras partes del mundo me han preguntado: ¿Cómo puede ser que Argentina, con los debates profundísimos que ha librado, no permita el aborto? Esta contradicción cada vez se vuelve más insostenible, más insoportable.
Razones constitucionales, convencionales hasta legales en favor del aborto, sobran. Sólo basta con desarmar un mito que se reitera sin fundamento jurídico: la vida no es un derecho absoluto. Si así fuera no podría gozar de buena salud la ley de muerte digna o la legítima defensa. Detrás de este argumento falaz se esconde una resistencia feroz contra la secularización del derecho.
Tenemos un compromiso como investigadores de aportar con argumentos científicos a un debate que se ha instalado en la sociedad y al que se le debe dar respuesta. ¿Cuál? La única plausible: la legalización. Esto ha quedado plasmado en una obra que compila la cantidad de razones esgrimidas por diferentes investigadores del Conicet durante el debate de 2018. ¿Por qué será que la amplísima mayoría hemos estado a favor? Nada es casualidad. Se trata de causalidad: el peso de los saberes laicos.
Orgullo absoluto defender con convicción y pasión una lucha colectiva que nos hermana bajo un símbolo que hace a nuestra historia como son los pañuelos. Porque la identidad, en lo más profundo del término, significa mirar, reconocer y respetar a otra; una otra signada por una desigualdad estructural que silencia, oprime y mata. En palabras del jurista italiano Pietro Barcellona: “Se trata de reconocer al diferente, al ‘otro’, no como un acto de caridad sino por la conciencia adquirida de que no puedo dar cuenta de mi identidad sin afirmar la diferencia del otro y custodiarla como una necesidad vital”.
De esto se trata, de respetar las diferencias, las libertades y las identidades. Por eso el aborto es la gran deuda pendiente de la democracia hacia quienes, aún, se les debe tanto.
Producción y edición: Miguel Títiro
