Desorden territorial y jurídico en el piedemonte

El gobernador Rodolfo Suárez envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca ordenar el territorio del piedemonte para resguardar el avance urbano, involucra a los municipios de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Con otro, contempla agrandar el Área Natural Protegida (ANP), con expropiación, incluyendo una extensión de 15.000 Ha que son privadas.

Consideran vulnerabilidad ambiental por ocupación de territorios de cauces y zonas aluvionales; sin previsión anterior.

Difícil situación en las habilitaciones de infraestructura, acceso al agua y tratamiento de efluentes cloacales. Así, derivó la “Declaración de Emergencia Ambiental”.

Tiene lineamientos: criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte como única unidad ambiental. Determinar medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas nuevas y cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el peligro aluvional. Establecer superficies de protección ambiental con acceso público para uso y disfrute.

Desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial –área encomendada por el Ejecutivo-, su titular, Humberto Mingorance, reconoce: “Ni el municipio ni el Estado provincial habían tomado cartas en el asunto, hasta que llegó el plan de ordenamiento. El actual proyecto bien puede ser la letra de una ley, sin más”.

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) calcula unas 5.000 familias viviendo en el área, algunas amenazadas por cauces o laderas inestables, que necesitan mejoras.

El proyecto entró al Senado el 29 de mayo y, “lo que viene del Ejecutivo ni se estudia”, dice un legislador oficialista, guardando anonimato y asegurando rápida aprobación.

Mientras José Pozzoli, especialista en políticas ambientales, repasó: “Expropiar así es anacrónico. Para preservar la biodiversidad se pueden promover o acompañar iniciativas que limiten su uso, siendo bien intangible en beneficio de todos como la Reserva de Villavicencio”. El oficialismo espera resolver y evitar el choque con privados sobre la expropiación.

Pozzoli advierte saltos en los procedimientos: “La Ley 8.051 establece que el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial trate el asunto, que no ha sucedido. No hay dictamen fundado del Consejo que avale u opine al respecto, siendo nulo lo actuado. No cumple con la Ley 6.045, que refiere a la creación de ANP cuya iniciativa es responsabilidad de la Dirección de Recursos Naturales, obligada a pronunciar un dictamen apoyado técnica y financieramente que apruebe la creación, está sin veredicto”. Además, advierte algo crucial: “El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), que depende del Conicet, es autoridad sobre los dictámenes técnicos para habilitar los planes de manejo de ANP; no fue consultado.

Asimismo, la Dirección Provincial de Hidráulica tiene potestad de aplicación en materia aluvional, pero no se expidió sobre los proyectos ni el estudio del INA”.

Además no se están cumpliendo las formalidades, atropellando secretarías o partes interesadas de la sociedad civil o de los propietarios afectados, reunidos en forma de Asociación con personería jurídica, esperando ser convocados al Senado. 

El senador Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) reconoció las faltas: “Se están llamando a los miembros a fin de regularizar la composición de los procedimientos atrasados, que en parte son vinculadas a la pandemia. El Iadiza e Hidráulica están trabajando sobre los respectivos puntos”.

El Municipio de la Ciudad de Mendoza tiene un programa que estimula emprendimientos de triple impacto y acciones que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y absorban dióxido de carbono. El objetivo es alcanzar para 2030 un balance positivo de carbono. Existe un mercado financiero que paga por Bonos Verdes para capturar carbono pagando por la preservación de un lugar. Bienvenido, pues, aunque Mingorance descree de la eficacia o la existencia de tales planes.

Sobre las 56.000 ha que planea ampliar Rodolfo Suárez, “hay una franja de propiedad privada de 15.000 ha sujetas a expropiación. Allí existe un uso de cultura recreativa por parte de la gente, que se fue apropiando al no percibirla como privada; hay que delimitarla. Se trata de tierras próximas a la ciudad factibles a un desarrollo inmobiliario, y que cuide el ecosistema”, dice Mancinelli.

Mendoza tiene un 13 % de su territorio como ANP, ubicándose dentro de la media mundial. Los propietarios cuidan el hábitat evitando usurpaciones, entre otros vicios, con más dedicación que el Estado. El senador y el secretario de Ambiente aseguran que otras ANP gozan de guardaparques y suficiente atención estatal.

La familia Girotti, por ejemplo, es conservacionista y se dedica a la plantación de árboles. La historia sienta precedentes, en cada lugar. Ellos, donaron a la provincia el Puesto Lima para brindar agua al Cerro de la Gloria. Allí comenzó el asentamiento de La Favorita, capturando agua de esa vertiente, pero hoy ya está regularizado como barrio. Citan precariedad y abandono en el sitio desde hace algunos años o no, según la opinión consultada que se trate, pero queda el parecer de los mendocinos versus la palabra oficial. Actualmente el lugar toma el agua de una perforación.

Es incumbencia del Estado regular y promover la actividad privada. La búsqueda de acuerdo es una idea que circula frente a la ingrata expropiación a privados, con la pésima prensa que tiene estos días. Cabe preguntarse por la capacidad de cuidado sobre la biodiversidad, procedimientos, intereses en juego, objetivos reales y qué partidas presupuestarias contemplan estas demandas.

Como es arriba es abajo: el oficialismo mendocino critica la medida presidencial sobre la expropiación de una empresa santafesina, pero pretende usar una herramienta igual en su provincia.

El intendente de Avellaneda, Santa Fe, Dionisio Scarpin cuestionó al Ejecutivo nacional: “¿No son capaces de cortar el pasto en la ruta 11 y quieren manejar Vicentín?”. Demoledor.

*El autor es periodista - www.campoabierto.com.ar