En algunas regiones del país, entre ellas Mendoza, se vive la paradoja de que una porción importante de la población está desocupada (10% en nuestra provincia), mientras empresas y productores agrícolas no encuentran la mano de obra que necesitan. Este problema se presenta especialmente en las distintas tareas de la fruticultura. Asunto que ha sido tratado con amplitud por “Los Andes”, en el Suplemento “Fincas” del 29/8.
El problema de la falta de mano de obra para el trabajo agrícola, en el contexto de la pandemia, tiene dos aspectos.
Uno es la alta participación que tienen los trabajadores que vienen de las provincias del Norte para los trabajos temporarios, especialmente las cosechas. En las condiciones actuales de la pandemia es muy difícil de resolver, sobre todo si las empresas y productores no tienen las instalaciones habitacionales adecuadas para recibirlos. Este problema es señalado también por fruticultores de San Juan, donde la desocupación es muy baja, poco más del 3%.
El otro problema está muy bien planteado en la nota de “Fincas” por el empresario José Morales. Se trata de que los diversos y numerosos programas de asistencia social, unos de vieja data, otros implementados a raíz de la pandemia, que quienes cobran estas ayudas no pueden trabajar temporariamente, en forma registrada, es decir en blanco. De hacerlo se interrumpe la asistencia y cuando termina el trabajo se produce “un bache” hasta que se recupera la ayuda.
La consecuencia es simple, los que reciben la ayuda que es insuficiente para vivir, sólo quieren trabajo no registrado, es decir en negro.
Esta situación es un componente importante de la alta tasa de informalidad en el trabajo en nuestro país, que beneficia a los también no pocos empresarios y productores informales.
Pero las empresas bien organizadas y que son las mayores demandantes de mano de obra, como lo destaca el empresario Morales, no pueden tener personal no registrado.
La solución no parece difícil, habría que permitir, por las condiciones especiales que estamos viviendo, que quienes cobran una asistencia social puedan tener un trabajo temporario registrado, sin que se interrumpa la ayuda.
En todo caso se podría fijar algún tope salarial.
Es más, como se permitiría el trabajo registrado y la ayuda, la Anses recaudaría los aportes previsionales que no recibe cuando el trabajo es informal.
En consecuencia se podría establecer un incentivo, un plus, para quienes trabajan, aumentando el plan por caso en un 20% para quienes deciden aceptar un trabajo temporario registrado.
Es inaceptable que las políticas de asistencia social, muy necesarias, sean un incentivo al trabajo informal, o al no trabajo.
Y que como consecuencia del mal diseño de esos planes tengamos alta desocupación y falta de mano de obra.
Y encima hablemos todos los días de la necesidad de recuperar la “cultura la del trabajo”.
*El autor es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.
