A medida que se acercan las elecciones, el grado de conflictividad política se intensifica por efecto de una paradoja: todavía se mantiene la incertidumbre sobre el resultado electoral, pero crece la certeza sobre el volumen de la crisis pendiente para el día después.
Dicho en otros términos: aún no se sabe con cuánta legitimidad y con qué recursos institucionales contará el sistema político para enfrentar la crisis. Ese detalle preciso sólo surgirá del nuevo mapa que dibujarán los votos el domingo 14 de noviembre. Pero ya se entrevé con claridad que el Gobierno nacional resolvió agravar los problemas para el lunes 15.
La decisión de disponer un congelamiento de precios como método desesperado frente al aumento de la inflación vino a confirmar esa amarga expectativa. Frente al enigma sobre el rumbo que tomará el día después, el Gobierno resolvió despejar las dudas: su rumbo elegido es el extravío.
Alberto Fernández reunió a algunos intendentes para pedirles que salgan a controlar los precios en las góndolas. Piensa que de este modo responde a una duda de sentido común: cómo se aplicará el congelamiento para que resulte efectivo. Lo que demuestra Fernández, en realidad, es que ignora la única pregunta razonable que surge palmaria frente a un congelamiento por 90 días: qué pasará el día 91.
Como por lo general los actores de la economía no se sientan a esperar que los gobernantes razonen con sensatez, la respuesta a esa pregunta que el Presidente no se hace apareció de inmediato en la cotización del dólar. La única reserva de valor que la economía argentina percibe a corto plazo. El dólar de mercado subió hasta rasguñar aquel precio que le hizo a Cristina Kirchner lanzar su advertencia -por carta y hace exactamente un año- sobre el desafío estructural de la economía bimonetaria.
Tal vez Cristina se anticipó demasiado. El Gobierno actuó entonces con obediencia. Malgastó reservas y se endeudó en pesos (pero a tasas dolarizadas) para evitar sorpresas ingratas con el tipo de cambio en el año electoral. Esa estrategia se está agotando en el momento más inapropiado: a tres semanas de la elección.
El Gobierno ya venía ofreciendo dos certezas inconvenientes. Dos retrasos: el del dólar frente a la inflación y el de las tarifas subsidiadas. Decidió echarle leña al fuego garantizando una remarcación generalizada de los precios para el día en que termine. Un regalo de reyes magos.
Más indicativa aún que el dólar es la suba del riesgo país. Martín Guzmán ha licuado aquello que reivindicaba como el mérito solitario de una gestión deslucida: el acuerdo con bonistas para reprogramar la deuda privada.
La sobretasa de riesgo no sólo está peor que antes porque la conducción política del Gobierno nacional no cesa de mandar señales contrarias a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como lo explicó días atrás el exministro Domingo Cavallo, el acuerdo con el FMI no es por sí mismo ninguna garantía de salida. Un programa económico razonable puede serlo. Asumido con convicción por el país y propuesto a los organismos multilaterales de crédito y las potencias que los lideran. Es lo que el Gobierno elude hacer. La oposición no lo puede relevar en la iniciativa.
Es aquí donde entra a jugar un dato central. Algo que se percibe con mayor nitidez observando la política exterior: el cuarto gobierno kirchnerista está profundamente desorientado frente a la nueva coyuntura internacional. Esperaba, con una extraña dosis de candidez franciscana, un escenario pospandémico diametralmente opuesto.
Para Cristina, el mundo estaba en el anarcocapitalismo cuando la crisis de las subprime del año 2008. Una calamidad como la pandemia, caracterizada por su virulencia planetaria y la escasez de gobernanza global, debería haber sido entonces la crisis final del sistema.
No fue lo que ocurrió en el mundo. De la pandemia resultó una nueva guerra tibia entre Estados Unidos y China, dos potencias capitalistas. Y a corto plazo, una economía de la escasez, por los efectos del lockdown en las cadenas de provisión logística y energética.
En consecuencia, las alianzas externas con las que Cristina imagina soportar un nuevo modelo después de las elecciones -de confrontación con las potencias del Fondo Monetario- están demostrando su extrema fragilidad.
Ya no existe la amistad venezolana lubricada con petrodólares. De ese recuerdo sólo queda la aflicción por las incómodas declaraciones en España del exjefe de inteligencia chavista Hugo “el Pollo” Carvajal.
En ese contexto de extravío se explica el dislate protagonizado por Alberto y Aníbal Fernández al desentenderse de los efectos violentos del conflicto mapuche en la Patagonia.
Sebastián Piñera, el presidente conservador que concluye su mandato en Chile, resolvió militarizar la Araucanía por la escalada de acciones hostiles en el sur de su país. El respaldo judicial argentino a Facundo Jones Huala y el refugio deliberado a sus secuaces en Río Negro forman parte de una irracional respuesta diplomática en espejo.
El Gobierno naufraga a diario en un escenario político donde ha perdido su condición de mayoría. Y en una economía sobre la cual no tiene ningún control. Pero todavía ensueña una reforma normativa tan profunda en Argentina, como para admitir la distopía de una constitución plurinacional.
