La fiscal le responde a Berlusconi que en Italia la ley es igual para todos. Y éste le retruca: “Sí, pero yo soy un poco más igual que los otros ciudadanos porque la mayoría de los italianos en elecciones libres me ha conferido el mandato de gobernar... En una democracia liberal quien gobierna puede ser juzgado solo por sus pares, o sea, por los elegidos del pueblo. La casta de los magistrados quiere, en vez, tener el poder de decidir en lugar de los electores. Digo que ha llegado el momento de frenarlos”. De “El Caimán”, film de Nanni Moretti de 2006.
Todo, absolutamente todo lo que Cristina Fernández de Kirchner viene alegando a su favor en el juicio de Vialidad puede sintetizarse en esta cita (ya aparecida otras veces en estas páginas) donde el director italiano Nanni Moretti explica con brillantez el pensamiento de Silvio Berlusconi.
Exacto razonamiento central usó Cristina para defenderse, como enseguida veremos. El resto fueron adjetivos, amenazas y descalificaciones, dentro de la lógica confesada por ella a su fiel Parrili cuando le ordenó que vaya a “apretar jueces”. Algo que en forma patética intentó practicar el amigo presidencial y actual diputado nacional Eduardo “Gordo” Valdés cuando hace pocos años ideó la “Operación Puf”, donde explica cómo coimeó a un juez de Dolores para que le saque la causa de los Cuadernos al juez Bonadio y al fiscal Stornelli. Puf, desapareció todo, le dice Valdés a un cumpa preso implicado en el caso.
En 2015, incluso antes de “la Operación Puf”, sólo que recién ahora se conoce, tuvo lugar algo similar: la “Operación limpien todo” para hacer desaparecer -por la llegada de Macri- lo que del imperio constructor de Lázaro Báez pudiera comprometer al poder kirchnerista. También acá hubo Puf, con lo que desapareció todo.
Para más similitudes con el Berlusconi que dice que “ha llegado el momento de frenar a los jueces”, el senador Mayans lo plagia casi literalmente cuando afirma: “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio”, amenazando con el escarmiento si se sigue juzgando a Cristina.
Sin embargo, más allá de todas estas operaciones de cuarta y estas amenazas de quinta, veamos la filosofía política con la que Cristina se intentó defender, a falta de refutaciones concretas hacia las acusaciones.
La vicepresidenta dice que ella solo puede ser juzgada por la institución del juicio político. Berlusconi dice que puede ser juzgado solo por sus pares, o sea los elegidos como él, o en todo caso el pueblo mediante elecciones.
Al abogado Beraldi (fracasados todos los intentos previos de desactivar el juicio por cuestiones de forma) no le quedó más remedio que admitir lo que Cristina siempre negó hasta esta semana: la relación comercial de ella con Lázaro Báez. Pero sostuvo que todo fue legal. Tratando de llevar la increíble irregularidad de los negocios personales entre dos presidentes provenientes de Santa Cruz y el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz (que además se convirtió en eso, desde la nada, el mismo día que Néstor Kirchner llegó al poder nacional) a un tema que en todo caso puede ser criticado desde la ética o desde la política, pero nunca desde la justicia.
“No es corrupción o justicia, es nada más que justicia”, dijo al final de su alegato Beraldi tratando de refutar al fiscal Luciani, a quien acusó de hacer “lawfare”, citando en su apoyo al gran tratadista italiano Luigi Ferrajoli. Omitiendo que este estudioso también sostiene que “la corrupción política equivale a la violación de la ley por parte de los poderes públicos. En este sentido, supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho como también del sistema democrático, ya que la corrupción significa un doble Estado y, como fenómeno estructural, comporta la lesión de todos los principios democráticos”.
Al revés de Ferrajoli y cercana a Berlusconi, Cristina afirma que “los gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita”. Cuando Luciani, al igual que Ferrajoli, no hablan de todo el gobierno, sino de “un doble Estado”. Algo paralelo que se formó para delinquir desde el máximo poder político pero formado por no todos, sino por algunos integrantes del gobierno.
Además, es obvio que aunque sea elegido por el pueblo, un gobierno no puede por eso delinquir. El voto popular no sirve para dar impunidad.
Por su lado Beraldi afirma que ”el Poder Judicial es el menos democrático en términos de su conformación. En el Poder Ejecutivo o Legislativo los errores se corrigen a través de las elecciones y no de la criminalización”. Y si los jueces juzgan a los presidentes, lo que hacen “es sustituir la voluntad popular”, concluye el abogado defensor. Quien está diciendo que en política no se deben juzgar las denuncias de corrupción, sino que se las debe someter a la elección popular para que el pueblo juzgue con su voto. Alterando gravemente todo el sistema republicano basado -desde hace siglos- en la división y control de los poderes.
He aquí el meollo conceptual de la defensa de Cristina: la política está más allá del bien y del mal, o en todo caso es exclusiva cuestión de políticos y de electores. Que gente ajena a la corporación, como fiscales, jueces y periodistas no se metan con ella. Pero como saben que se seguirán metiendo, la propuesta final de esta concepción ideológica es eliminar cualquier atisbo de búsqueda de objetividad. Que todos los periodistas sean militantes (a favor o en contra pero militantes políticos) y que los magistrados judiciales sean elegidos en las boletas partidarias. Así, en ese mundo ideal, ya no habría más jueces ni periodistas independientes del poder político y entonces se lograría el sueño de una autocracia pero con voto popular. Ese es el cambio de sistema que propone Cristina para poder liberarse de sus cuitas. Acabar con el sistema republicano liberal para poder satisfacer los deseos de una sola persona, que como Berlusconi, se considera “un poco más igual que los otros ciudadanos”.
Sin embargo, mientras ese paraíso político soñado no sea realidad, habrá que seguir produciendo operaciones puf para hacer desaparecer todo prueba de probables delitos y para defenestrar jueces y fiscales. En particular aquellos que según Cristina le dieron “licencia social” a la banda de los copitos, lo que es igual a decir -sin eufemismos- licencia para matar. Repitiendo por enésima vez el argumento de la responsabilidad intelectual en su atentado de fiscales, jueces, periodistas y políticos opositores.
Pero si no se puede llegar a ese idílico mundo sin jueces ni periodistas, más realista, el doctor Zaffaroni se inclina por el indulto a Cristina, que no la eximirá de su culpabilidad ni la salvará para la historia, pero le evitará toda probable condena. Algo es algo.
*El autor es sociólogo y periodista. clarosa@losandes.com.ar
