La resolución del conflicto por las reformas en el funcionamiento de la Suprema Corte que propuso Rodolfo Suárez tuvo el aporte decisivo de los miembros del máximo tribunal. Hubo pleno consenso en la comisión legislativa que recibió la propuesta, salvo la negativa de la demócrata Mercedes Llano. Pero se acentuaron rispideces puertas adentro de la coalición gobernante por los planteos que hubo de parte de Pro.
En la semana cotejaron públicamente el ministro Víctor Ibáñez y el diputado nacional Omar de Marchi. Para el funcionario, los aportes que hizo el referente local macrista no sirvieron al fin de cambiar el proyecto, puesto que el planteo para la creación de cámaras como instancia previa a la Corte no formó parte de la propuesta enviada a la Legislatura y en caso de aplicarse puede reducir los casos, pero de ningún modo garantiza la eliminación del llamado “fórum shopping”.
En cambio, el diputado De Marchi no repara en si sus propuestas encajaron o no en el proyecto del Ejecutivo. Asegura haber influido para que se lograra el marco de diálogo entre partes, que se hallaba trabado y que terminó en lo que presentó la Corte.
Confirmó que la mayor objeción partió de su propio partido. “Si nosotros hubiésemos sido obsecuentes por la supuesta pertenencia a un espacio político no se hubiera abierto la discusión y se habría aprobado a libro cerrado un proyecto que era malo”, dijo en declaraciones periodísticas.
Agregó: “Hay cosas que por pretender sacarlas a las patadas no salen. Por ejemplo, no salió la reforma de la Constitución”.
Ibáñez criticó al diputado nacional por detenerse en un solo artículo de la Constitución, “habiendo tantas cosas importantes para modificar en el proyecto que no fue tratado”. Hizo así referencia, justamente, a la reforma de Suárez que duerme en despachos legislativos. Un pase de factura, como se dice cotidianamente.
Negociaciones
Realmente, en la Suprema Corte no había consenso para darle el sí a la propuesta del Ejecutivo. De haber existido ese consenso, el proyecto hubiese sido promovido por el máximo tribunal desde un comienzo. Hay que recordar que, en medio del entuerto legislativo, Suárez argumentó varias veces que desde el Gobierno habían hablado con cada uno de los jueces, los filoradicales y los filoperonistas, y que supuestamente no había objeciones. No se vio en los hechos.
La propuesta fue conversada largamente por Suárez con sus colaboradores leguleyos, principalmente el constitucionalista ministro de Gobierno. Y aseguran que no había nombres de magistrados que motivaran la decisión de reformar el funcionamiento. Niegan en el oficialismo que se apuntara a tal o cual miembro del máximo tribunal por su vínculo con la oposición justicialista. Aunque la Sala II fue la que siempre estuvo en la mira justamente por eso.
Existió siempre en el Ejecutivo la convicción de que el denominado “fórum shopping” ejerce una acción contra el Estado por el solo hecho de poder elegir el camino para una causa. Con lo que se pretende aprobar en los próximos días esa modalidad controvertida ingresará en vía muerta y Suárez logrará una de sus metas. El sorteo entre los siete jueces y el pleno del cuerpo en los casos que se pactan para ello es otra de las variantes que sustentaron la iniciativa.
El gobierno provincial fundamenta la eliminación del funcionamiento en salas y hace alusión a antecedentes de varios tribunales superiores de las principales jurisdicciones, aquí y en otros países, donde se falla en sesiones plenarias de todos los miembros y por mayoría.
Se ponen como ejemplos Corte Suprema de la Nación, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de Santa Fe, etc, por citar jurisdicciones importantes del país.
Otra anomalía vista por el Ejecutivo apuntaba al presidente de la Corte, que hasta ahora sólo preside la sala administrativa. Y siempre se buscó clarificar cuándo corresponde que se reúna el pleno del tribunal y cuándo no, o en qué momento.
En el Gobierno entienden que lo que la Corte trajo para poner a consideración de los legisladores significa la aceptación del proyecto presentado por el Ejecutivo, en el que se le dice adiós al “fórum shopping”. La diferencia es una suerte de gradualismo en la implementación de algunos cambios, razón por la cual el sistema de salas estará vigente hasta julio del año próximo. Cuando la reforma ya sea ley, su contenido se aplicará en forma inmediata para todas las acciones procesales administrativas y el sorteo de los tres jueces por causa.
Como se vio en la semana, el Gobernador no dejó de monitorear en su viaje a Brasil lo que ocurría en las negociaciones por su proyecto. Ante tanta indefinición, fue al ministro Ibáñez al que le encargó hablar con los jueces supremos para buscar encarrilar una discusión que se presentaba muy trabada. El Gobernador le encomendó proteger el espíritu del proyecto enviado a la Legislatura y luego derivado a la Corte. Públicamente, Ibáñez señaló que los aspectos fundamentales del proyecto, como dejar de lado el “fórum shopping” y cambiar el funcionamiento del máximo tribunal, no sufrieron alteraciones a través de lo que terminaron proponiendo los magistrados.
En el Legislativo, el oficialismo prácticamente se sentó a esperar qué novedad llegaba desde el Poder Judicial, manteniendo la premisa de firmar todo en la comisión para llevar el tema al recinto. Luego se impuso lo más sensato, aguardar una semana.
En lo referido a la propuesta de De Marchi para modificar el artículo de la Constitución que determina los requisitos para ser juez de la Corte, en el Gobierno consideraron que la exigencia de un determinado número de años sin ejercer la política no resulta constitucional, puesto que limita las condiciones de elegibilidad. Y también argumentan que en estos casi 40 años de democracia hubo varios casos, tanto en el radicalismo como en el PJ, de personas que pasaron de cargos políticos a la Corte sin que se sospechara de influencia política en su labor. De todos modos, la polémica seguramente continuará.
Obviamente, la propuesta del principal referente provincial de Pro no puede estar incluida en el paquete de reforma consensuado, ya que la iniciativa le corresponde a la política y debe tratarse en un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, tiene que ser puesto a consideración de la ciudadanía, como fija la Constitución local.
Además, no es de esperar que Suárez e Ibáñez acepten livianamente el abordaje de la modificación de un artículo de la Constitución, según lo que permite el sistema de enmiendas vigente y en el que apoya De Marchi, cuando su ambicioso proyecto de reforma constitucional enviado en 2020 por el Gobierno permanece inamovible.
Aun admitiendo, como se entiende en el gobierno provincial, que puede haber inconstitucionalidad en una propuesta que restringe la posibilidad de acceder a un cargo, es indudable que De Marchi buscó de algún modo tomar distancia de la pelea por poder que libran radicales y justicialistas a través de la Justicia y con las representaciones en organismos de contralor y otras áreas. Una vez arribada la propuesta de los jueces de la Corte, el representante de Pro en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Gustavo Cairo, se sumó a la amplia mayoría. Pero la toma de distancia se advirtió.
Probablemente se trate de un acrecentamiento de los aprontes preelectorales para 2023. Sin alejarse de Cambia Mendoza, De Marchi y su partido se preparan para una nueva propuesta de gobierno a los mendocinos. Con la confirmación de las fechas electorales que hizo Suárez en la semana en base al calendario propio que tiene la provincia los preparativos en los distintos frentes o partidos comenzarán a acelerarse.
