Aun en medio de sus abiertas disputas de conventillo, el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández tomó durante la semana cuatro definiciones clave para el futuro inmediato del sistema político.
Resolvió cuándo se votará; con qué herramienta central disputará el voto; cómo financiará su campaña y qué quiere hacer con un eventual triunfo.
Detrás del tumulto que suele caracterizar a sus acciones se puede observar una línea de simultaneidad: el oficialismo acordó con la oposición la fecha y modalidad de las elecciones de este año; mientras al mismo tiempo anunciaba un nuevo paquete de ayuda social; enviaba señales de postergación de pagos al FMI y le ratificaba a la sociedad la decisión de cambiar la arquitectura institucional de la administración de justicia.
Se votará este año, lo más lejos posible de la crisis sanitaria y del invierno letal de la economía. A esa prórroga la consiguió el Gobierno enfrentando a la oposición con el espejo de su propio desorden interno. La oposición validó el pretexto de una emergencia sanitaria de segunda ola todavía vigente para los lejanos días de octubre.
Al mismo tiempo, el oficialismo exhibió la herramienta elegida para disputar el voto. Ya no será la vacuna. Esa ilusión de un nuevo asistencialismo fundado en el trueque de pinchazos por votos quedó mortalmente herida con el escándalo de las vacunaciones de privilegio. Falleció por inanición cuando los aliados geopolíticos y los falsos influyentes dejaron de remitir las vacunas necesarias para llegar al invierno.
El oficialismo ya decidió regresar al método tradicional: pago en efectivo, con cargo a las partidas asistenciales del Estado y discurso de empatía con la debilidad del más débil. Una ventaja presupuestaria a la que nunca accederá la oposición.
Se trata de un instrumental decisivo que requiere de un vasto financiamiento de campaña. Durante la semana, el oficialismo fue blanqueando cómo piensa conseguirlo: emisión monetaria sin respaldo; apriete fiscal sobre los sectores privados que el Gobierno considera adversarios políticos; más presión en la olla del congelamiento de precios. Dólar reprimido con cepo y endeudamiento; tarifas en nivel Basualdo. Y postergación sin fecha del pago de vencimientos a los acreedores institucionales externos.
Estas alquimias electorales todavía tienen que remontar tres fracasos graves: la gestión desgraciada de la emergencia sanitaria; la profundización de sus dolorosos efectos económicos y sociales; y el deterioro en la credibilidad de sus ejecutores.
La foto de unidad que el Gobierno fabricó tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia es la imagen de un equipo en pose de unidad forzada por la necesidad política. Comparada con la imagen pública de sus protagonistas medida en cualquier encuesta, esa imagen equivale poco menos que a la suma de los rechazos.
El desgaste de ese elenco protagónico no es sólo un daño ocasionado por la lluvia ácida de la pandemia global. Es un deterioro provocado por lo que hizo con el país frente al desafío de la pandemia global: llegar tarde a la prevención; salir tarde del confinamiento; llegar tarde a la compra de vacunas; demorar sin plazos el arreglo de las deudas; autoexcluirse por mora de los efectos de la recuperación.
Ante el desgaste, la conducción política del Gobierno eligió viajar al pasado. Atrincherarse en los días del fracaso económico de Axel Kicillof. Los mismos días en que Cristina decidió confrontar con la realidad atacando todo aquello que le huele a indisciplina social: los jueces, los medios, la disidencia política. Una persecución que empieza con el patrullaje interno de su propia coalición.
Sin ese reflejo de encapsulamiento, no se entiende el griterío exaltado de Alberto Fernández contra la Corte de Justicia. Esos jueces sacaron un fallo más que previsible sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, labraron una sentencia cuidadosa, aclarando que la Corte no se arrogaría nunca la sapiencia necesaria para determinar medidas de prevención epidemiológica. ¿Por qué entonces la reacción intemperante del Presidente?
La explicación es una y grave. Porque el oficialismo está recurriendo a los tribunales con intereses mezclados: reclama con la misma voz, y con la misma intensidad, por cuestiones de Estado y por complicaciones personales de Cristina Kirchner, sus familiares y amigos. Aflicciones a las que el Gobierno eleva al rango de cuestión de Estado.
Para el Gobierno esa mixtura improcedente es una complejidad inevitable. Su pecado de origen. Y una confirmación adicional de la cuarta definición que ya hizo pública: qué hará con un eventual triunfo en las elecciones. Si consigue las bancas necesarias en el Congreso Nacional, retomará proyectos de mayor agresividad contra el sistema institucional.
El senador bonaerense Francisco Durañona relanzó la idea de ampliar la Corte Suprema con un representante por provincia. Una multitud de integrantes, pero con paridad de género.
La inflación de cortesanos tiene reminiscencias de la experiencia puesta en práctica por la dictadura venezolana. La comparación con Venezuela no necesita de extrema pulcritud en la analogía. Sin una militarización similar, Argentina no será lo mismo que el régimen auditado por Diosdado Cabello. Pero puede acercarse a sus efectos si la economía deriva en papel moneda devaluado como para cargar un sueldo en carretilla. O si termina armando un tribunal superior similar al de Nicolás Maduro.
*El autor es De nuestra Corresponsalía en Buenos Aires.
