En 1940 seis diputados nacionales, tanto oficialistas como opositores, fueron acusados por un senador nacional cercano al gobierno, de instrumentar una maniobra para cobrar sobornos, en la expropiación de tierras para el aeropuerto militar del Palomar.
De inmediato fueron expulsados de la Cámara de Diputados y de los respectivos partidos políticos.
Nadie dijo “que se expida la justicia” o que “hay presunción de inocencia” o que “hasta que la condena este firme en todas las instancias no puede expulsarse a nadie de la Cámara”.
Tampoco ninguno habló de lawfare ni acusó a connivencias entre medios, oligarquías, grupos empresarios, sinarquías, imperialismos varios, a que nos tienen acostumbrados desde hace largo tiempo algunos personajes para explicar sus falencias, fracasos, desmanes e incluso crímenes.
Simplemente se actuó con celeridad y decisión, porque, aún imperaban valores que apreciaban el prestigio social, el nombre limpio, el honor, la trayectoria, la decencia.
Hoy molesta cómo ofenden la inteligencia, negando el plan de saqueo orquestado por Néstor Kirchner y continuado por su esposa y sucesora en la presidencia.
Si un secretario privado, como lo era, Daniel Muñoz, pudo acumular una fortuna superior a los cien millones de dólares, ¿puede negarse la corrupción de la familia presidencial?, ¿en qué país del mundo un secretario privado de un jefe de estado puede lograr ese patrimonio? Seguro en ninguno en que impere el derecho y cuente con instituciones fuertes.
Pero sobre todo molesta y duele que, sectores juveniles, tradicionalmente los más cuestionadores del poder, los supuestamente más principistas y más reclamantes de reformas por la natural frescura de la edad, plena de esperanzas en el mejoramiento social, tengan tanta obsecuencia con la familia que organizó el saqueo más escandaloso de la historia argentina, además de haber desaprovechado por su incompetencia, ignorancia, prejuicios y aldeanismo, la oportunidad más cierta que tuvo nuestro país para iniciar un ciclo de crecimiento y desarrollo que posibilitara abatir la pobreza y evitar la indigencia.
Cristina Fernández sabe que las causas demoran, antes de una sentencia definitiva, demasiado tiempo. Por eso lo que la irrita, no es el temor a la cárcel, sino la exposición diaria del alegato de los fiscales, a la que se sumarán, más pronto que tarde, otros alegatos, como, el de la causa de los cuadernos.
No puede ocultar ante la sociedad la magnitud de las conductas escandalosas de su familia y su proyecto de apropiarse de empresas.
Las pruebas abrumadoras llevan a los abogados de Cristina y cómplices a defenderla con chicanas pues no pueden presentar nueva refutación creíble de las pruebas. Y llevan a ella y sus genuflexos a decir disparates que agravian el estado de derecho.
Su corte de pobres gentes degradan las instituciones y a ellos mismos, atacando a los jueces y fiscales que no consiguieron doblegar. Sólo les queda la chicana y la amenaza.
Para colmo los jueces del tribunal oral y los fiscales acusadores ocupan sus cargos a propuesta del gobierno de Cristina, que además controlaba el Consejo de la Magistratura y el Senado. Carecen hasta de la posibilidad de chicanear que fueron nombrados por Macri.
Mientras tanto, jueces delincuentes como Walter Bento, aún ocupan sus juzgados, como en otros tiempos no tan lejanos lo hicieron con el beneplácito de los Kirchner y sus adulones, los Canicoba Corral o los Oyharbide y tantos otros que están al servicio del poder en la mayoría de las provincias argentinas.
Todo esto sucede en medio de una crisis económica social consecuencia de años de no encarar el problema de la erosión de la moneda nacional, que afecta los ingresos de los trabajadores, impide al ahorro y como consecuencia inevitable desalienta la inversión.
Hace dos décadas que la tasa de inversión es inferior a los dos dígitos, es decir no alcanza para reponer el capital productivo del país y su infraestructura.
Lamentablemente no tenemos un presidente sino un empleado de la acusada de corrupción y compitiendo para ser el más genuflexo.
El que presume de ser hijo de un juez, aunque no lo sea y de ser profesor de derecho, aunque no ganó ningún concurso de oposición, está demostrando escasos conocimientos en lo que presume conocer con su tendencia a opinar sobre magistrados, juicios y sentencias violando el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, empezando por su artículo 36.
Su participación en el programa A dos voces y sus comentarios sobre el asesinato de Nisman, demostrado en sede judicial, y su alusión a un posible suicidio del fiscal Luciani ya incluye al señor Fernández por sus dichos canallescos en la historia universal de la infamia.
Por otra parte, recordando la frase “dime con quien anda y te diré quién eres”, observamos al denominado “superministro” Sergio Massa, rodeado de los, que solo saben hacer negocios en base a sus vinculaciones con el poder, monopolizando los depósitos oficiales en los bancos provinciales, o vendiendo bienes y servicios al Estado o gozando de privilegios fiscales y aduaneros como los otorgados en Tierra del Fuego.
En cambio el país que genera la riqueza y los dólares, se capacita, trabaja, innova, crea, construye sigue ausente en el interés de la política, salvo, para expoliarlo.
* El autor de la nota es Historiador. Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia.
