La reciente decisión adoptada por el presidente de la Nación quitando por decreto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,18% de la coparticipación secundaria, resulta inoportuna, irrazonable e inconstitucional.
Inoportuna, por cuanto priva a CABA, en medio de la pandemia más grave que ha vivido la Argentina en su historia, de más de 30 mil millones de pesos presupuestados como recursos legítimos para atender la salud y la seguridad de los habitantes de la Ciudad y de las más de 4 millones de personas que entran por día a esa jurisdicción.
Irrazonable, porque con esta decisión se premia una mala administración como es el caso de la Provincia de Buenos Aires en desmedro de una administración ordenada, como es la de la CABA. Todo ello frente a la urgencia y preocupación que generó el reclamo de un sector de la policía bonaerense. El conflicto presentado y la solución propuesta, no se condicen ni corresponden.
Además, el decreto es inconstitucional. El artículo 8 de la ley de Coparticipación delega en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de disponer por decreto un porcentaje de coparticipación. Mediante decreto 705/2003 se fijó a partir del 1/1/2003 la participación que le corresponde a la CABA en el 1,40% del monto total de lo recaudado.
Por decreto 194/2016 se fijó el coeficiente de participación de CABA en el 3,75%. El aumento de la coparticipación dispuesto por Macri respondió al traspaso de la policía metropolitana a CABA, todo ello respetando el artículo 75 inciso 2 de la Constitución el cual establece que: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires, en su caso”. Justamente es por esto que el decreto 735/2020 dictado por el Presidente viola la Constitución al reducir en 1,18% la coparticipación que se le otorgó a CABA al transferir a la misma la Policía Federal.
CABA no es la única jurisdicción perjudicada. Mendoza ha sido víctima de una sistemática quita de recursos. No sólo por la baja constante en los ingresos reales por coparticipación federal -la cual disminuye al ritmo de la baja en la recaudación- sino también por las decisiones en contra de la provincia en el manejo de fondos discrecionales por la Nación. Así, los mendocinos somos los argentinos que menos transferencias presupuestarias recibimos del gobierno nacional por habitante. Recibimos la mitad que el promedio del país y menos del 20% respecto de la provincia que más recibe (La Rioja).
Asimismo, en las provincias donde gobierna Juntos por el Cambio, cada habitante recibió $ 3.417 en lo que va del año. En el resto del país $ 5.276, un 54% más. Esto muestra esa contradicción entre un país federal, pero con una administración discrecional de los recursos.
Es claro que necesitamos una nueva ley de coparticipación, pero no será realmente viable hasta que la Nación aporte recursos que hoy retiene indebidamente, cuando ya se transfirieron a las provincias responsabilidades relacionadas con la educación, la salud, la seguridad, entre otras. Además, se han perdido fondos específicos como el Fonavi, los fondos viales, etc. Así, la Nación aparece compitiendo –generando zonas grises, superposiciones y desvío de esfuerzoscon las provincias y estas con los municipios. Este es el camino necesario para hacer del federalismo algo real y no un simple enunciado.
