El presidente de la Nación redujo por decreto el porcentaje de coparticipación federal que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo argumentó en la necesidad de ayudar a la provincia de Buenos Aires a solucionar el reciente conflicto policial por reclamos salariales y avanzar en un ambicioso plan de seguridad.
Así, en forma repentina, la administración porteña perdió un punto de los recursos coparticipables, lo que equivale, en un cálculo estimado, a unos 45 mil millones de pesos para 2021 y 9 mil millones para lo que queda de 2020.
Sorprendió la decisión del titular del Ejecutivo Nacional, porque con el argumento de la asistencia financiera al gobierno bonaerense arrebató recursos a otro Estado en forma totalmente discrecional.
Fue una resolución que vulneró principios constitucionales que le otorgan al Congreso de la Nación la facultad del ordenamiento de la distribución de los recursos federales coparticipables, si bien la acción sólo apunta a una provincia y no toca recursos de las demás.
Es válida, por lo tanto, la decisión del jefe de Gobierno porteño de recurrir a la Justicia para defenderse de la inconsulta embestida y pedir que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de la medida.
La intención del actual gobierno nacional de revisar lo que recibe CABA en materia coparticipable no es nueva. En plena campaña electoral la idea fue blanqueada por la entonces senadora nacional y actual Vicepresidenta de la Nación. Y el presidente Fernández alcanzó a plantearle el tema al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta a poco de asumir. No hace mucho, en Santa Fe, el Presidente habló de la “opulencia” porteña.
El viernes, el ministro del Interior. Eduardo De Pedro, blanqueó el motivo de la intempestiva decisión; dijo que el gobierno de la capital argentina “siempre supo que recibió recursos de más”.
Hizo alusión a la gestión del ex presidente Macri, que a comienzos de su mandato triplicó los recursos destinados a la administración porteña también por decreto.
Pero es muy discutible la comparación; aquella acción del presidente Macri fue para financiar parte del traspaso de la Policía Federal a la de la Ciudad. No parece equitativo, por lo tanto, utilizar el mismo mecanismo para asistir a una institución policial que, según coinciden en el ámbito político, acarrea problemas estructurales durante varias décadas. Y también cabe preguntarse si la decisión del Ejecutivo nacional hubiese sido la misma si en lugar de un dirigente de la oposición nacional estuviese al frente del Gobierno de CABA uno del mismo espacio del presidente de la Nación. Señal de alerta para otros mandatarios provinciales que no pertenecen al Frente de Todos, como es el caso del de Mendoza.
La pandemia sigue acechando a la población argentina. Justamente, fue el abordaje de ese flagelo el que unió de manera ejemplar durante muchos meses al titular del Ejecutivo nacional con los responsables políticos del Area Metropolitana Buenos Aires.
El perfil consensual del jefe de Gobierno porteño apuntaló esa suma de voluntades para afrontar la emergencia sanitaria.
Es por ello que Rodríguez Larreta tiene derecho a sentirse defraudado por la medida tomada en contra de su administración.
Priorizar lo partidario no es la forma correcta para cumplir con la promesa de intentar cerrar la grieta que divide a los argentinos.
