La reciente batalla desencadenada por las multas relacionadas con la ley de registro de contratos de compra-venta de productos agrícolas en Mendoza (9.133) ha vuelto a poner en discusión la utilidad de esta normativa.
El escenario planteado es simple: los empresarios, mayoritariamente del Sur, argumentan que esta ley es inconstitucional, mientras que desde el Gobierno se defiende como una medida que busca equilibrar las relaciones comerciales y salvaguardar los intereses de los productores. Sin embargo, los afectados por las multas, tal como informó Los Andes, han optado por rechazar los pagos y han recurrido a la Justicia para impugnar la normativa en su totalidad.
Si bien las multas emitidas hasta el momento representan una pequeña fracción en comparación con la gran cantidad de contratos anuales (aproximadamente 8.500), la queja suena extemporánea.
En Mendoza es muy poca la información pública disponible en Mendoza sobre cuánta fruta se cosecha efectivamente, cuánta se envía al mercado y en ese circuito habría muchos negocios que se manejan de manera “informal”. El sector no tiene ni está acostumbrado al control que hace el Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre la vitivinicultura y la uva en particular.
De hecho, la mayoría de los datos disponibles son estimaciones y en ellas poco se puede distinguir sobre variedad, calibre o destino.
En un mercado donde los consumidores demandan cada vez más conocer la trazabilidad del producto y donde es fundamental ser sumamente transparente en todo el proceso, resulta imperativo contar con normativas claras que brinden seguridad y transparencia a lo largo de toda la cadena. Al fin y al cabo, estas medidas, siempre perfectibles, fomentan relaciones comerciales justas, evitan abusos y promueven una mayor claridad en las transacciones agrícolas.
Dejar al productor desamparado y sin una herramienta para hacer valer sus derechos no parece una salida.
Es responsabilidad de todos los actores del sector reconocer la importancia de cumplir con los acuerdos y trabajar juntos para garantizar un entorno justo y equitativo para todos los involucrados en la cadena de producción y comercialización de productos frutícolas de Mendoza.
