Constitución de Mendoza: peligros de la reforma

La Constitución de Mendoza debe evitar que la provincia sea un feudo, además de hacer respetar los principios, declaraciones y garantías establecidos en la Constitución Nacional y ordenar el régimen municipal, elementos fundamentales del federalismo.

La reforma puede abrir el camino a perder el principio de la Constitución de Mendoza de 1895. Esta impidió que al gobernador y vice los suceda un familiar.

La Constitución Nacional imposibilitaba la reelección, sin embargo en las provincias aparecieron los gobiernos de clanes familiares.

Los propulsores de la actual reforma afirman que al no estar incluida la reelección, se mantiene la tradición republicana. Esto puede ser una trampa.

La observación de lo sucedido en otras provincias, tras las reformas sucesivas, indica lo arriesgado de este camino.

¿Por qué? La propuesta de imponer un sistema mixto para la elección de la legislatura permite la formación de mayorías legislativas, que no son genuina representación de los votos populares.

El sistema uninominal o mixto, entre el proporcional y el uninominal, generó las mayorías que llevaron a las reformas que permitieron la reelección indefinida en Catamarca, Formosa y Santa Cruz o a los tres períodos en Córdoba y San Juan.

Además, lo propuesto es una violación al principio de igual valor del voto.

Los sistemas mixtos han provocado que los oficialismos con el 34 % de los votos logren más de dos tercios de las bancas, eso lleva a la hegemonía y al feudo.

La situación actual de escasa calidad institucional en San Luis o Salta se debe a los sistemas uninominales.

En tanto, la supresión de la elección de medio término le da al gobernador un poder omnímodo, al elegirse la legislatura en la misma elección. La disminución de las mayorías para reformar la constitución, es otra propuesta para incrementar el poder del ejecutivo.

El disparate de la eliminación del Senado puede ser otra trampa. Es preciso recordar varios dislates para fundamentar la continuidad de la bicameralidad, como la reforma de la Ley de aguas y la legislación sobre uso del suelo.

Las instituciones son un tema muy serio para someterlas a la demagogia electoralista.

El gasto político no se reduce con suprimir una cámara. Córdoba es un ejemplo, al año de haber establecido la unicameralidad, el gasto era mayor.

Es necesario terminar con los contratos de asesores y parientes. No queda exento el poder ejecutivo.

Tampoco es cierto que la Constitución mendocina sea tan vieja. En 1965, la convención constituyente se declaró soberana y aprobó muchas modificaciones a la de 1916. Posteriormente hubo enmiendas como el restablecimiento del voto directo para la elección de los gobernadores e intendentes y la limitación del mandato de los intendentes. Sería bueno incluir una cláusula anti nepotismo en los departamentos, donde hay mini feudos como en San Rafael.

Cuando se aprobó la reforma de 1965, a pocas cuadras había fincas con viñedos. Hoy Mendoza conforma una región metropolitana que requiere estudios para gobernar esa realidad nueva.

Hay que incorporar restricciones de tiempo a los funcionarios del ejecutivo antes de ser nominados a la Corte, el ministerio de gobierno no debe ser la antesala del nombramiento en el tribunal supremo.

El fortalecimiento y modernización de los organismos de control y la conformación de una auditoría independiente son indispensables.

La reforma requiere un consenso que debe comenzar con establecer aquello que no se va a reformar. Ese acuerdo facilitó la reforma de la Constitución Nacional en 1994. En Mendoza durante el gobierno de Iglesias, se conformó una comisión de los tres partidos con representación parlamentaria, que logró acuerdos fundamentales

Tenemos los resultados de reformas encaradas en otras provincias, que demuestran que no hubo mejoras en la calidad de vida de sus pueblos. El único logro fue la consolidación de regímenes anacrónicos, que junto a contratistas, bancos provinciales privatizados y el control de medios de comunicación tienen al Estado al servicio de sus intereses.

*El autor es ex Diputado Nacional.