Recientemente hemos sido informados por distintos medios periodísticos de una trascendente y clave decisión del Consejo de la Magistratura mendocino: La remoción en pleno de todos y cada uno de los miembros de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y faltas.
No hay antecedentes de tal magnitud desde su creación en la época del Gobernador José Octavio Bordón, al promover la reforma del novedoso art. 150 de la Constitución Provincial y que colocara a nuestra Provincia a la vanguardia en materia de selección de magistrados.
Y lo realmente relevante es que la decisión ha sido tomada en forma unánime por el Consejo, en donde están representados los magistrados, la misma Suprema Corte de Justicia, los diputados del oficialismo y oposición, el Poder Ejecutivo y el estamento de los abogados.
En un equilibrio de poderes y representaciones que resulta ser muy provechoso y saludable.
Por algunos medios periodísticos se ha hablado de “alborotos, denuncias o escándalos”.
No lo veo de ese modo.
Lo cierto es que se trata de un acto institucional trascendente y debe aplaudirse la decisión del Consejo de terminar con actos viciados y violatorios del Reglamento vigente, y debo valorar la decisión de Vocales del Consejo de asistir personalmente -como es su derecho- para verificar que las Comisiones Asesoras (quienes toman los exámenes técnicos en cada área), y que ello haya permitido verificar graves infracciones al Reglamento, en especial, art 32 y concordantes.
Por supuesto que según medios periodísticos dicha resolución ha sido cuestionada por los afectados, pero como acto administrativo se presume estable, legítimo y regular mientras no se lo haya revocado.
Y la unanimidad en la toma de la decisión hace suponer una muy poco probable modificación.
Resulta bochornoso que magistrados, abogados en ejercicio penal, profesores de derecho penal, miembros de la “academia mendocina”, que integran dicha comisión, hayan cometido según el propio Consejo, tamañas irregularidades, evaluando a los aspirantes en abierta violación a las normas reglamentarias que debieran cumplir y respetar.
Mendoza no tolera más estos malos ejemplos.
Los ciudadanos merecemos más. Jueces de calidad examinados por evaluadores de calidad, que respeten las normas.
Nadie debe ser impune y menos ellos, quienes ejercen una responsabilidad mayor.
Tuve el honor profesional y personal de integrar como Miembro Titular el Consejo de la Magistratura representando al estamento abogados y compartir las sesiones de este con juristas relevantes como el Dr. Alejandro Pérez Hualde, la Dra. Liliana De Paolis de Aymerich, Dr. Pedro Llorente, Dr. Victor Sosa, Dra. Romina Ronda, Dr. Victor Scatareggia y otros, y jamás nos pasó algo parecido.
Visité en su momento exámenes a aspirantes en la Comisión Civil y pude comprobar la rectitud de los exámenes escritos y orales.
Lo que ha pasado acá genera una enorme desazón, y celebro que por un momento se haya superado la grieta y se concordara en que no puede haber cotos anómicos en ningún organismo oficial.
Felicito a los miembros del Consejo que se pusieron el tema al hombro y a todos los demás que apoyaron y decidieron terminar con modos y costumbres que tan poco bien le hacen al Poder Judicial de Mendoza.
Por ello no hay crisis, sino una gran oportunidad para dar un salto de calidad en la selección de nuestros magistrados y magistradas.
* El autor es Abogado. Ex Miembro Titular del Consejo de la Magistratura.
