Esta vez el DNU presidencial sobre la cuarentena no fue controversial, como aquel de mediados de octubre que hizo pensar al gobierno de Suárez que Mendoza podía verse obligada a volver a fase 1. En este caso el mensaje del presidente Fernández, del viernes, fue más tranquilizador porque nuestra provincia, como otras y el AMBA muestran una baja notoria de casos de contagio o bien un “amesetamiento” de los mismos, lo que permite suponer que la curva comenzaría a descender. Y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva ya no es asfixiante.
Además, en esta oportunidad el Gobernador se adelantó al decreto nacional con su reclamo para que Mendoza pasara del aislamiento obligatorio a la fase de distanciamiento finalmente establecida. Entienden en el entorno de Suárez que esos pedidos anticipados pueden haber allanado el camino a la aceptación de la situación en esta provincia, independientemente de que la medida presidencial sigue impidiendo la realización de las reclamadas reuniones familiares. En esto sí hubo alguna sorpresa en el gobierno mendocino. A priori se entiende que con aislamiento social el gobernador de una provincia está más limitado a las autorizaciones de la Nación para abrir actividades, no así con el estado de distanciamiento, que entra en vigencia nuevamente. Cuestiones interpretativas que no impedirán que el jefe del Ejecutivo local siga intentando más flexibilidad para la vida social de los mendocinos.
Aquel decreto de la discordia había alterado la relación del gobierno local con la Casa Rosada. En el justicialismo admitían que hubo en aquel mensaje presidencial imprecisiones que de algún modo justificaron la reacción de Suárez contra el supuesto retroceso en materia de restricciones. El vínculo luego se fue reconstruyendo semana a semana y ahora la nueva medida nacional encuentra a Suárez con una relación calma con la Presidencia, de acuerdo a lo observado por los dirigentes del kirchnerismo local más cercanos al poder central. “Ni amor ni odio… Calma”, aseguran.
En cambio, sí hubo turbulencias en la semana entre el oficialismo y el peronismo local por imprudentes conceptos de una diputada de Cambia Mendoza, a través de las redes sociales, dando certeza al número oficial de 30.000 muertes en la Argentina por Covid-19 y poniendo en duda igual cifra de muertos y desaparecidos durante la última dictadura. La oposición, liderada por el kirchnerismo, pidió una sanción a la legisladora del oficialismo, a lo que se negaron el radicalismo y sus aliados. Esto llevó a que el justicialismo abandonara sus bancas en señal de repudio.
La relación quedó tensa, prácticamente rota por el momento, pero entienden en la oposición que es factible recuperarla si hubiese un gesto de parte del oficialismo provincial. Los más cautos en el kirchnerismo consideran que todo puede quedar limitado a una “pelea del momento”, pero igualmente esperan una señal desde el oficialismo. Aducen que al menos la aplicación de un apercibimiento público o una leve sanción disciplinaria a la legisladora hubiese sido suficiente para demostrar voluntad correctiva ante una expresión fuera de lugar.
El dato no es menor. Cambia Mendoza debe avanzar en las dos cámaras para otorgarle al Ejecutivo el Presupuesto 2021. En el justicialismo ya venían insinuando un respaldo mayor que en la anterior oportunidad, incluso con los pedidos siempre cuestionados de reacomodamiento de la deuda de la Provincia.
¿Qué motiva dicho romance político? Probablemente tomar conciencia de que las negociaciones que falta llevar a cabo por la Nación por la deuda (FMI) y medidas de reacomodamiento fiscal que serán necesarias en dicho contexto requerirán del correspondiente acuerdo parlamentario. En esos asuntos ya ha mostrado Juntos por el Cambio voluntad de acompañamiento desde el arranque del nuevo gobierno. Es importante la imagen hacia afuera en temáticas que trascienden el tiempo de una gestión y pueden ser necesariamente abordadas por otro alineamiento partidario. Por ello, el voto de apoyo de los legisladores nacionales que representan a provincias conducidas por Juntos por el Cambio es lógico que requiera algún tipo de reciprocidad a nivel local. El tiempo dirá qué ocurre en el Congreso y en la Legislatura local.
Por otra parte, en el justicialismo local están definiendo el proceso electoral interno. Se insiste con la posibilidad de que la conducción partidaria sea para la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. El acuerdo de unidad alcanzaría, obviamente, a los hermanos Félix, que de algún modo siguen representando a los sectores no kirchneristas del peronismo provincial. Todos guardarían fuerzas para sí competir internamente en el 2023, cuando otra vez se ponga en juego la Gobernación.
¿Volverán los demócratas?
En una entrevista con Los Andes, durante la semana, el diputado nacional Omar De Marchi expresó el deseo de que el Partido Demócrata vuelva a Cambia Mendoza. El referente del Pro mendocino le pidió al oficialismo (básicamente al radicalismo) esa intentona.
De Marchi aclara que él no pretende constituirse en mediador entre el gobierno de Suárez y los demócratas para buscar la reconciliación, pero sí considera que los actuales “son tiempos para exponer fortalezas y no debilidades”. Está convencido de que no es bueno para Cambia Mendoza que un partido con mucha tradición política y consolidado institucionalmente deje de pertenecer al espacio que gobierna por razones que se podrían reacomodar dialogando.
Quienes, como De Marchi, quieren que el Partido Demócrata revea su decisión sostienen, además, que el tiempo que aún falta para las elecciones parlamentarios da el margen necesario para recuperar a uno de los partidos que formaron Cambia Mendoza en 2015.
Hay en el seno demócrata el convencimiento de que la fractura que se observa hoy entre dirigentes partidario que ocupan bancas en Diputados de algún modo obedece a la aludida falta de diálogo y búsqueda de consensos que le achacan al radicalismo. Una especie de paralelismo con la división que se produjo en el PD durante el gobierno de Cornejo entre los “gansos” que fueron funcionarios de esa gestión y los que expresaron fuerte disenso con el Ejecutivo en temas muy puntuales, como la reforma constitucional o la conformación de la Corte.
Como señalamos en este mismo espacio hace una semana, fue Suárez el que durante la campaña previa a su elección como gobernador logró que el PD se sumase otra vez al oficialismo tras el alejamiento por el enojo con Cornejo. Con más razón ahora podría encargar la misma acción porque los planteos incluyen a su actual gestión.
La reciente decisión judicial que dispuso la reapertura de paritarias con gremios estatales tal vez también alerte al Ejecutivo sobre la necesidad de no descuidar ese frente. Es parte de la gestión. Esto, sin desconocer que es válido el argumento del cumplimiento, en tiempo y forma, del pago de sueldos durante los meses duros de la pandemia, en un contexto de caída de la producción y baja recaudación de impuestos. En igual medida enciende alarmas el insistente reclamo del gremio de profesionales de la salud, que representa a un sector muy expuesto en tiempos de pandemia.
La loable búsqueda de consensos también debe darse puertas adentro de la política, tanto partidaria como gremial. Son detalles a tener en cuenta.
