El agua, sobre todo la que llamamos “dulce”, es un elemento escaso en la Tierra, y sea que lo consideremos un elemento cotizable en bolsa o un derecho humano, al cual todos los seres vivientes deben tener acceso, el sentido común nos indica que es algo que debemos cuidar, no contaminar y usarlo de forma eficiente.
En Mendoza, la relación con ese elemento ha distinguido a sus habitantes, desde épocas de su fundación, y aún antes, del resto de los habitantes de esta zona del planeta. En la provincia se destina 84% del agua proveniente de varios ríos para riego agrícola, mientras que para el abastecimiento de la población se destina sólo 9%, para uso recreativo/ambiental, 4%, para uso público, 2% y uso industrial, 1%. También se usa para esos usos agua proveniente de acuíferos subterráneos, pero en un porcentaje mucho menor en relación a fuentes superficiales. Las preguntas que corresponde hacerse viendo esa “distribución” del consumo serían:
• ¿Quién debería hacer el mayor esfuerzo para lograr un uso del recurso agua más eficiente?
• ¿Quién debería evitar las pérdidas innecesarias y el derroche de ese recurso?
• ¿En qué sector se lograrían las mayores economías? ¿En el consumo humano, en el industrial, en el uso recreativo/ambiental o riego agrícola?
Si tenemos en cuenta lo dicho en cuanto a la incidencia de los diferentes usos que se hace del recurso agua (dulce), vemos que el riego agrícola consume 84%, mientras que los otros usos sumados consumen 16%.
De allí que sacar cuentas es algo muy simple. Un ahorro, por más pequeño que sea, sobre ese 84%, arrojará economías más sustanciosas que si se evitan pérdidas y derroches, o un aprovechamiento más eficiente, en cualquiera o todos los otros usos.
Es indiscutible que si ahorramos por ejemplo en el consumo humano (9%), el evitar pérdidas y derroches por parte de operadores de agua potable y sus usuarios, o si hacen un uso más eficiente estos últimos, redundará en algo respecto a una economía general del agua, pero no a los niveles que se daría si en el riego agrícola se usara masivamente el riego por goteo o por aspersión. Sí es de destacar que ese uso más eficiente del agua potable permitirá que con igual producción y distribución se pueda dar servicio a más habitantes, y no sea necesario realizar grandes inversiones en el corto plazo para incrementar la producción o mejorar la distribución. Además, dado que el agua potable es un elemento al que se le ha agregado valor por el proceso de depuración, desinfección y traslado, las economías realizadas en este uso, significan mayores valores económicos que si se lograran sobre idénticos volúmenes de agua sin tratar.
Y el tema queda entonces aclarado: si queremos hacer economía de agua potable, se deben aplicar programas que eviten pérdidas en producción y macro distribución (por parte de los operadores) en primer lugar, y luego mediante la micro medición (habiendo la Legislatura previamente aprobado un nuevo Régimen Tarifario) los usuarios harán un uso más eficiente, dado que lo sentirán en sus bolsillos. Pero esta inversión en el Sector Agua Potable, no contribuirá más que a dilatar grandes inversiones en dichos sistemas, y no como un gran aporte en la economía del uso de agua dulce.
El aprovechamiento más eficiente del recurso en el sector agrícola depende, en una parte del Estado, al impermeabilizar y mejorar canales, acequias y acueductos de distribución, mientras que básicamente depende, de los propietarios de tierras irrigadas, que en lugar de aplicar riego a manto, cuya eficiencia no supera 30%, apliquen otros sistemas más modernos de riego, como son aspersión, riego por goteo, etc.
Quizás estos últimos aduzcan que los productos que producen no tienen valor suficiente para poder realizar las inversiones que demande un cambio en el sistema de riego, y entonces debería entrar allí nuevamente el Estado regulador, no solo para evitar intermediarios innecesarios, sino también distinguiendo con créditos blandos o reducción de impuestos a aquellos propietarios que apliquen el cambio de sistema de riego lo antes posible. Esto demanda políticas de Estado de largo plazo con las que deberían estar de acuerdo las diferentes fuerzas políticas de la Provincia, actuando sin mezquindad electoralista.
*El autor es Ingeniero. Ex funcionario en temas sanitarios.
