Las universidades nacionales y los organismos del sistema científico y tecnológico nacional han alzado su voz en contra de las decisiones del gobierno nacional de limitar sus fuentes de financiamiento ajustándolas al presupuesto del año anterior, sin actualización mediante con el firme propósito de reducir el gasto público sin ponderar las implicancias últimas de las restricciones presupuestarias. Con ello, las actividades de docencia e investigación para sostener servicios educativos y derechos ciudadanos se verán seriamente afectados contribuyendo al crónico deterioro de la educación pública en todos los niveles de enseñanza, al goteo intermitente de quienes abandonan sus aulas presenciales o virtuales pronunciando la acuciante brecha social y cultural, y a la fuga de jóvenes graduados de laboratorios e institutos que, en el mejor de casos para sus carreras profesionales, tomarán la ruta de la emigración de alta calificación para nutrir equipos de trabajo en países exentos de la inestabilidad, incertidumbre y desfinanciación que vienen corroyendo la vida universitaria y la actividad científica en nuestro craquelado país federal.
Una coyuntura crítica y preocupante que, si bien integra de manera marginal la agenda pública, resulta indicativa de la manera en que el sector público y las plantas estatales en todas sus categorías se convirtieron en centro de agravios, provocaciones y ataques furiosos y descalificadores, como de activismos, denuncias y resistencias en defensa de la ciencia argentina y la universidad pública, de sus prestigios internacionales históricos, sus hallazgos e invenciones, sus principios reformistas, sus promesas de movilidad ascendente y el papel que supo tener en la cohesión social y cultural .
Se trata de un imaginario de larga estirpe de las tradiciones políticas y culturales que hunde sus raíces en la Argentina moderna, la resultante del crecimiento agroexportador y de la gran inmigración europea que se prolongó hasta la Gran Guerra y que mantuvo vigencia más allá de ella; la Argentina integrada por el ferrocarril y centralizada en los puertos que incitó la aglomeración y expansión urbana, la que conformó una sociedad cosmopolita y criolla a la vez que hizo florecer nuevos lenguajes y expresiones literarias y estéticas. La Argentina que vigorizó la protesta obrera, de las izquierdas y los círculos obreros católicos obligando a las dirigencias políticas a introducir reformas en el régimen electoral y en la legislación social junto a dispositivos coercitivos para depurar los “males” que asolaban la república y amenazaban con disolver la identidad nacional.
En ese mundo social, político y cultural en movimiento, la educación pública y las universidades estuvieron en el centro de la agenda de los intelectuales, las elites políticas y las burocracias estatales nacionales y de las provincias. Joaquín V. González cumplió un rol protagónico en ese proceso ya sea como intelectual insatisfecho por los resultados de la modernización que dejó a la vista la profundización de las desigualdades entre el interior y Buenos Aires, ya sea porque se convirtió en musa inspiradora de los hombres del poder y la cultura de las capitales de provincia que tomaron en cuenta sus enseñanzas teóricas y prácticas a la hora de impulsar la creación de universidades con el doble fin de responder a la demanda de estudiantes sin recursos y promover capacidades profesionales y técnicas para incentivar la actividad económica y el desarrollo de conocimientos científicos como piedra de toque del programa civilizatorio o del progreso.
Había nacido en 1863 en el seno de un hogar patricio de La Rioja y había llegado a Córdoba para estudiar en el Colegio de Monserrat y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la que rechazó su tradición clerical. Con sus credenciales a cuestas fue electo diputado nacional para luego asumir la gobernación riojana y saltar al gabinete de Roca como ministro de justicia e instrucción pública, y ministro del interior entre 1901 y 1904: desde allí promovió reformas importantes en base al diagnóstico elaborado por cientistas sociales inquietos todos por los cambios operados en el mundo social y del trabajo urbano y rural, y su evidente correlato en la calidad y legitimidad de las instituciones republicanas. Con posterioridad, presidió la Universidad Nacional de la Plata entre 1906 y 1918 cuyo modelo de gestión académica tomó deliberada distancia de la universidad cordobesa en la que se había formado, y de la Universidad de Buenos Aires; en particular, en el carácter profesional y técnico fijado en sus planes de estudio, la necesaria vinculación entre la enseñanza media y superior, y la importancia de promover el progreso de las ciencias junto a la formación de sentimientos de solidaridad social fundidos en la mitología nacional como fuente de inspiración de la ciudadanía y de los conductores de la nación.
La originalidad del modelo ideado y puesto en marcha por el autor de “La Tradición Nacional” (1888) y “El Juicio del Siglo” (1910), no sólo habría de gravitar en la reforma liderada por los jóvenes cordobeses en 1918 para romper con la tradición e inaugurar la que todavía fundamenta los principios rectores de las universidades nacionales argentinas. También habría de inspirar la creación de la Universidad Nacional del Litoral, la cual asoció el criterio científico con el cultural, y la de Tucumán, la primera en priorizar el criterio regional con el fin de promover la actividad industrial y responder a la demanda de formación de trabajadores, empleados o artesanos. La prédica de González también vigorizó la creación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939 en medio de tormentas políticas e ideológicas globales, nacionales y locales, que gravitaron en la impronta regional y antireformista en el plano del gobierno universitario que adoptó.
Así lo expresó más de una vez su primer rector, el Dr. Edmundo Correas, con el fin de subrayar la naturaleza “fusionista” y “regional” de la alta casa de estudios como punto intermedio del sistema universitario nacional en tanto combinaba saberes científico-prácticos afines a la producción de riqueza, y las humanidades y artes como instrumentos de formación cultural y educación patriótica. A su juicio, la universidad no debía convertirse en “fábrica de profesionales” sino impartir un tipo de enseñanza que combinara “la sabiduría clásica y la ciencia moderna adecuada a la región y las bellas artes en todas sus manifestaciones”. Las características o ambiente de Cuyo imprimían dicha dirección en cuanto se trataba de una “región definida por el paisaje y espíritu de su pueblo, zona intermedia entre la planicie cuyana y la cordillera nevada”. Una “unidad cultural” que estaba dispuesta a alzar su voz en rechazo de la “utilidad práctica” profetizada por Spencer y Nietzsche, y cumplir con la misión de promover la formación de los conductores de la sociedad y promotores del progreso en las coordenadas del “americanismo y humanismo sin sacrificar lo nacional ni exaltar lo regional”.
Entre aquel atribulado momento fundacional, y el sombrío presente que atraviesa el sistema universitario y científico nacional y mendocino, saltan a la vista cuestiones que incitan más de una reflexión. No sólo por la enorme transformación que experimentó sino también por la valoración decreciente de las humanidades y ciencias sociales. Un fenómeno que no es solo argentino, sino que rige en otras latitudes universitarias y científicas en virtud del paradigma de productividad o “utilidad”, la progresiva desfinanciación estatal de dichas disciplinas en el concierto internacional y la erosión de autonomía de la ciencia a raíz de demandas externas (empresas o usuarios) inspirados en el “modelo norteamericano” que incentivó la investigación aplicada y de patentes para obtener beneficios económicos por parte de investigadores y/o instituciones. Dicha tendencia se vio fortalecida con la crisis sanitaria COVID 19 restringiendo aún más las vías de financiación de las disciplinas humanísticas y sociales. A su vez, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (convertido en ley) imprimió un nuevo carácter al problema señalado: porque si bien constituye una iniciativa relevante orientada a garantizar el financiamiento del quehacer científico desde una perspectiva federal, no fueron pocos los que llamaron la atención sobre los desequilibrios que su aplicación afectará las disciplinas humanísticas y sociales en el conjunto del sistema científico y académico. Un asunto que recuerda a Correas, y a otros tantos mendocinos inquietos por radicar una universidad moderna que combinara las virtudes del conocimiento práctico y de la cultura como vectores necesarios del desarrollo provincial y nacional.
