El armado y cierre de las listas que competirán en los próximos comicios provinciales dejan a la vista la reconfiguración de las tradiciones partidarias que vigorizan el juego democrático desde la crisis de 2001 para cuando el derrumbe del gobierno de la Alianza traccionó el sistema de partidos y la competencia electoral que habían protagonizado la UCR, el PJ y el PD desde 1983.
En su lugar, y como ha sido subrayado por más de un especialista, la rivalidad por los principales cargos electivos en los diferentes niveles de gobierno exhibe esquemas de alianzas o coaliciones electorales dirimidas en la fragmentación de los partidos tradicionales, la faccionalización intra e interpartidaria, la fluidez o pasaje de dirigentes políticos, el personalismo y la multiplicación de la oferta electoral.
No se trata de un asunto solo mendocino, sino que constituyen vertientes comunes a otros distritos del país, aunque condicionado en la provincia por la constitución y normativas locales que inhiben la reelección inmediata del gobernador y vicegobernador, y la reelección de los intendentes que fue indefinida hasta la oportuna (y resistida) restricción introducida por la administración de Alfredo Cornejo, y validada por la Corte, que lo limita a solo dos mandatos consecutivos.
En el medio afloran fenómenos largamente señalados por politólogos e historiadores: que el federalismo electoral en la Argentina opera en los sistemas de partidos provinciales en dos direcciones concomitantes: esto es, que las dirigencias nacionales resultan incapaces para definir candidaturas de manera centralizada, y que estas responden a situaciones de cada provincia que suelen resolverlas de forma centralizada.
Dicha tendencia está lejos de quedar encapsulada en el vértice del poder político provincial, sino que penetra en los municipios en vista al creciente protagonismo de los intendentes que, desde los años noventa, ganaron centralidad a raíz de la descentralización de las funciones administrativas y políticas, y la transferencia de competencias y recursos por parte del gobierno nacional como resultado de la reforma del estado.
Un cambio que gravitó en un mayor poder de intervención y financiamiento por parte de los intendentes o líderes departamentales permitiéndoles cosechar credenciales para forjar carreras políticas por fuera del territorio, consagrar a su sucesor y traccionar el voto popular en sus distritos.
El panorama electoral contemporáneo, motivo de expectativas discretas por parte de la ciudadanía envuelta en la incertidumbre, el malestar social y la desconfianza sobre la clase política, exhibe la evidente crisis de los partidos e identidades políticas clásicas.
La misma se hace patente en la fuga de antiguos aliados y conformación de nuevas coaliciones electorales que enfrentarán al oficialismo, las estrategias y cálculos en el armado de las listas por departamentos y secciones electorales para conservar o conquistar cada retazo del mosaico provincial y la composición de las cámaras legislativas, el juego de alianzas con dirigentes nacionales y la agenda o propaganda promovida por unos y otros que enaltecen o refutan el modo o estilo gubernamental mendocino.
Un escenario sin duda alguna original, disruptivo y controvertido en el que el oficialismo será desafiado por una alianza (La Unión Mendocina) concertada entre dirigentes procedentes del riñón del PD, radicales refractarios y del partido fundado por Perón.
Una combinación a simple vista demasiado ecléctica y oportunista pero que puesta en perspectiva histórica evoca el apoyo de la conducción del PD a las políticas neoliberales de la era menemista y del equipo de peronistas renovadores mendocinos, y más lejos, a la reconfiguración del sistema de partidos provincial y del papel desempeñado por dirigentes radicales territoriales en las elecciones generales que erigieron a Juan Perón como presidente constitucional en 1946.
Este último tema nos conduce a 1945 cuando la crisis del gobierno de los coroneles filofascistas instalado dos años atrás, acusó el impacto del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la movilización ciudadana por el restablecimiento de las libertades públicas que agrupó un amplio arco de dirigentes políticos radicales, socialistas y comunistas junto a los sectores patronales refractarios de las políticas sociales y de la organización sindical promovida por Perón desde la Secretaria de Trabajo y Previsión a partir de 1943.
Para entonces, el gobierno militar buscó el apoyo de los partidos políticos locales para dar salida a la crisis.
Mientras en varias provincias, como en Buenos Aires, consiguió el apoyo de los conservadores, el líder del PD en la provincia, el Dr. Adolfo Vicchi, rechazó la propuesta.
En cambio, un grupo de dirigentes de extracción radical reunidos en la UCR Junta Renovadora aceptó participar del gobierno aportando cuadros intermedios en el gobierno municipal de la Capital, Godoy Cruz y Guaymallén bajo la convicción que el gobierno de la revolución juniana y la gestión de Perón constituía una “obra elevadora y progresista” anclada en el “principio de justicia social” y en la condena a la “mala política”.
Con esa expresión, los dirigentes locales hechos peronistas se hacían eco del malestar reinante sobre el funcionamiento de la democracia de partidos, los vicios y trampas electorales que habían prevalecido en los años treinta, y de la plaga de corruptelas que modelaban las prácticas de la administración que llegaban hasta las más altas magistraturas del gobierno, y que incluía un descuento mensual fijo a los empleados públicos que eran puestos al servicio de la maquinaria del partido oficial.
También increpaban las rutinas y estilos militantes o proselitistas del comité en beneficio del “trabajo político profesional” que debía gestionar servicios sociales y recreativos que traspasaban el estricto umbral del partido.
La multitud obrera que el 17 de octubre dio apoyo a Perón en la plaza de Mayo, y otras plazas del país, ubicándolo como líder indiscutido y candidato favorito para las elecciones presidenciales de 1946, habría de acelerar la reunión entre los radicales disidentes (o “colaboracionistas”) de la conducción nacional y del comité provincia con líderes gremiales que fundaron el Partido Laboralista.
Ambas agrupaciones, sostuvieron la fórmula Faustino Picallo-Rafael César Tabanera que se impuso en los comicios provinciales al tiempo que canalizaba el apoyo electoral al binomio liderado por Perón y el radical entrerriano Hortensio Quijano.
El nuevo gobernador, Faustino Picallo era oriundo de Godoy Cruz, devoto de Lencinas e Hipólito Yrigoyen y había encabezado la intendencia capitalina bajo el gobierno militar; en cambio, su vice procedía de linajes familiares tradicionales filiados al viejo federalismo del siglo XIX que habían litigado con los liberales encaramados en el poder provincial desde el triunfo de Mitre en Pavón.
Una fórmula transaccional que amalgamó viejos y nuevos dirigentes, disminuyó el capital político y electoral del radicalismo provincial clásico y sustentó el entramado territorial del peronismo en la provincia.
El mismo se hizo efectivo en Maipú, el departamento que hasta la actualidad exhibe el predominio justicialista más allá de los vaivenes y tribulaciones de la democracia representativa y pluralista en nuestra provincia y el entero país.
* La autora es Historiadora. Conicet y UNCuyo.
