Pertenecer tiene sus privilegios, y si a lo que se pertenece es a la clase política, los privilegios son muchos más aún. No te defienden solamente los que te creen inocente, sino incluso los que saben que sós culpable. Un delito, menor o mayor, que para un ciudadano común y silvestre es una mancha que pasa a formar parte de su prontuario, en la política (según la clase política y sus defensores) forma parte del currículum del imputado, acusado o condenado, lo mismo da. Lo que por abajo lleva a la deshonra, por arriba conduce al prestigio entre sus pares.
Ya lo dijo Jorge Asís y en estos términos tan extraños lo fundamenta: A Lula lo encarcelaron por supuestamente haberse quedado con un departamento recibido como dádivas. Lula, por lo minúsculo del supuesto delito ya que es lo único de lo que lo pudieron acusar, demuestra que nunca le interesó quedarse con nada ajeno desde la política. Pero, si un político no es capaz de robar algo, queda como un ingenuo, como un iluso ante los demás políticos y éstos le pierden el respeto. Asís dice que si Lula efectivamente se quedó con un departamento regalado, no fue por ningún interés personal sino para mostrarse fortalecido ante los políticos que sólo respetan a quiénes hacen lo mismo que ellos. Esto lo dice un escritor peronista que puso al desnudo antes que nadie la corrupción kirchnerista ya durante el gobierno de Néstor, cuando ese no era un tema de agenda ni de la oposición ni de los medios. En su libro “La Marroquinería Política” de 2006 (donde publicó artículos de años anteriores), explicó detalladamente cómo se estaba construyendo la matriz de la corrupción kirchnerista desde el primer día que llegaron al gobierno nacional. Y luego, fue el primero que descubrió la estafa con la empresa Ciccone que tramaron Amado Boudou y sus amigos, justo en el mismo momento en que estaba ocurriendo. Sin embargo, la lógica de Asís que lo lleva a denunciar con fundamentos certeros las corruptelas de los políticos, es la misma lógica que cuando la Justica condena a Cristina o a Boudou por lo que él escribió, considera que es un gravísimo error de los jueces meter presos a los políticos. Porque la política se resuelve desde la política, no desde la justicia.
El mismo razonamiento lo tuvo antes el dirigente peronista Carlos Grosso que cuando metieron a Menem preso por delitos ultra-comprobados dijo que “es de país bananero tener a sus expresidentes presos”. O sea, lo bananero según este político es que a los políticos ladrones se los ponga presos, no que sean ladrones.
Esa misma lógica la tuvo siempre Miguel Ángel Pichetto quien dice que “en los países serios se protege a sus expresidentes”. Y por eso defendió desde el Senado a Menem y a Cristina para que la justicia no les quitara los fueros por sus condenas, aún sabiendo a ciencia cierta de sus culpabilidades. Es que hayan cometido delitos o no, según la particular manera de defender la institucionalidad de Pichetto, siempre hay que impedir que los presidentes vayan presos.
Estas tres personas en ningún momento discuten la culpabilidad de sus defendidos, sino que han inventado una teoría nueva o quizá hayan resucitado una vieja teoría monárquica, por la cual los presidentes (y los políticos más prominentes) deben ser colocados por encima de la ley, rompiendo la igualdad constitucional, porque -para supuestamente preservar las instituciones- los presidentes o expresidentes deben ser considerados como una especie de monarcas absolutos cuyo poder deriva del pueblo pero también de Dios. Y que por ende, según el derecho divino, los que cumplen el papel de dioses en la tierra están exentos de pecados por definición, ni aunque los comentan.
Ni siquiera los países que aún mantienen monarquías se atreven a tanto, pero por nuestros pagos hay quienes creen que la política otorga privilegios absolutos, tanto que los presidentes culpables no pueden serlo porque lo que hicieron lo hicieron por política, no por robar. Ellos, claro, saben que no es así porque son lo suficientemente lúcidos como para saberlo, pero creen que el Estado tambalearía, o quedaría en poder de los jueces o de otros factores de poder, si se actúa penalmente contra los máximos dignatarios políticos.
Junto a estas teorías estrafalarias de los que proponen que los políticos “supremos” aún siendo culpables no deben ser condenados, ni siquiera imputados, están los que con la teoría del “lawfare” afirman que no hay culpabilidad posible que puedan dictaminar los jueces porque el único fin que ellos tienen es el de perseguir a los políticos. Las razones de las persecutas son innumerables, pero lo que unifica a todos es la creencia de que la justicia siempre es política, y entonces cuando persigue a un político es porque los jueces son del otro bando. Y si todo es política, nada en política puede ser judicializado. Nunca ningún magistrado judicial puede acusar de ladrón a un político, porque por el solo hecho de acusarlo está haciendo política, no justicia. Claro, si el acusado es del bando contrario allí se puede tolerar que lo metan preso, pero no por justicia sino para ganarle políticamente al enemigo usando a la justicia como elemento del triunfo.
Hay sin embargo otros más patéticos aún, porque no son chorros que defienden a chorros sino básicamente intelectuales abstractos que creen que si, por ejemplo, Néstor y Cristina robaron, no robaron para la corona, como se decía en los 90, puesto que a sus actos delictivos no se los puede llamar robos, sino expropiaciones: vale decir, los políticos nacionales y populares le sacaron la plata al poder real, a la oligarquía, a los monopolios, a los representantes del imperio, etc, etc, para poner ese dinero al servicio del poder popular. Estas personas, que en general son honestas pero sumamente ideologizadas, creen que si el mismo delito lo hubiera cometido una persona común, sería culpable y susceptible de ser condenado, pero si lo cometen los líderes populares es para transferir al bando del pueblo, las riquezas del bando del antipueblo. Y si se quedan con algún vuelto en sus bolsillos particulares, bueno, son detalles. Nadie es perfecto.
En un libro escrito en 1840, el anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon afirmó que “La propiedad es un robo”. O sea para él la base de la corrupción era la propiedad privada, porque fue un anarquista de izquierda. Javier Milei, que es un anarquista de derecha, piensa que “El Estado es un robo”, porque la corrupción se origina básicamente dentro de él. El primero proponía abolir la propiedad privada, el segundo propone abolir el Estado. Nosotros, si nos atuviéramos a las declaraciones de los personajes citados más arriba tendríamos que decir que “La política es un robo”, porque ese gente, no nosotros, ha igualado a la política con el robo, vale decir, sostienen que la corrupción cuando la comete un político de rango superior, no es delito alguno. Y aunque lo fuera no puede considerársela como tal, porque sino peligrarían los cimientos de la república al juzgar y/o encarcelar a sus supuestamente principales sostenes.
En fin nada más opuesto a la Constitución Nacional que sostiene que todos los hombres somos iguales ante la ley. Y nada más opuesto al voto popular que la gente acaba de emitir hace 11 meses, uno de cuyos principales fundamentos fue que los políticos se dejen de robar, y que los que roban vayan a parar con todos sus huesos a la cárcel.
Tiempo atrás, una exposición brillante y apabullante del fiscal Luciani, que le llevó años de honesto y esforzado trabajo, demostró sin lugar a dudas que el matrimonio Kirchner había intentado robarse todo el país, y si no lo logró del todo, lo logró bastante. Más que nadie antes. También sostuvo que las características del robo fueron tan extraordinarias que los que lo cometieron, aunque fueran las autoridades elegidas por el pueblo, conformaron una asociación ilícita. Esta última acusación no fue aceptada, hasta ahora, por la mayoría de los jueces de primera instancia y de Casación. Falta la opinión de la Corte Suprema pero casi con seguridad (si antes no la toman por asalto) fallará en similar sentido a las instancias inferiores.
En otras palabras, aún con muletas (como decía Ricardo Balbín), la República sigue funcionando en la Argentina porque todavía hay políticos decentes que denuncian la corrupción, periodistas decentes que investigan la corrupción, jueces decentes que condenan la corrupción y un pueblo que clama porque se elimine de una vez por todas la corrupción y se condene a los culpables. Todo eso es lo que tenemos a favor.
Lo que tenemos en contra son a todos los corruptos que defienden a corruptos y a todos aquellos que aún no siéndolo igual defienden a los corruptos cuando son políticos, porque creen que la política debe resolver sus propios conflictos. Lo cual es cierto, es lo mismo que piensan los mejores miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo que no es cierto es que los delitos sean parte de los conflictos propios de la política. Los cometan políticos o empresarios o quiénes sean los delitos son conflictos propios de la justicia, no de la política. Siempre y en todo lugar.
Lamentablemente, pese a que la mayoría de la sociedad está en contra de la corrupción y está buscando con su voto a quién castigue a sus autores, lo más probable es que con Cristina pase algo parecido a lo que pasó con Menem: que pese a sus delitos más que demostrados y al final ya prácticamente no negados por nadie, murió de viejito en una banca que la armaron para protección de su suprema majestad. De confirmarse lo mismo con Cristina, quedaría demostrado que hasta Milei se quedó corto, que no estamos solo en manos de una casta política, sino de algo más grande: de toda una clase política cuyos miembros están dispuestos a todo para mantener sus privilegios. Y defenderse entre ellos aunque estén en veredas opuestas, cuando quien sea desde fuera de la política se atreva a meterse con alguien de esta nueva clase social.
Sin embargo, todavía quedan reservas en la Argentina con sus más de 40 años de democracia continuada en los cuales algo debemos haber aprendido. Y de ser así, ¡Ay, Cristina!, algún día deberá enfrentarse a la verdad usted también. Perdonen que termine con esta ingenua e ilusoria frase, pero que es quien escribe -a diferencia de Milei- sigue creyendo en los reyes magos.
* El autor es sociólogo y periodista. clarosa@losandes.com.ar
