La tarea de elaborar un mínimo presupuesto de gastos se ha vuelto una tarea titánica para cualquier familia, por los aumentos permanentes que se registran en bienes y servicios.
La inflación acumulada en el primer bimestre de este año fue de 7,8%, y de casi 41% en los últimos 12 meses, pero con una fuerte incidencia en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Este rubro se incrementó 8,8%o en los dos primeros meses del año._Y la posibilidad de una desaceleración de la inflación no se produjo tampoco en marzo pese a que el ministro de Economía viene insistiendo con la misma.
La primera conclusión que surge de estos relevamientos es que la proyección realizada por el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2021, de una suba de precios del 29%, será prácticamente imposible de cumplir.
Para alcanzar esa meta, los nueve meses restantes debieran registrar una inflación bastante menor al 2%, lo que parece impracticable por la inercia que se verifica y por los aumentos proyectados.
Desde abril, rige el descongelamiento de los alquileres, con incrementos que se proyectan en torno del 40% para los nuevos contratos. Además, los inquilinos deberán afrontar las actualizaciones pactadas y que fueron congeladas en 2020 por la pandemia del Covid-19.
Los servicios regulados –como la electricidad y el gas– tendrán subas que oscilarán entre el 7 y 9%. Este fue el criterio anticipado por los principales funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación al aceptar el criterio hecho público por la vicepresidenta Cristina Fernández.
También los combustibles tendrán otro aumento en función del objetivo de la petrolera estatal de subir 20% el valor de las naftas antes de junio próximo. Además, deberá sumarse la incidencia del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y el mayor valor de los biocombustibles.
Este incremento y el de los servicios regulados en materia energética tendrán un fuerte impacto en los costos de las empresas que, casi con seguridad, los trasladarán a los bienes y a los servicios que producen.
Este escenario previsible genera desazón en la sociedad. La suba permanente de precios y los anuncios previstos agravan aún más las condiciones de pobreza y de miseria de millones de argentinos. Más de 4 de cada 10 habitantes está sumergido en condiciones infrahumanas.
Medidas como el dólar “planchado”, concebido como la principal estrategia para contener los precios; el congelamiento de los servicios regulados y los programas de precios máximos y precios sugeridos no han sido suficientes.
Más que la enumeración de una lista de aumentos incontenibles, la gestión de Alberto Fernández debe asumir la lucha contra la inflación como uno de sus principales objetivos en el corto plazo.
