El gobierno de Suárez comprobó que la tendencia de la semana anterior se mantuvo: subieron los casos de contagio. Pese a ello, la decisión oficial fue la de no ensayar variaciones con respecto a las medidas a aplicar con los mendocinos. Entienden las autoridades que el sistema sigue respondiendo bien en cuanto a demanda de camas para atender casos de Covid 19. Y en no mucho tiempo más habría más disponibilidades, especialmente en el Hospital Central. De ese modo la intención es buscar por todos los medios que se mantenga el actual equilibrio entre lo sanitario y la mayor actividad económica posible. No encerrar otra vez a la gente significa no tener que frenar nuevamente a la economía, afirman en el entorno del gobernador.
El principal sentido de la carta pública de Suárez en la semana, escrito al que luego le siguieron videos a través de las redes sociales, fue expresar el acompañamiento del Gobierno a la cuarentena voluntaria de los mendocinos. Distanciamiento para no volver al aislamiento. Por eso pidió, una semana antes, que la población saliese lo menos posible a la calle y ahora apostó por la responsabilidad individual y familiar para evitar problemas mayores.
En el equipo de gobierno también rescatan como un detalle no menor que Mendoza tuvo inicialmente no más de 40 días de aislamiento estricto, conforme las directivas nacionales, pero fue una de las primeras provincias con grandes conglomerados urbanos en proceder hacia la paulatina apertura, siempre con la correspondiente autorización de la Presidencia de la Nación. Y en los casos puntales y recientes de retrocesos forzados, como la prohibición de circular por la noche, no se observó una influencia negativa en las actividades productivas y comerciales.
En los últimos días las autoridades de Salud mendocinas debieron admitir que el actual repunte de casos confirmó la llamada circulación comunitaria del virus. El dato fue destacado, también, por la Nación. Pese a ello, en el gobierno local no consideran posible que desde el Ejecutivo nacional se disponga a partir de agosto una vuelta atrás en las medidas de aislamiento aquí. Posiblemente la semana que se inicia sea clave para ello. “Si en pleno aumento de los casos fijaron reaperturas en el AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires), no existiría motivo para que nos impongan otra vez restricciones”, reflexionan en el gabinete de Suárez. Y ponen como ejemplo la situación en Jujuy, donde también hubo rebrote pero quien sigue fijando las fases de aislamiento es el gobernador Morales.
Ven con satisfacción que el gobierno nacional esté utilizando un mecanismo que hace tiempo se emplea en esta provincia en cuanto a la cantidad de camas que Salud tiene disponibles para habilitar o cerrar. Y la letalidad, es decir, la cantidad de muertes que se producen por cantidad de enfermos de Covid 19, diferente a la mortalidad, que es la medición por cantidad de fallecimientos por habitantes.
Sí tuvo que respetar el gobierno provincial las decisiones de intendentes, mayormente del justicialismo, para limitar actividades en sus jurisdicciones ante la circulación del virus. En especial los sectores turísticos, que habían visto renacer sus actividades luego de la parálisis de varios meses, se enojaron mucho con los jefes departamentales, pero la intención de prevención de los “caciques” debe ser respetada en virtud de la situación de emergencia que persiste. Esta última es la postura del Gobierno, que quiere mantener su pregonado estilo de consenso con quienes representan a la oposición provincial. Debe tenerse en cuenta que en estos meses críticos, los mayores encontronazos con las conducciones departamentales del PJ se produjeron a raíz del reparto de fondos llegados desde la Nación. Por lo tanto, y pese a alguna crítica muy puntual al manejo de la crisis proveniente de los intendentes, la relación es buen sassa y la intención del Ejecutivo es mantener esa cordialidad.
La grieta de la Corte
Donde la tensión sigue en aumento es en el ámbito de la Justicia, puntualmente en la Corte. La designación de María Teresa Day en el lugar dejado vacante por Jorge Nanclares terminó de blanquear diferencias medianamente contenidas, pero fuertes, entre dos miradas muy distantes sobre la administración de justicia: el sector vinculado políticamente al PJ, de algún modo liderado por Omar Palermo, a quien se lo reconoce por su idoneidad (su promoción fue una fuerte apuesta del entonces gobernador Francisco Pérez), y lo que se puede definir como la corriente “cornejista” puesta en práctica desde la administración provincial anterior y continuada por la gestión de Suárez, que expresan Dalmiro Garay y José Valerio y a la que se suman ahora la nueva jueza Day y Pedro Llorente, decano del máximo tribunal pero también surgido políticamente en el radicalismo de la vuelta a la democracia.
La audiencia prevista para el jueves, promovida por el ala peronista de la Corte, molesta mucho al oficialismo, más allá de que está claro que el lugar ocupado por Day es inamovible y que, constitucionalmente, sólo puede ser removida mediante el mecanismo del juicio político, es decir, por la Legislatura.
Independientemente de si dicho llamado a audiencia pública es correcto o no, se trata de una movida del ala peronista que obliga a la flamante jueza suprema a excusarse de participar, por ser la causa del diferendo. Con picardía, desde la política del PJ pidieron que ese lugar sea ocupado, como conjueza, por la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci, una de las más prestigiosas juristas de la Argentina y reconocida en Mendoza por su larga trayectoria en el alto tribunal ahora enfrascado en una disputa política inusual y peligrosa institucionalmente hablando.
En la oposición saben que difícilmente la doctora Kemelmajer se exprese sobre la controversia, postura muy elogiable si se tiene en cuenta su gran reputación. Pero eso no significa que no tenga criterio formado sobre el caso Day. Lo mismo se piensa de otro ex integrante de la Suprema Corte también reconocido por su trayectoria como abogado.
Sin embargo, en el campo reflexivo hasta los más fuertes exponentes de la oposición kirchnerista reconocen que no se debería haber llegado a la actual situación. Y consideran que el gobierno de Suárez, al que constantemente le reconocen su predisposición al consenso, no pudo esquivar el envión reformista encarado durante la administración de Cornejo, lo que quedó reflejado en la nominación que surgió ni bien Nanclares dio un paso al costado. Pero también dicen en el peronismo que la situación “se fue de las manos cuando empezó el conflicto con los equiparados” salarialmente.
Afortunadamente, en medio de esta insólita batalla campal en el máximo estrado de la Justicia mendocina apareció el sensato pedido de la Asociación de Magistrados, que llamó públicamente a los miembros de los tres poderes del Estado a “una pronta normalización” del funcionamiento de la Corte “dentro de los roles que constitucionalmente le corresponde a cada uno de ellos”.
Luego de este pronunciamiento sería muy sano para la tradicionalmente elogiada institucionalidad de Mendoza que surgiera una instancia superadora que permitiera bajar tensiones y disimular diferencias.
Semanas atrás desde esta misma columna advertíamos que el máximo tribunal de la Provincia no podía convertirse en uno o dos comités partidarios. Ahora, directamente habría que instar a que no se transforme en una suerte de parlamento judicial, con mayorías y minorías políticas, no judiciales.
