Especialmente, desde el inicio del actual gobierno nacional, se ha producido un embate directo y significativo contra el Poder Judicial de la Nación, personalizado en los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y en los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, poniendo en duda su legitimidad democrática, su eficacia jurisdiccional y su imparcialidad.
Este ataque, más allá de la intencionalidad que se le atribuya, pone en serio riesgo la vigencia de los valores republicanos que a través de la independencia de los poderes que buscan limitar el ejercicio del poder por el gobernante de turno, evitando toda hegemonía que degenere en un gobierno autoritario que suprima las libertades civiles y políticas.
Hoy la CSJN está conformada por cinco miembros (ley 26.183), existiendo una vacante sin llenar, de Elena Highton de Nolasco, por falta de acuerdo entre las dos fuerzas políticas con representación mayoritaria en el Senado de la Nación.
Hace unos días dicho Senado le dio media sanción a la ley que lleva de 5 a 15 miembros la integración de la CSJN, la que según trascendidos periodísticos, no sería avalada por la Cámara de Diputados de la Nación por falta de votos del Frente de Todos y sus aliados para imponerse.
Desde un análisis estrictamente jurídico-institucional, despojándonos de las especulaciones políticas, creo que una CSJN de 9 miembros podría resultar más eficaz para poder abordar las causas que llegan a su conocimiento, ya que podría dividirse en 3 Salas de tres magistrados cada una con facultad de dirimir los conflictos que ingresen por mayoría de 2 votos.
La Constitución Nacional de 1853 en su art. 91 preveía expresamente que la SCJN estaría conformada por 9 jueces, lo que permite anclar a la propuesta dentro de nuestra historia constitucional.
Como con buen sentido lo ha propuesto el Gobernador Rodolfo Suárez para la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM), las causas se adjudicarían por sorteo a través de un sistema informático que, a la vez de garantizar el alea en la designación de los jueces -evitando el fórum shopping-, vaya generando una adjudicación proporcional de causas que garantice la igualdad de trabajo. Es decir que las Salas no serían fijas, estáticas, sino movibles, integradas circunstancialmente por los magistrados seleccionados por el sorteo, a fin de evitar que la conformación fija de las Salas pueda derivar en la imposición de criterios de resolución de conflictos en los que se privilegie la pertenencia político-ideológica de la mayoría, a la preponderancia de la aplicación del derecho en sus decisiones.
A su vez, la ley que regule tales modificaciones debería prever qué cuestiones de trascendencia y/o gravedad institucional, deberían ser resueltas por la CSJN en pleno (los 9 miembros) garantizando una mirada más plural (v.gr. conflicto de poderes; planteos de inconstitucionalidad de trascendencia; donde esté seriamente comprometido el erario público Nacional (tanto del Estado Nacional centralizado, como de las empresas y organismos descentralizados o autárquicos) , Provincial y/o Municipal, o en las causas penales en las que estén procesados y/o condenados altos funcionarios de los tres podres, etc.).
La viabilidad política estaría dada por el hecho que, de decidirse la ampliación por 9 jueces, actualmente habría que designar a 5 -la vacante y 4 más-, esto permitiría un acuerdo político por el cual cada fuerza con las mayorías necesarias para la designación de los supremos (2/3 de los senadores presentes) –El Frente de Todos y Juntos por el Cambio- puedan proponer en el Senado Nacional, 2 ministros cada uno a condición de que no militen partidariamente, no ocupen funciones en el Gobierno Nacional ni en los Gobiernos Provinciales y que no se hayan pronunciado públicamente en los últimos años, en forma reiterada y ostensible, con fuertes críticas a los principales referentes de ambos frentes políticos.
Si reúnen estos requisitos, el otro frente debería apoyar su designación en el Senado con sus votos y, el quinto juez, debería surgir de un consenso, debiendo los propuestos ser conocidos en el ámbito jurídico y/o académico por su trayectoria profesional, docente y/o autoral, sin pertenencia o simpatía política por alguno de los 2 frentes, es decir, un independiente o adherente a otras corrientes político-ideológicas, cuyo mayor atributo debe ser el reconocimiento y respeto intelectual obtenido dentro del mundo jurídico y académico por la labor desarrollada en esos ámbitos (v.gr. como lo fue Carmen María Argibay o Elena Highton de Nolasco).
De ese modo, si bien el Frente de Todos no obtendría una mayoría automática o fuertemente identificada con su ideario político, lograría oxigenar la SCJN con un importante número de miembros que le asegurarían una nueva mirada sobre los temas que más le preocupan, en especial, los procesos penales en que Cristina Fernández de Kirchner y otros altos ex funcionarios de sus gobiernos están siendo juzgados.
Por su parte Juntos por el Cambio tendría la posibilidad de ampliar la integración de la SCJN con jueces que considere potables para también lograr descomprimir la presión que hoy se ejerce sobre la Corte, renovando su composición, lo que, de ser gobierno en el 2023, le sería difícil, porque en el Senado aún tienen peso las provincias con preeminencia peronista, por lo que no obtendrían la cantidad de votos necesarios para su designación ante futuras vacantes, viéndose obligados, como ahora, a negociar con El Frente de Todos.
Pero, por lo que a mí respecta, creo que esta renovación en un momento tan álgido, donde se ha puesto en dudas la idoneidad e imparcialidad de los Ministros de la actual SCJN, y más allá de si son o no valederos los argumentos esgrimidos, permitiría neutralizar dichas críticas, fortaleciendo la imagen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como uno de los 3 poderes de la República.
* El autor es Juez de la Cámara de Apelaciones de Familia de la Provincia de Mendoza.
