Alfabetización y poder en la Argentina

Son muchos y prestigiosos los estudios antropológicos que demuestran que la apropiación de la lengua escrita es la principal herramienta para que exista poder social. No es casual que aún hoy, una de las principales estrategias para discriminar a un grupo consiste en limitar su acceso a la escolaridad. Así lo hacen o hicieron algunos países con las mujeres o con los esclavos.

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En ese sentido, la Argentina de fines del siglo XIX dio un paso adelante con la ley 1420 de 1884, que planteaba la escolaridad obligatoria, gratuita y laica para todos sus habitantes. Once años después, el censo nacional realizado en 1895 demostraba que más del 50% de la población argentina era analfabeta. La Ley 1420 fue complementada entonces en 1905 con la Ley 4874 presentada por el entonces senador Manuel Láinez (1852-1924) que buscó consolidar el proyecto escolar y la lucha contra el analfabetismo. La norma proponía que el Consejo Nacional de Educación fundara escuelas primarias en todas las provincias que lo requirieran.

Si bien el contexto en el que se insertó la Ley Láinez estaba caracterizado por la tensión social, la expansión de la educación constituyó un instrumento para la paz. La escuela funcionó como factor de integración nacional y como una vía de progreso

Alcanzar la educación pública en todo el territorio nacional se volvió una preocupación y una obligación del Estado Nacional. Eso supuso una enorme inversión que junto a la de los ferrocarriles constituyó una de las experiencias más amplias por su desarrollo territorial y más eficiente por su calidad en todo el mundo. Los inmigrantes, que llegaban atraídos por esta tierra, vivieron en Argentina lo que les faltaba en sus propios países: una escuela gratuita y de calidad en cualquiera de los lugares donde se radicaran. No hubo pueblo sin escuela primaria. Muchos de esos bellos edificios centenarios, construidos con el estímulo de la Ley Láinez, nos siguen demostrando el valor que el Estado y la sociedad argentina le atribuyeron a ese proceso educativo. Las Escuelas Normales formadoras de maestros se fundaron en todas las provincias.

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El normalismo proponía una homogeneidad frente a la diversidad étnica de aquellos tiempos, basada en el aprendizaje de la lengua estándar y con una metodología similar apoyada en la conciencia fonológica en todo el país. Libros como el de Lectura progresiva de Sarmiento, y más tarde otros, como el libro “Mamá” de nuestra maestra mendocina Raquel Robert, llegaron a las escuelas y a las aulas y afianzaron un proceso alfabetizador masivo.

El plan quinquenal de la época peronista también se apoyó en esa idea de inversión nacional que multiplicó los edificios escolares en un país cuyo crecimiento poblacional se fortalecía.

Sin duda, la Ley Federal 24195 sancionada en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem significó un retroceso con respecto a esa obligación del Estado Nacional ya que delegó toda responsabilidad educativa en las provincias y perdió la noción de sistema educativo nacional. La ley 26206 del 2006 en época del Presidente Néstor Kirchner intentó reparar esos daños educativos con pocos resultados. La inversión nacional tuvo como prioridad las nuevas universidades más que la alfabetización destinada a la infancia. Si a principios del siglo XX estuvimos en la vanguardia, todas las pruebas internacionales demuestran que estas primeras décadas del siglo XXI nos encuentra en la retaguardia.

Muchos pueden haber sido las causas de ese proceso, del que no es ajeno el avance de la pobreza. También hay que reconocer que por determinadas razones se perdió el foco de lo que era más importante para la escuela y la alfabetización se diluyó entre otros temas que se constituyeron en agenda: la educación sexual, la educación vial, la educación ambiental, las problemáticas sociales; llegaron a las aulas sin tener en cuenta que para aprender realmente esos contenidos, previamente era imprescindible el dominio de la lectoescritura. De ese modo se llegó al peor de los desenlaces: una escolarización que no asegura aprendizajes.

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Por otro lado, en el debate de los métodos alfabetizadores la ideología le ganó terreno a la evidencia de la investigación empírica, y generó una confusión que complicó la tarea de los docentes y los aprendizajes de los estudiantes. Esta discusión hoy debería estar saldada con las evidencias de la investigación actual en el mundo, que permiten definir cuáles son los métodos que facilitan los aprendizajes, junto con el de la propia historia educativa argentina, que tuvo en la conciencia fonológica sus mejores momentos y resultados.

En ese sentido, Mendoza desde el año 2017 dio un paso adelante con la introducción del mismo libro para todas las escuelas (Klofky) y con el censo de fluidez lectora. El cumplimiento de la Ley Provincial de Alfabetización puede consolidar ese proceso formativo.

Con este camino recorrido, resulta auspicioso el anuncio del Presidente Javier Milei del Plan Nacional de Alfabetización realizado en San Juan. En especial si tenemos en cuenta que la educación básica es una obligación indelegable del Estado y que supone asegurar el financiamiento en libros, edificios escolares, salarios y formación docente, investigación educativa y nuevas tecnologías. Es muy buena noticia que un anarcocapitalista considere que se necesita de un Estado organizado y fuerte, con voluntad de inversión sostenida, para poner en agenda y recuperar algo que la Argentina perdió: un sistema educativo que asegure una alfabetización masiva y por lo tanto, una escuela que empodere a todos sus ciudadanos.