Luego de dos años complicados, finalmente concluyó con éxito un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Asumir el gobierno con un tremendo endeudamiento con el FMI, a cancelar en plazos absurdamente perentorios, junto con una economía en recesión y, al mismo tiempo, afrontar una peligrosa pandemia mundial, constituyó un desafío mayúsculo.
Adicionalmente, a finales de 2021, la oposición rechazó, en forma inédita en la historia, el presupuesto anual gubernamental, decisión que podría haber afectado las negociaciones con el FMI.
Mientras Martín Tetaz sostenía que “la oposición está a un paso de la mayoría para voltear el proyecto”, la Coalición Cívica, integrante del gobierno anterior, consideró absurda esa posición, destacando que “voltear el presupuesto no era una opción”.
En los radicales, solamente el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, instó a reconocer responsabilidades del gobierno anterior, cuyos errores “no podían barrerse debajo de la alfombra” y se opuso al rechazo que hacía la posición opositora extrema bajo la consigna de la tristemente recordada consigna de “mientras peor, mejor”.
En su gestión, el gobierno implementó un conjunto de políticas de apoyo social y sectorial.
Ello condujo a un notable crecimiento del 10,3% del PBI en 2021.
En el caso del turismo y gastronomía, contribuyeron a lograr la mejor temporada, en mucho tiempo, en los principales centros turísticos, incluyendo Mendoza.
Surge ahora un notable alivio, como consecuencia de una gestión técnica y política destacables.
Además de los intercambios y negociaciones con técnicos y funcionarios del FMI, el gobierno realizó numerosas gestiones políticas, muchas de ellas a cargo también del ministro Guzmán, junto con el Presidente, ministros y legisladores, asegurando el apoyo de gobiernos relevantes y de economistas y políticos de prestigio.
Los principales puntos del preacuerdo, que se desarrollarán en la próxima carta de intención y se irán materializando en los dos próximos años son:
1. Mantenimiento de la política cambiaria actual.
2. Se mantienen también todos los derechos de los jubilados, no habrá ninguna reforma laboral. Tampoco está prevista la privatización de alguna de las empresas públicas.
3. Se prevé incrementar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología y proteger programas sociales específicos.
4. Un acuerdo por us$ 44.500 millones, de “facilidades extendidas”, en diez años, con cuatro años y medio de gracia y doce pagos semestrales, comenzando a pagar en setiembre de 2026 hasta marzo de 2032, absorbiendo y postergando los sucesivos pagos previstos originalmente en el anterior acuerdo.
5. Devolución de los us$ 5.600 millones ya pagados al Fondo en 2021 y 2022, recomponiendo las reservas, con un incremento remanente previsto de us$ 5.000 millones.
6. El FMI aceptó una reducción paulatina del déficit fiscal primario (no es el déficit financiero, que agrega a aquel los pagos de intereses de la deuda pública), que permitirá una expansión moderada, arrancando con 2,5% en 2022, 1,9% en el 2023 y 0,9% en 2024. Así se disminuirá el déficit a través del crecimiento, sin bajar el gasto total, ya que en 2021 el déficit primario fue del 3%
7. Una financiación monetaria del 1% del PBI para 2022, 0,6% en 2023 y 0% en 2024.
8. Se fortalecerá la administración tributaria, buscando atacar los problemas de evasión y lavado de dinero. Esto es un aspecto clave, como se viene destacando en diversas publicaciones en Los Andes. Parece absurdo que al trascender la información desde Panamá de los “Pandora Papers”, las empresas offshore de origen argentino se encuentren en tercer lugar en importancia. Este procedimiento de capitalización de patrimonios en el exterior, frecuentemente originados en evasión, es compatible con la posición de los sectores de mayores ingresos de nuestro país, ya que mientras los millonarios del mundo reclaman mayores tasas de impuestos a las ganancias y a las riquezas para contribuir a disminuir la desigualdad, en nuestro país el modesto impuesto a la riqueza, establecido por única vez en 2021, recibió rechazos y apelaciones judiciales.
9. Mantener un esquema de tasas de interés positivas, contribuyendo a la estabilidad y fomentando la demanda de activos en pesos.
10. Reducción de los subsidios en energía, probablemente a través de segmentación según grupos de ingresos de los usuarios, manteniendo una tarifa social.
11. Como consecuencia del reconocimiento de la inflación como fenómeno multicausal, se prevé avanzar en un enfoque integral de la inflación. Ello supone reconocer el importante rol de los acuerdos de precios en el esquema inflacionario. La estructura industrial y comercial de nuestro país tiene fuertes connotaciones oligopólicas, lo que conduce a precios escasamente competitivos.
Salvo algunas voces críticas en diversas partes del arco ideológico, es previsible que la racionalidad prevalecerá y el acuerdo será aprobado por el Congreso, cuya participación constituye un notable avance institucional en relación con las decisiones autocráticas que habían conducido a esta situación. Queda ahora la gestión con el Club de París, que establecía como condición el acuerdo previo ya logrado con el FMI.
*El autor es Profesor Emérito UNCuyo.
