Hace semanas el Gobierno nacional lanzó, en todo el país, el Programa Potenciar Acompañamiento, destinado a personas que atraviesan situaciones de consumos problemáticos. Dicha política tiene la misión de “acompañarlos” en la salida de un tratamiento, promoviendo el desarrollo de un proyecto de vida saludable dentro de la comunidad, a través de la formación para el trabajo y la terminalidad educativa. El Programa, estipula un monto de 8.500 pesos por mes para sus beneficiarios/as.
Como era de esperarse, la crítica de ciertos sectores de nuestra sociedad, no tardó en manifestarse.
En algunos casos, por el desconocimiento de la temática de los consumos problemáticos; en otros, por ser sectores que se oponen sistemáticamente a cualquier intento, de parte del Estado, que implique ampliar y garantizar derechos.
La carencia de información y las diferencias paradigmáticas (que son también profundamente políticas), llevaron a que en las redes sociales circularan memes y posteos cargados de odio e ignorancia.
Para quienes venimos trabajando en esta materia desde lo territorial y comunitario, visualizamos al programa “Potenciar” como una prometedora herramienta de inclusión social, sobre todo porque va dirigida a una población que sufre distintos procesos de vulneración.
Se hace necesario realizar una clarificación conceptual sobre el término “vulnerabilidad”.
El concepto de vulnerabilidad social, para Pizarro (2001), es entendido como la indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático.
Dados los sucesos desarrollados a partir de la pandemia mundial por todos conocidos, las poblaciones que se encontraban en situación de vulnerabilidad social, vieron incrementar la misma en el nuevo contexto.
El Estado fue haciéndose presente a través de distintas políticas, que buscaron mitigar las consecuencias producto del aislamiento.
Este Programa precisamente busca llegar a un sector de esa población que, a la vulnerabilidad social, le suma el estigma producto de ser un usuario/a en situación de consumo problemático.
El estigma es una construcción social y política, producto de discursos fundamentados en el denominado paradigma “Ético- Jurídico”, el cual asocia de forma incorrecta consumos con delitos, y aboga por respuestas punitivas y persecutorias, a quienes se encuentran atravesando estas situaciones.
En este punto surge la pregunta: Las personas con consumos problemáticos ¿merecen una política estatal que los ayude y acompañe, o son delincuentes a los que hay que castigar?
Los consumos problemáticos son ante todo una problemática de salud y no de seguridad.
El artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.
Las respuestas a esta problemática deben ser dadas enmarcadas en políticas socio-sanitarias en donde, además de garantizarse el acceso a diferentes modalidades de tratamiento, se favorezcan procesos de integración comunitaria.
Brindar herramientas para el desarrollo de capacidades laborales y garantizar trayectorias educativas, seguramente sea un camino tendiente a un abordaje integral y abra nuevas posibilidades para el pleno goce de derechos.
*El autor es Lic. en Sociología. Coordinador del Tratamiento Comunitario Mza. Sedronar.
