La mayoría de los femicidios son perpetrados pese a que la víctima o su entorno íntimo habían dado algún aviso previo a la Policía o a la Justicia sobre amenazas o malos tratos en el ámbito de la relación de pareja.
En eso coinciden las estadísticas que abordan la problemática de la violencia de género.
De allí deriva un interrogante crucial: ¿son prevenibles estos tipos de asesinatos? La respuesta es afirmativa en casi todos los casos.
El fenómeno es verificable también respecto de acosadores patológicos que no forman parte del núcleo familiar.
En este accionar encuadra el episodio que terminó con la vida de Paola Estefanía Tacacho, una profesora de Inglés que fue apuñalada en San Miguel de Tucumán.
El homicida, identificado como Mauricio Parada Parejas, era un exalumno de la mujer que la acosaba sin pausa desde hacía varios años. La crónica policial indica que el asesino se suicidó inmediatamente después, clavándose en el pecho el arma blanca con la que había ultimado a Paola.
Lo que pone en tela de juicio a los organismos encargados de proteger a las potenciales víctimas es que la docente había advertido de esta situación de acoso en numerosas oportunidades.
Pero lo más llamativo, y grave a la vez, es que una de esas presentaciones la había formulado ante el juez tucumano Francisco Pisa, magistrado que en 2017 sobreseyó al acusado. Ahora, con el femicidio consumado y acorralado por la repulsa pública y por los pedidos de juicio político en su contra, el juez tomó el camino de la renuncia.
Paola Tacacho había realizado distintas denuncias en la Justicia tucumana e incluso su familia había hecho lo propio en Salta, de donde era oriunda.
“Pero no recibió respuestas, sólo tenía una restricción de acercamiento que no impidió que el acosador cumpliera su cometido”, recordó la organización Ni Una Menos.
Lo cierto es que no habrá prevención factible mientras los mecanismos institucionales se desentiendan de estas tragedias en perjuicio de víctimas inocentes, cuyos verdugos las han maltratado con el desprecio abominable o con el asedio perverso que viola los valores más elementales de la dignidad humana.
Son abundantes las normativas nacionales y provinciales que procuran la defensa de las mujeres que son potenciales blancos del maltrato machista. Una de ellas, la ley 26.485, promueve “la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales”. Es decir, desde el núcleo hogareño hasta las actividades laborales, estudiantiles, culturales y otras que tengan que ver con su desarrollo personal.
El casi anunciado destino de la mujer asesinada en Tucumán debe poner en alerta a los organismos pertinentes del Estado. No sólo en la tarea de hacer cumplir las leyes, sino también en la recepción de las denuncias y en el seguimiento riguroso de las conductas amenazantes que terminan en tragedia.
