El Gobierno de Mendoza se ha empecinado en hacer una obra de infraestructura que no va reactivar la economía de Mendoza; que impedirá el trasvase de aguas al Río Atuel; que no tiene rentabilidad intrínseca; que no mejora la ecuación energética de la provincia; sin cofinanciación; que tiene un sólo oferente con una propuesta que excede largamente el valor de referencia y lo que es peor, que no contempla la realidad actual, de grave endeudamiento estatal en dólares, de declinación prolongada de la economía provincial y de ausencia de fondos anticíclicos para reactivación.
Esta es la última oportunidad de Mendoza en al menos una década, de utilizar los fondos propios de 1.023 millones de dólares que se reciben de Nación, en una fuerte dinamización de la actividad económica en actividades multiplicadoras: infraestructura de riego, agua potable y reúso de efluentes, interconexión provincial de dobles vías, construcción de viviendas en toda la provincia, energía distribuida como microturbinas en cauces de riego, redes de conectividad, promoción de exportaciones, apalancamiento de negocios, etc.
No se considera en nada el cambio drástico del escenario nacional y mundial, que han producido el cambio climático y la pandemia.
Sin la posibilidad de configurar ese escenario con claridad, se pueden leer los vectores que lo determinarán: reconfiguración del modelo urbano densificado por otro más amigable con el ambiente; desarrollo de medianas ciudades en equilibrio con espacios verdes y con cinturones agrícolas para seguridad y sostenibilidad alimentaria; construcción de rutas seguras de doble vía y anillos de circunvalación; ampliación y modernización del Corredor del Mercosur al Pacífico; conectividad electrónica en toda la provincia; reconfiguración del comercio y de servicios de distribución de mercaderías por el uso de internet y sus redes; rediseño del turismo; mecanización y automatización de la agricultura de punta; asociativismo de los pequeños productores y agricultura familiar, acercando los alimentos a los consumidores; fuerte vinculación entre la tecnología y la producción y los servicios y varias dimensiones más que deben dar lugar a un Plan Estratégico de Reordenamiento Provincial, consensuado socialmente para la próxima década.
El estudio de Harza-Issa de 1998-2000 propone como mejor opción la construcción de una presa en La Estrechura por beneficios como: menor costo, posibilidad de realizar un trasvase más sencillo y económico, mucho menor impacto en la Laguna de Llancanelo, mayores posibilidades de desarrollo turístico, a lo que se agrega veinte años después la constatación del impacto climático en el régimen hídrico (disminución dramática de los glaciares, mayor influencia de las corrientes de la niña y el niño en las precipitaciones).
Es inédito el actual ciclo de una década con precipitaciones menores a la media anual y con gran variabilidad, por lo que no se garantiza el llenado en el tiempo calculado del vaso de Portezuelo del Viento y se empeora la ecuación económica.
Ahora es el momento de invertir en ahorrar agua disminuyendo la infiltración por conducción y mejorando la eficiencia de riego parcelario en todos los oasis de la provincia.
La propuesta de construcción de Portezuelo del Viento sería financiada enteramente por nuestra provincia, subsidiando la ampliación de la superficie regadía de las otras cuatro provincias, que no aportarán nada a la regulación de caudales que generaría y además evitarán dar acuerdo a un futuro trasvase de aguas al Atuel.
Todavía hay tiempo para optar por priorizar un modelo de desarrollo provincial equilibrado territorialmente, sostenible ambiental y socialmente y con mirada al futuro, frente a un elefante blanco que será por muchos años el símbolo de un grave error estratégico.
*El autor es Ingeniero agrónomo. Ex rector de la UNCuyo.
