Los argentinos estamos acostumbrados a ver en un país federal, como es el nuestro, señales y gestión, de un Gobierno Nacional que demuestra que los recursos no son para todos sino para unos pocos. Recursos que son distribuidos entre ellos y que no tienen ningún problema en hacer exclusiones como la del martes pasado, donde el presidente Alberto Fernández, algunos de sus funcionarios y un grupo de gobernadores de provincias limítrofes, visitaron el país vecino (Chile), dejando de lado y exceptuando al gobernador de la provincia con el mayor vinculo histórico con dicho país: Rodolfo Suárez.
Esto no sólo refleja la falta de vinculo y cercanía que hay entre la narrativa de la coalición gobernante, ”Frente de Todos”, y la realidad misma, sino que también demuestra lo ya dicho una vez por la Vicepresidenta de la Nación, seguimos viendo funcionarios que no funcionan y un gobierno que no gobierna.
En la línea de desmantelar la retórica del Frente de Todos, de ver y entender que el gobierno nacional no gobierna para todos los argentinos, sino que lo hace para los suyos y sus intereses, estos últimos días hemos visto gravísimos hechos de injusticia, vulneración y violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Formosa a sus ciudadanos. Numerosas imágenes y videos de centros de aislamiento se han difundido por medios de comunicación locales a lo largo y ancho del país, captando y mostrando las condiciones en las que mujeres, niños y niñas son sometidos a un trato carcelario inhumano.
Pero, en este caso ¿qué pasa con Formosa y sus ciudadanos? Acaso, ¿no es una provincia amiga?
Claro que sí, el poder político en la provincia ubicada al nordeste argentino lo mantiene el Partido Justicialista desde 1983 y la misma persona desde 1995, el gobernado Gildo Insfrán. Pero para las líneas militantes del gobierno el problema con la grave situación que vive la provincia no era él, sino los formoseños. En este mismo sentido el Senador Nacional por Formosa y Jefe del Bloque oficialista en la Cámara Alta, José Mayans, se expresó justificando el menoscabo y la vulneración de derechos frente a la pandemia.
No solo hubo detenciones desmedidas sin ningún tipo de precaución o distanciamiento social, sino que también hubo persecución política de dos concejalas ,Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, que fueron detenidas injustamente por parte de la policía local durante varias horas luego de haberse manifestado en contra de las medidas aplicadas por el Ejecutivo provincial en los centros de detención y de sus condiciones.
Frente a las incesantes denuncias de la coalición opositora ,Juntos por el Cambio, y de sus legisladores nacionales a la gestión del peronista Gildo Insfrán, las organizaciones de derechos humanos se mantuvieron en silencio, un silencio cómplice que afecta a cientos de ciudadanos formoseños. En un sentido activo el Partido Justicialista emitió un comunicado defendiendo y adulando la gestión sanitaria y la figura del gobernador formoseño. Insfrán ni lento ni perezoso, frente a las mencionadas denuncias y acusaciones opositoras, invitó formalmente al Secretario de Derechos Humanos de la Nación y al Presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a visitar el principal centro de aislamiento, y denunció una “falaz campaña” contra Formosa. Un día después de su invitación ordenó desarmar dicho centro de aislamiento tras múltiples denuncias y obviamente la visita pautada con las instituciones.
Militar la no vuelta a clases, hacer silencio tras el escándalo de Victoria Donda y escuchar al Presidente de la Nación pronunciarse como quien terminó con el patriarcado son hechos de suma gravedad, pero injustificable es avalar un comunicado apoyando a una gestión que violenta contra las libertades individuales, que retiene a personas presas contra su voluntad, sufriendo y vulnerando sus derechos más esenciales. No olvidemos el caso de Zunilda Gómez y la terrible historia que le tocó vivir, perdiendo su embarazo por estrés durante su aislamiento forzado en un centro de aislamiento.
Esto es la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y sus funcionarios: hipocresía en su máxima expresión, sin rodeos, sin vueltas, defendiendo lo indefendible y vulnerando los derechos de la gente, kirchnerismo puro. A los amigos todo, recursos, discreción, un Estado a su disposición sin temer con romper parámetros legales o constitucionales. Y a todo aquel que se oponga ni justicia.
