Ya desde que la democracia se refundó en 1983, el proceso reformista constitucional mendocino comenzó a dar sus primeros pasos. En todas las provincias ocurrió lo mismo. Se trataba de constituciones que incorporaban nuevos derechos, sí, pero a veces con textos excesivos para la brevedad y precisión que se exige en estos temas y meramente declamativos. Pero el objetivo principal de todas las reformas era darle una reelección inmediata al gobernador de turno, por lo que todos los demás contenidos aparecían como secundarios. Eso se agravaría cuando una década después, muchas provincias propondrían nuevas reformas para ampliar aún más las reelecciones, llegando en algunos casos a hacerlas indefinidas. Eso bastardeó bastante el debate constitucional argentino, fue más un retroceso que un avance a nivel institucional en la mayoría de los casos.
En Mendoza no se siguió ese proceso porque una interpretación restrictiva en lo que hace al requerimiento del apoyo popular, impidió una y otra vez cualquier reforma integral. No obstante, a través de los sucesivos intentos, se fue formando una especie de cuerpo doctrinario reformista en el que los constitucionalistas de los partidos fueron construyendo consensos, a veces bastante razonables. No alcanzaron en su oportunidad pero hoy pueden sumarse a las propuestas del gobernador Suárez.
Mendoza está a las puertas de probarse en su fortaleza institucional si cada uno de los sectores sabe anteponer intereses partidarios en pos del bien común al que se supone debe responder una reforma de la carta suprema, de la carta magna.
Venimos de un muy buen antecedente, la concreción de la limitación de la reelección de los intendentes y vamos a debatir una reforma donde no se permitirá la reelección inmediata del gobernador y se limitarán las reelecciones legislativas. Es algo único en el país y honra la mejor tradición constitucional mendocina.
La Constitución de 1916 se mantiene hasta hoy, claro que con muchas modificaciones parciales, por el clima positivo que logró para su concreción. La “generación de Barraquero”_estuvo compuesta por hombres formados que se pusieron más allá de los partidos, que no fueron en general ni civitistas ni lencinistas sino moderados de todas las tendencias, conservadores populares, que hicieron una Constitución para limitar cualquier tipo de superpoder provincial y para fomentar la participación municipal.
La actual reforma bien se puede inscribir en esa misma tendencia al eliminar la sospecha de sumar poder público al impedir la reelección. Conceptualmente en esta propuesta las reelecciones se limitan todas. Ese es un buen acicate para su concreción.
Por supuesto que además de sus contenidos, la reforma requiere de otras dos condiciones: el consenso popular y el consenso dirigencial para reunir las mayorías necesarias. Y eso hoy no necesariamente está. Venimos de desinteligencias duras entre oficialismo y oposición que podrían repetirse en esta ocasión. Por eso se trata de un paciente trabajo de construcción donde se pondrá a prueba la altura política de nuestra dirigencia.
Los otros debates significativos que introduce esta reforma más que dividirse partidariamente lo hacen de modo transversal, porque la unicameralidad y las elecciones provinciales cada cuatro años tienen adherentes y críticos en todos los partidos. Para unos reducen el costo de la política y le sacan electoralismo al debate democrático. Para otros eliminan esenciales mecanismos de control y por lo tanto atentan contra el republicanismo. Pero bienvenido este debate infinitamente más constructivo que el de las reelecciones.
Sería muy positivo, además, que para la eventual reforma constitucional sean convocadas aquellas personas que en estos 35 años han participado en los debates anteriores, porque no sólo poseen los conocimientos técnicos y profesionales necesarios sino que tienen experiencia en las construcciones de consensos. Y_que, en todos los casos, los partidos elijan a los que conocen del tema para prestigiar el evento constituyente.
En síntesis, vivimos unos momentos en donde la calidad institucional de Mendoza está en plena discusión, ya que por un lado lleva a algunos a decir que es tan superior a la del resto del país que hasta justificaría hablar de independencia provincial, mientras que por el otro el nombramiento de un juez supremo genera conflictos intra e interpoderes con más sesgo partidario que institucional. Vale decir, no estamos en el mejor momento cuando negativas tendencias separatistas y partidocráticas dominan el debate institucional mendocino.
Es por eso que bienvenida sea esta reforma si es capaz de elevar la calidad del debate, lo cual pondrá a prueba, precisamente, la calidad de la dirigencia mendocina, en un tiempo en que no está apareciendo lo mejor de ella.
