Operarios del ex Cose quieren medidas que garanticen su seguridad antes de volver a trabajar

Las horas de tensión que se vivieron ayer dentro de los muros del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Godoy Cruz, volvieron a sacar a la luz eternos reclamos que vienen haciendo quienes se encargan de contener a los internos, sectores gremiales y también políticos. Por eso, ATE salió a respaldar a los operarios que fueron “agredidos por los jóvenes” y también “por personal policial”.

Su titular, Raquel Blas, indicó que los trabajadores no volverán a ocupar sus puestos hasta que no se solucionen los problemas de fondo que arrastra ese espacio creado para resocializar a los menores de edad. Mientras tanto el predio del ex Cose está intervenido provisoriamente por personal penitenciario.

Entre las falencias destacan que no existe personal suficiente para mantener la seguridad del lugar, que allí se alojan a jóvenes mayores de edad que deberían cumplir su condena en establecimientos carcelarios, que no existen medidas que garanticen la vida de los operarios que cuidan a cerca de 100 chicos todos los días y que no hay un protocolo que indique cómo se debe actuar en caso de que se armen revueltas.

Tanto los operarios como el gremio señalaron que las revueltas son habituales y que hace un mes se produjo un altercado de menor dimensión al ocurrido ayer por la tarde, pero que estuvo liderado por el mismo grupo.

"En el pabellón B donde se originó todo hay tres mayores. Uno de ellos, el más revoltoso tiene 22 años. El chico, acompañado de otros dos de 24 y 26 años, empezó a tirar piedras y a golpearnos porque no se los dejaba jugar al fútbol ya que no había operadores suficientes. Luego vinieron los puntazos y las heridas. Normalmente siempre nos insultan y nos tiran comida, pero nosotros tenemos órdenes de tener los brazos atrás de la espalda", explicó a Los Andes un profesional que se desempeña en el lugar y pidió resguardar su nombre.

Por eso, el operador terapéutico sostuvo que el episodio de ayer se originó porque los internos sólo querían hacerles daño. “Eso es lo que hacen siempre. Es mentira que querían fugarse”, aclara.

Cuando la situación comenzó a descontrolarse intervinieron otros operadores del lugar para apoyar a los que habían recibido golpes y estaban lesionados. Personal policial llegó al lugar, armó un cordón de seguridad y -según cuenta el operario- no los dejaron ir a buscar a sus compañeros heridos. Eso sumó más nerviosismo a la tarde, ya que los uniformados tenían órdenes de retirar al personal del lugar porque “eso era lo que pedían los chicos para terminar con el conflicto que se había armado”.

“Nosotros le pedimos a la Policía que nos dejaran sacar a nuestros compañeros heridos, pero como no nos dejaron y nosotros insistíamos, directamente para terminar con todo se les dio la orden de reprimirnos. Ahí se armó la balacera (con balas de goma) y se tiraron gases lacrimógenos”, explicó el trabajador del ex Cose.

Anoche el director de la Policía, Juan Carlos Caleri, explicó que el personal del ex Cose tuvo una "reacción” que “no fue la adecuada”, por eso los uniformados debieron intervenir en el enfrentamiento.

Tras la revuelta, once operarios resultaron golpeados por personal policial y hoy a la mañana radicaron su denuncia en la Comisaría 27. En tanto, tres de los que fueron agredidos ayer por los internos siguen internados en el hospital Italiano y se encuentran fuera de peligro.

“Ayer en un sector había 50 menores y sólo dos operarios, falta gente. Esto se lo venimos diciendo desde hace tiempo al Gobierno”, explicó el operario consultado.

A esta problemática se suma que en el ex Cose se siguen alojando a al menos 16 mayores de edad. “Es necesario que los jueces revean este tipo de situaciones ya que los internos mayores de edad deben cumplir su condena en establecimientos carcelarios y no en un lugar creado para resocializar a menores de edad”, expresó el diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal-Es Posible).  Esta situación también la viene denunciado ATE desde hace tiempo.

Blas además pidió al Gobierno que termine de elaborar las normas de procedimiento que deben seguir los operadores terapéuticos ante un intento de motín.