Que las políticas de Estado aplicadas a todas las áreas sean duraderas y coherentes con las necesidades actuales de los mendocinos, en un marco de continuidad. Que se proyecten planes y programas institucionales concretos, de manera que las leyes vigentes sean aplicadas en su totalidad. Que las solicitudes planteadas por la población sean efectivamente escuchadas, valoradas y resueltas. Que se destine más dinero a áreas sensibles y que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen en conjunto para dar respuesta a aquellas problemáticas que se agudizan conforme se incrementan los niveles de conflictividad social.
La lista de prioridades a resolver por el próximo gobierno citadas por los referentes de distintas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es larga y compleja. Establece, de hecho, que quien resulte electo este domingo tenga en cuenta que existen áreas de la sociedad que aparecen fragmentadas y en algunos casos, hay aspectos que a lo largo de décadas han sido excluidos de la agenda política.
Por eso ahora, cuando los mendocinos están muy cerca de conocer el nombre de su nuevo Gobernador, los referentes sociales piden un mayor compromiso por parte de los dirigentes respecto de problemáticas como la violencia de género, las adicciones, las personas en situación de calle, las muertes por incidentes viales, las deficiencias en el sistema sanitario y el deterioro del medio ambiente.
Trabajar en red
“Una de las principales necesidades que se plantean es el trabajo en red entre las organizaciones civiles y el Estado. En la medida en que se fortalezca esto será posible avanzar en la resolución de temáticas complejas, como las adicciones”, aseguró Roberto Pomilio, coordinador del equipo de Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza.
Justamente desde esta área de la Iglesia Católica el martes se reunieron con los candidatos a gobernador Alfredo Cornejo, Adolfo Bermejo y Noelia Barbeito. Allí, los laicos que trabajan como voluntarios plantearon la importancia de que las políticas estatales en materia de niñez y adolescencia trasciendan a un gobierno en particular y tengan continuidad en el tiempo.
Lo mismo solicitó Vilma Jilek, titular de la Fundación Accionar, entidad que trabaja para contener y asesorar a las mujeres que son víctimas de violencia de género y chicos en situación de vulnerabilidad. ella dice que es indispensable que los tres poderes “se sienten a armar un protocolo de acción entre las áreas policial y judicial”, de manera que las mujeres que sufren violencia tengan respuestas claras al momento de realizar su denuncia.
Otra necesidad es incrementar las partidas presupuestarias, para contar con más personal dedicado a contener y acompañar a las víctimas en crisis, recalca Jilek y aclara que, por ejemplo, en la fundación todos los profesionales hacen su aporte de esfuerzo y tiempo de manera voluntaria y ad-honorem.
Atender la vulnerabilidad
Las situaciones extremas de pobreza y abandono que afectan a muchos niños y adolescentes también forman parte de los reclamos de estas organizaciones. “A pesar de las leyes vigentes hay mucha pobreza y deserción escolar; los niños están muy solos”, destaca Jilek y propone una herramienta efectiva: reforzar el trabajo con las familias, como un ámbito contenedor para los niños y niñas.
La violencia en todas sus formas de la que también son víctimas los pequeños también debe ser un tema prioritario, destaca Jilek. “Es necesario que los chicos tengan más oportunidades desde la primera infancia y la enseñanza. Sus derechos deben ser respetados y esto no sucede, hay mucho maltrato”, sentencia.
Para los adolescentes, asegura que es fundamental la existencia de espacios de participación para revertir adicciones y delincuencia. Para ello, aclara, deben existir planes y programas de acción que pongan en práctica diversas alternativas.
Hugo Fiorens, de la Asociación Voluntarios en Red, considera que para que haya menos personas viviendo en la calle “deben existir programas sociales donde haya personas comprometidas por mejorar la realidad de otras tantas personas que viven en condiciones muy precarias”. Además, Fiorens considera fundamental planificar de qué manera y con qué recursos concretos trabajarán las áreas estatales dedicadas a la niñez y adolescencia, tales como la Dinaf y el Órgano Administrativo Local (OAL).
El incremento desmedido de los siniestros viales, cuyas víctimas son principalmente jóvenes, es otro aspecto que preocupa. “Además de ser un tema indiscutido para la política es importante que sea un reclamo social”, destaca Fiorens.
Educar en salud
Desde la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud (SAES), Carlos Trad Fager destaca que el próximo gobernador no podrá pasar por alto la urgencia de considerar a la salud desde una perspectiva más completa, donde la prevención y atención primaria sean los pilares fundamentales. Propone, por ejemplo, que los equipos de salud salgan a recorrer los barrios, que las vacunas y la atención lleguen a las puertas de la casas. Y para esto, aclara, el desafío es capacitar y educar tanto a los trabajadores de la salud como a la población. “La educación en salud debe darse en todos los niveles”, dice Trad Fager y detalla que debe existir un “sistema de vasos comunicantes” que fortalezca una mayor coordinación entre el Estado, los privados, las obras sociales y las OSC.
Quienes tomen las decisiones que definirán el presente y futuro de los mendocinos también deberán invertir recursos y tomar decisiones para frenar el deterioro ambiental. Eduardo Sosa, titular de Oikos, destaca que una prioridad es que se recupere la relevancia del Ministerio de Medio Ambiente como el escenario para diseñar las políticas destinadas a proteger los recursos naturales.
“El gobierno que venga debería repensar la estructura ministerial”, resalta Sosa y cita como ejes la puesta en marcha del plan de ordenamiento territorial y la continuidad de las políticas de gestión integrada de residuos, “agregando planes para promover la reutilización, el reciclado y la diferenciación de los desechos”.
Desde Oikos también se ha solicitado que se fortalezca la red de Áreas Naturales Protegidas y que se avance en planes de adaptación de las superficies a proteger, que se elaboren planes de manejo y que se revierta la tendencia a la reducción del arbolado público. La existencia de programas de incentivos para que las pequeñas y medianas empresas mejoren su desempeño ambiental junto al respecto de la Ley 7722 (que prohíbe la minería contaminante) también forma parte de las necesidades actuales. “Es importante que entiendan que el ambiente puede ser una estrategia para el desarrollo de la provincia”, considera Sosa.
