El 2 de octubre pasado, Diputados transformó en ley un proyecto para eliminar el tope de los aportes de OSEP que gozaban los funcionarios públicos que cobraban más de 146 mil pesos mensuales; entre esos funcionarios obviamente se contaban magistrados de la provincia, entre los cuáles hay varios que superan largamente ese monto salarial.
Exactamente una semana después, dos notas ingresaban en la Asociación de Magistrados de Mendoza; una de ellas firmada por 3 jueces del 1° Tribunal de Gestión Asociada de Paz; la segunda por ocho jueces de la primera, cuarta y quinta Cámara de Apelaciones Civil. Las dos notas estaban redactadas igual y pedían lo mismo: que la Asociación analizara las chances de ir contra la ley que eliminaba el tope para el descuento de los aportes a la Obra Social de Empleados Públicos.
El proyecto
El proyecto de ley daba vueltas por las comisiones legislativas desde 2015 y fue presentada por los entonces senadores provinciales Eduardo Giner y Claudia Najul; esta última luego sería ministra de Salud de Alfredo Cornejo y en 2017 fue electa diputada nacional. En marzo de 2016 el Senado le daba media sanción y pasó a Diputados, dónde durmió hasta el 2 de octubre pasado, cuando la Cámara Baja la transformó en ley.
La norma no es muy extensa. Apenas si propone una nueva redacción del artículo 23 de la carta orgánica de la OSEP. En ese artículo se establecía sobre qué ítems se calcula el aporte de los estatales a la obra social y también fijaba el tope para los salarios más abultados de la Administración pública, entre los cuáles se cuentan legisladores provinciales, jueces, fiscales y defensores oficiales y profesionales de la salud. En total los beneficiados con el tope eran alrededor de dos mil funcionarios. Ahora, con la eliminación del tope, la OSEP sumará a su recaudación más de seis millones de pesos.
El aporte de OSEP es del 6% del sueldo bruto: 5% al funcionamiento de la entidad, 0,75% para el financiamiento de la Ley de discapacidad y 0.25% para planes especiales.
Los estatales que superan los 146 mil pesos de sueldo, tenían congelado el aporte, por lo que terminaban aportando menos del 6% de su salario bruto, lo que constituía una desigualdad respecto del resto de los empleados que cobraban menos de ese monto.
El reclamo judicial
El 9 de octubre, siete días después de la sanción de Diputados, dos notas ingresaron por mesa de entradas de la Asociación de Magistrados. Una de las notas era firmada por tres juezas del 1° Tribunal de Gestión Asociada de Paz de la primera circunscripción judicial. Las firmantes fueron Elda Scalvini, Lina Pasero y Valeria Antún.
Dos aclaraciones: primero, no fueron todos los magistrados de eses tribunal los que firmaron, que en total son seis; segundo, primera circunscripción corresponde a los departamentos del Gran Mendoza.
La otra nota fue firmada por camaristas civiles: Alejandra Orbelli, Marina Isuani y Silvina Miquel de la 1° Cámara de Apelaciones; Claudio Leiva y Claudio Ferrer de la 4° Cámara de Apelaciones; y María Luz Coussirat, Claudia Zanichelli y Beatriz Moureu de la 5° Cámara.
Otra aclaración: las tres cámaras mencionadas están conformadas por cinco jueces.
Las dos notas fueron dirigidas a la presidenta de la Asociación de Magistrados Silvina Furlotti. En ellas se le pide que realice "un estudio pormenorizado de los antecedentes, contenido, alcances e impacto legal y constitucional que de la ley que elimina el tope AMPO establecido por la Carta Orgánica de OSEP. Solicitamos que el estudio incluya la posibilidad y conveniencia de impugnación de dicha normativa".
Con el tope, a todos los magistrados se les descontaban 7.312 pesos por mes con destino a la OSEP.
Todos los firmantes tienen salarios superiores a los 200 mil pesos. Por fuentes judiciales, Los Andes accedió a los salarios de siete de los ocho camaristas civiles que pidieron explorar las chances de una acción de inconstitucionalidad de la ley 9.191. Una de ellas cobra 286.341 pesos por mes. Ahora, con la eliminación del tope, deberá descontársele en concepto de aporte para OSEP 16.817 pesos, casi 9 mil pesos más de lo que pagaba con la vigencia del tope.
De acuerdo a los datos que trascendieron, el que menos cobra es uno de los hombres firmantes, con 241.810 pesos y que deberá aportar $14.286.
La semana pasada, la comisión directiva de la Asociación de Magistrados rechazó el pedido de los once socios que buscaban resistir la eliminación del tope en los aportes destinados a OSEP.
