Sueños incumplidos. Son 11 familias que viven en condiciones límites. No tienen agua potable, no tienen cloacas, sus casas son de una fragilidad constante y recién luego de un año y medio de habitarlas consiguieron la conexión eléctrica de manera legal, ya que hasta el momento estaban colgados de los cables que pasaban por la vereda de la calle Bonfanti, en Guaymallén.
El barrio Sueños Cumplidos fue inaugurado - es una manera de decirlo- sobre el final del gobierno de Francisco Pérez. Se trata de una docena de viviendas destinadas a familias con un integrante adulto o niño con discapacidad.
"Cuando nos entregaron las casas no tenían piso siquiera. Lo que ocurre es que nos dijeron que, o nos mudábamos, o no nos las iban a entregar", dijo Carla De Agostini, presidenta de la Unión Vecinal - figura informal ya que no han realizado los trámites en el municipio- del barrio. En la actualidad, ninguno de ellos cuenta con las escrituras del lugar a donde viven y desde el municipio explicaron que la tenencia es precaria.
"Supuestamente, hasta rejas y tanque iban a tener, pero tiene nada. Nos obligaron a cambiarnos", señaló enojada la mujer que ha golpeado muchas puertas para cambiar la realidad de ella y sus vecinos agregando que teóricamente, el Instituto Provincial de la Vivienda era quien les iba a realizar la urbanización y la colocación de los servicios, pero con el cambio de gobierno nada sucedió. "Nos usaron para las elecciones. Después nos derivaron y nos tuvieron a las vueltas", agregó Mayra Villegas, vicepresidenta de la UV.
Problemas actuales
Según contaron, a mediados de 2017 debido a que hay dos personas del barrio que son electrodependientes, finalmente obtuvieron una conexión legal a los cables de la corriente para sus hogares y pese a estar pagando el alumbrado público desde hace cuatro meses este nunca llegó.
“Agua no nos ponen porque dicen que es una obra de 8 millones de pesos la que tienen que hacer - colocación de un caño maestro en la calle Bonfanti- pero no la hacen porque no vale la pena por 12 familias. Entonces, nos tenemos que arreglar con una manguera”, explica De Agostini.
De esta manera, y gracias a que una finca de los alrededores les permite conectarse, las doce familias pueden acceder al suministro que, de todas formas, no es de agua potable lo que les ha ocasionado numerosos problemas de salud, sobre todo a los más chicos.
Los vecinos también recibieron una propuesta para mudarse a un terreno baldío ubicado detrás de sus viviendas actuales, pertenecientes al lote del barrio 27 de octubre- que aparentemente tendría mejores condiciones habitacionales.
Pero según pudieron averiguar, se trata de un complejo habitacional de 55 metros cuadrados para cada familia lo que disminuiría el espacio de sus viviendas ya que en la actualidad sus casas se encuentran en espacios de 200 metros cuadrados.
Una solución compleja
Damián Salamone, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) explicó que se han reunido en reiteradas oportunidades con los vecinos de este barrio en un intento de mejorar sus condiciones de vida.
“Nosotros les ofrecimos una propuesta que consideramos superadora a partir de un proyecto integral en el predio que está detrás del barrio. Se trata de los dúplex que construye el IPV. Pero como no quisieron, les dimos la oportunidad de un plan B para ordenar el loteo, en donde están, que actualmente no existe”, aseguró Salamone.
Continuando, dijo que la sesión de los terrenos - que son propiedad del IPV- que el gobierno anterior les hizo a los vecinos fue "agarrada de los pelos" y que por eso se les hizo la propuesta de ordenamiento para hacer efectiva la sesión. "De esa manera tendrán la tranquilidad que están buscando que es la de ser dueños de las tierras", remarcó Salamone.
