Lo sucedido días pasados, cuando tomó estado público el maltrato que sufrían los pequeños de un jardín maternal de Buenos Aires, reabre el debate sobre el funcionamiento de ese tipo de emprendimientos, frente a la inexistencia de una legislación específica, como sucede en nuestra provincia.
Porque si bien son las municipalidades las que están a cargo del control de los aspectos edilicios, hay una falencia inentendible respecto de las exigencias que debe cumplimentar el personal que se desempeña en las guarderías.
Los propios funcionarios departamentales que tienen a su cargo la autorización para el funcionamiento de los jardines maternales reconocen falencias importantes.
Aceptan que se trabaja en la factibilidad y controles en los aspectos físicos del lugar donde funcionan, pero reconocen que, en el tema del personal no hay un control provincial de la actividad y que el municipio no cuenta con un marco legal para fiscalizar la tarea.
“Más allá del título de docente del director, no tenemos posibilidad de saber si el personal que trabaja está capacitado, pero tampoco tenemos herramientas legales para realizar ese control”, dicen.
Todo un problema en razón de que son cientos los establecimientos que funcionan en la provincia, teniendo a su cargo miles de niños de entre dos meses y cuatro años, que es la edad en que los pequeños se encuentran con menores posibilidades de defensa -llámese explicación a sus padres- sobre el trato que reciben.
Lo que pasó en Buenos Aires fue un claro ejemplo, ya que un padre debió colocar un grabador en la mochila de su hija para poder conocer los horrores que venían padeciendo de parte de un personal que no estaba psíquicamente capacitado para desarrollar esa tarea.
Pese a la carencia legal a que hacemos alusión en un tema tan importante, es muy poco lo que aparece respecto de ese tipo de iniciativa en los archivos legislativos. En 1997 se presentó un proyecto de ley por parte de un legislador justicialista (Carlos Kosusnik) por el que se establecían pautas para la autorización y funcionamiento de los jardines maternales, pero nunca alcanzó sanción definitiva. Luego aparece otro, muy importante, presentado en mayo del año pasado por la senadora radical Milagros Suárez, que fue aprobado por la Cámara alta el 18 de diciembre del año pasado y que está a estudio de las comisiones.
El proyecto contempla la necesidad de llevar un registro, control y supervisión de la provincia en ese tipo de actividad en el ámbito privado, fijando como autoridad de aplicación a la Dirección General de Escuelas, la que a través de una dependencia determinada deberá mantener un control pedagógico y supervisión administrativa y técnica de los jardines maternales, dejando para los municipios los aspectos relacionados con la seguridad de estructuras edilicias, zonificación, habitabilidad y habilitación vigentes y las inspecciones que en cada casa determine cada municipio.
Expresa que las actividades pedagógicas deberán estar a cargo de personal docente titulado con especialidad en el nivel inicial y habilitado para el ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa nacional y provincial vigentes, debiendo presentar anualmente certificados de aptitud psicofísica, entre otros aspectos.
Es factible que la iniciativa aprobada por el Senado pueda ser mejorada, tanto en Diputados o en su reglamentación provincial, pero es necesario que se trabaje con la celeridad que el caso requiere.
No es posible que no haya legislación o que no exista suficiente exigencia sobre la capacitación o aptitudes psicofísicas del personal, siendo que la provincia cuenta con numerosos establecimientos públicos y privados de los que egresan anualmente decenas de jóvenes con vocación y con necesidad de insertarse en el campo laboral.
